Hasta 200 años de cárcel. Las condenas más absurdas del régimen orteguista a los presos políticos

Durante los meses de lucha cívica, estas han sido las sentencias más absurdas que ha impuesto el régimen para quienes se manifestaron en su contra

Medardo-Mairena

Medardo Mairena participó en la mesa del diálogo nacional y fue capturado el pasado 13 de julio junto a Pedro Mena cuando estaban en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino de Managua. LA PRENSA/Tomado del 19 digital

La legislación en Nicaragua establece como pena máxima 30 años de prisión. El orteguismo, sin embargo, a través del poder judicial, ha impuesto condenas que van desde desde los 40 hasta los 200 años de prisión para quienes se manifestaron en su contra durante las masivas protestas que iniciaron el pasado abril.

En Nicaragua hay más de 700 presos políticos que son acusados por los delitos de terrorismo, secuestro, asesinato, crimen organizado, entorpecimiento al servicio público, entre otros. La verdadera razón, sin embargo, es que se manifestaron en contra del régimen.

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Durante los 10 meses de lucha cívica, estas han sido las sentencias más absurdas:

La condena más larga para Medardo Mairena

216 años de prisión. Esa ha sido la sentencia más larga que la justicia orteguista ha impuesto a un preso político. Esa pena fue dictada este lunes al líder campesino Medardo Mairena, uno de los participantes en la mesa del diálogo nacional. Junto a él, fue condenado el campesino Pedro Mena, a quien le dieron 210 años de cárcel.

Fueron condenados por el asesinato de cuatro miembros de la Policía y de un docente en Morrito, Río San Juan. Los condenados ni siquiera estaban en el lugar.

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Mairena fue condenado a 150 años por el delito de asesinato, 27 años por secuestro simple, 16 años por terrorismo, 11 años por crimen organizado, 6 años por daño agravado, 5 años por robo agravado y 1 año y tres meses por entorpecimiento de servicio público.

En tanto Mena recibió las mismas condenas por los delitos de asesinato, secuestro simple, terrorismo, crimen organizado, robo agravado y entorpecimiento de servicio público.

La condena fue impuesta por el juez orteguista Edgar Altamirano, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua.

90 años por la muerte de Hilton Manzanares

De acuerdo con la sentencia, Carlos Bonilla “mató” al agente Manzanares durante una protesta la noche del 19 de abril pasado en las inmediaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli). LA PRENSA/Tomado del Hoy

El manifestante Carlos Alberto Bonilla López fue condenado a 90 años de prisión por la muerte de Hilton Rafael Manzanares, agente de la Policía Orteguista (PO) y por el asesinato en grado en frustración de cuatro agentes más.

Manzanares murió de un disparo el pasado 19 de abril durante las manifestaciones en el sector de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).

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La condena de Bonilla, que participó en las protestas en contra del régimen en los barrios orientales de Managua, se desglosa así: treinta años de prisión por el asesinato de Manzanares y 15 años por el delito de asesinato en grado de frustración por cada uno de los agentes.

74 años para un exguerrillero

Familiares de Abdul Montoya y otros autoconvocados de Matagalpa en las afuera de los juzgados. LA PRENSA/ M. VÁSQUEZ

Abdul Montoya, un exguerrillero sandinista y originario de Matagalpa, recibió una condena de 74 años de prisión por la muerte de un simpatizante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), terrorismo y exposición de personas al peligro.

Montoya fue condenado a 52 años de prisión por la muerte de Lenín Díaz, quien murió el sábado 11 de agosto, día que se realizaba una marcha en contra de Daniel Ortega en Matagalpa. Ese día, cuando la manifestación pasó por la Alcaldía de Matagalpa, los participantes fueron atacados a balazos. A Montoya, además, le dieron 20 años de cárcel por terrorismo y dos por exposición de personas al peligro.

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Según los familiares de Montoya, su abogada presentó un video donde se le veía tratando de refugiarse de las balas durante el ataque. Esa prueba, sin embargo, fue desechada por el juez Edgard Altamirano, quien estuvo a cargo del proceso.

En este mismo proceso y por los mismo delitos fueron condenados José Gámez Martínez a 42 años de prisión; y Noel Valdez Rodríguez, Omar Antonio Avilés Rocha y el extranjero John Leonard Amort Paiz a 22 años de prisión.

47 años para jinotegano

 Juan Carlos Baquedano, de 61 años, alias "Mazámbulo", señalado de dirigir los tranques en Jinotega. TOMADO DE EL 19 DIGITAL
Juan Carlos Baquedano, de 61 años, alias «Mazámbulo», fue señalado de dirigir los tranques en Jinotega. LA PRENSA/TOMADO DE EL 19 DIGITAL

La juez segunda de distrito penal de juicio de Managua, Adela Cardoza, condenó a Juan Carlos Baquedano, un manifestante originario de Jinotega, a 47 años de prisión por el asesinato de Pablo Israel Ramos Chavarría y por terrorismo.

La muerte de Ramos se registró en un cruce de carretera entre los municipios de Matagalpa y Jinotega el pasado 16 de junio.

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Otros siete jinoteganos fueron procesados en la misma causa y fueron condenados a 25 años de prisión: Orlando Granados Picado, Joel Blandón Villagra, Berman Cruz Torres, Graybin Leiva Tinoco, Jony Leyva Picado, Juan José Gómez Medina y Félix Picado Castro. Todos ellos fueron encontrados culpables de los delitos de terrorismo, secuestro simple y entorpecimiento de servicios públicos en perjuicio del Estado de Nicaragua.

33 años de cárcel por apoyar a manifestantes

Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, la maestra y cantante detenida en El Chipote por apoyar protestas en Niquinohomo. Tomada del 19 Digital
Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, la maestra y cantante detenida en El Chipote por apoyar protestas en Niquinohomo. Tomada del 19 Digital

El orteguismo condenó a la soprano Olesia Muñoz a 33 años de cárcel por los delitos de terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento al servicio público, amenazas en perjuicio de militantes sandinistas. En realidad, lo único que hizo Muñoz fue apoyar con alimentos y bebidas a los manifestantes que mantenían tranques en Niquinohomo, Masaya.

Muñoz fue secuestrada ilegalmente el pasado 31 de julio por paramilitares y policías en la casa de una tía en Dolores, Carazo, donde estaba refugiada después de que los paramilitares irrumpieron su vivienda.

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Junto a Muñoz fue condenada su hermana Tania Muñoz Pavón a 26 años y dos meses de cárcel: seis años por crimen organizado, 18 años por terrorismo, un año y seis meses por entorpecimiento al servicio público, ocho meses por amenazas.

30 años para el abogado Chester Membreño

Chester Membreño
Chester Membreño, vecino del hotel Masaya, perdió su vivienda producto del incendio en el local. Luego se convirtió en un reo político más del régimen orteguista. LA PRENSA/MANUEL ESQUIVEL

Terrorismo, robo agravado, entorpecimiento al servicio público y lesiones psicológicas fueron los delitos por los que el abogado Chester Membreño fue condenado a 30 años de prisión. La condena que finalizará en 2048, deberá cumplirla en el Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro”, conocido como La Modelo.

Membreño, uno de los líderes de los autoconvocados en Masaya, fue señalado por la Fiscalía de liderar una organización criminal en esa ciudad. El abogado participó en los tranques que levantó la población en los meses de abril y mayo.

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El día que Membreño fue condenado, sus familiares sepultaban a su madre Aura Cela Palacios García, de la cual no pudo despedirse ya que no se le otorgó un permiso.

5 años de cárcel por vender banderas

El comerciante Luis Cuevas fue señalado inicialmente de terrorista que secuestró, torturó y asaltó con escopeta en mano a varios ciudadanos en uno de los tranques de León. LAPRENSA/POLICÍA NACIONAL

Luis Enrique Cuevas Poveda se ganaba la vida vendiendo banderas de Nicaragua en León y fue señalado por el Ministerio Público de los delitos de amenazas con armas, entorpecimiento de servicios públicos y tenencia ilegal de armas de fuego. Lo condenaron a cinco años y nueve meses de prisión.

El abogado defensor de Cuevas aseguró que la sentencia en contra de éste era injusta e ilegal, ya que fue “una especie de represalia dado a que el señor (Cuevas) estaba como advertido de que no debía vender más banderas en la protesta”.

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