Los diputados orteguistas en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional firmarían hoy viernes el dictamen de la propuesta de reforma fiscal para que se apruebe la próxima semana, a pesar del amplio rechazo del sector empresarial y de los consumidores que consideran confiscatorias las medidas impuestas por la dictadura orteguista.
Jimmy Blandón, jefe de la bancada liberal, explicó que el jueves “de forma imprevista y sin explicarnos” el presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, canceló la reunión en la que se iba a firmar el dictamen.
“Lo pasaron para mañana (hoy), pero no informan qué cambios están haciéndole”, dijo Blandón.
El jefe de la bancada del PLC explicó que como estaba previsto que el dictamen de la iniciativa de reforma de la Ley de Concertación Tributaria (LTC) fuese firmado el jueves, el presidente del Legislativo, Gustavo Porras, reunió a la junta directiva para incorporar el texto al orden de temas de discusión en el plenario el martes próximo.
Debido a que la Comisión Económica sigue “retocando” el documento, la directiva se volvería a reunir este viernes, una vez reciban el dictamen para incorporarlo en la agenda del debate.
Nicaragua registró una caída del cuatro por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2018, de acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta fiscal. En 2019 el régimen prevé que la economía caiga 1.01 por ciento.
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Sin embargo la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) proyecta una caída del PIB entre 7.3 y 10.9 por ciento por una combinación de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Ortega, aunado a las políticas económicas erróneas que viene impulsando la dictadura para supuestamente aliviar la caída de sus finanzas.
La crisis económica es consecuencia de la inestabilidad política causada por la represión de la dictadura contra las protestas ciudadanas iniciadas en abril pasado en rechazo a las reformas a la seguridad social, que entonces derogaron. La presión ha dejado entre 325 y 535 muertos, más de setecientos presos políticos, unos ochenta mil exiliados, según han documentado organismos de derechos humanos.
¿Flexibilidad?
De acuerdo con fuentes legislativas, el retraso en la Comisión Económica es porque le han hecho varios “retoques” al paquetazo fiscal con base en planteamientos de grupos sandinistas y de los pocos representantes de empresas transnacionales que llegaron a la “consulta” montada por los orteguistas, en la que se pretende validar las draconianas reformas que el sector privado en general ha advertido empeorarán la recesión en el país.
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Uno de los temas en “revisión” entre la Comisión Económica y el Ministerio de Hacienda sería “flexibilizar” lo del pago mínimo adelantado del Impuesto sobre la Renta (IR) para que el aumento sea entre 1.5 y dos por ciento.
La propuesta oficializada del régimen es que las empresas medianas y grandes paguen por adelantado en concepto de pago mínimo definitivo del IR entre dos y tres por ciento, en lugar del uno por ciento que venían reportando hasta ahora.
El vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Guillermo Jacoby, reiteró la posición del empresariado de no aceptar ninguna medida fiscal y que, de aprobarse, recurrirán ante los tribunales.
El problema es serio y una reforma fiscal no lo resuelve, hay que solucionar la crisis política donde todos los involucrados pueden hablar. Solo resolviendo el tema político se devolverá la confianza de la inversión”, dijo Guillermo Jacoby, además presidente de Apen.
Medidas impuestas
La propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria la mandó el dictador Daniel Ortega a la Asamblea el pasado 25 de enero, y aunque inicialmente los legisladores afirmaron que se aprobaría en pocos días la han postergado durante tres semanas ante el amplio rechazo de los diferentes sectores empresariales y populares.
El mismo día que se anunció el paquetazo fiscal, el consejo directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) informó de reformas que aumentan la cotización de los trabajadores de las empresas, así como cambios en el cálculo de las pensiones futuras que reducen en un treinta por ciento el monto que recibirá un asegurado cuando se jubile.
El Cosep a través de sus redes sociales sigue expresando que las cámaras empresariales mantienen su rechazo al paquetazo fiscal, ya que impactaría negativamente en la generación de empleo, el consumo interno, las exportaciones e incluso afectaría la distribución de medicamentos.