Estado de Nicaragua asegura a la CIDH que han esclarecido 32 de 325 asesinatos en el contexto de las protestas

Estado de Nicaragua asegura a la CIDH que han esclarecido 32 de 325 asesinatos en el contexto de las protestas

No se conoce a qué casos corresponden los 32 esclarecimientos a los que se refiere la Policía Orteguista.

Uno de los más de 30 entierros que han ocurrido en Masaya. LA PRENSA/Manuel Esquivel

A diez meses del baño de sangre en Nicaragua, con el asesinato de por lo menos 325 personas en el contexto de las protestas cívicas, el régimen orteguista admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solo 32 crímenes han sido esclarecidos y 21 están en proceso judicial.

Es decir que en casi un año de la matanza estatal, ejecutada por paramilitares y policías orteguistas, solo el 6.46 por ciento de los crímenes están en manos de la justicia nicaragüense, lo que revela la grave impunidad que el Estado ha fomentado en Nicaragua.

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En el reporte divulgado por la CIDH, no se dan mayores detalles de cuáles son los crímenes judicializados y quiénes están pagando por esos hechos, ni si dentro de los procesados están paramilitares y policías a quienes la misma población responsabiliza del baño de sangre más doloroso que se registre en Nicaragua en los últimos cuarenta años de democracia.

El mismo Ortega expulsó a los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) junto al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en diciembre pasado. Pese a ello, siguen de cerca la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

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El GIEI, en su informe final sobre los hechos violentos del 18 de abril al 30 de mayo, estableció que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad y recomendó investigar al dictador Daniel Ortega y a la cúpula de la PO, entre otros funcionarios fieles al régimen.

A la vez, determinó que en las fechas señaladas, hubo 109 muertes violentas, de estas, había siete casos judicializados, que representaban a nueve víctimas. Los expertos advirtieron que no tuvieron conocimiento de ningún caso en el que se enjuicie a un miembro de las fuerzas de seguridad por las muertes de abril a mayo.

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Señalaron que los casos que investigaron las autoridades nacionales respondían a “patrones de selectividad que resultan incompatibles con los deberes de investigación que pesan sobre el Estado, respecto de cada una de las muertes violentas”, reveló el informe.

El GIEI advirtió que seis de las nueve víctimas, cuyas muertes han llegado a la justicia, “exhiban un perfil vinculado con el Estado de Nicaragua o con el partido en el gobierno”.

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Y aunque el Estado aseguró que ha resuelto 32 casos de los asesinatos, solo reconoce 198 personas muertas, un poco más de la mitad de las 325 personas asesinadas que ha registrado la CIDH.

Menos presos políticos

El organismo expuso mediante un comunicado publicado este jueves que el Estado también les informó que tenían presas y acusadas a 372 personas, de estas, 345 hombres y 27 mujeres. No obstante, las organizaciones de la sociedad civil reportan 777 presos políticos, de estos, 407 están siendo procesados y 138 contarían con una condena.

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Sin embargo, estos números podrían haber variado, por la salida de los penales de cien presos políticos, a quienes el régimen los trasladó a sus casas bajo diferentes tipos de figuras penales, pese a que según el abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), sus juicios deberían ser anulados y las personas dejadas en libertad.

Tanto la salida de los presos políticos de las cárceles como la cifra que el Estado otorgó a la CIDH sobre los asesinatos que han esclarecido, se desarrollan en un contexto del inicio del segundo intento de Diálogo Nacional entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno.

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Al respecto, la CDIH instó al Estado de Nicaragua a garantizar las condiciones propicias para el goce de los derechos humanos ante el inicio del diálogo, y reiteró su llamado a cesar la represión contra la población.

También dijo que es necesario que se garantice que dicho proceso cumpla con los principios de representatividad, paridad, libertad y credibilidad, así como con el deber de permitir la realización de manifestaciones públicas.

Presencia policial en vías es para intimidar

El organismo internacional sostuvo que debe cesar la represión y la ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos a fin de desactivar el ambiente de intimidación, restablecer la personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y los derechos y las libertades fundamentales, y avanzar en la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional a la grave crisis de derechos humanos que vive el país, apuntó.

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Aunque la mesa de negociación instalada el miércoles reciente ha abierto las posibilidades a encontrar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que inició en abril pasado, en la práctica, el régimen mantiene las capturas ilegales, el control de las calles por medio de agentes armados que se desplazan por todas partes y ejecutan la criminalización de la protesta.

“La CIDH nota que este proceso —el diálogo— se enmarcaría en un contexto en el que persisten graves patrones de represión y violaciones a derechos humanos en contra de las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, así como de las personas privadas de su libertad como represalia por su participación en las protestas sociales”, expuso.

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Aunque cien presos políticos fueron liberados a medias, más de trescientos siguen en las cárceles del país, en especial, líderes de la lucha cívica.

Al respecto, la CIDH hizo énfasis en la intensificación en la agresión y malos tratos a las personas privadas de libertad por parte de funcionarios del sistema penitenciario nicaragüense. Explicó que han tenido conocimiento de las múltiples denuncias de violaciones a los derechos de los reos políticos, quienes han sido víctimas de golpizas.

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“A pesar de las obligaciones que tiene el Estado, y que derivan del deber que tiene respecto de las personas bajo su custodia, estas siguen enfrentándose a una situación muy grave de riesgo que atenta contra su vida e integridad”, expresó el comisionado Joel Hernández, relator para los derechos de personas privadas de libertad.

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