Con motivo del cambio de régimen carcelario para un centenar de presos políticos que fue ordenado por Daniel Ortega, juristas independientes han hecho ver en esto la falta de independencia de los jueces.
Esto no significa restarle importancia al hecho de que esos presos políticos están ahora en sus hogares, aunque continúen privados de libertad y en condición de rehenes de la dictadura. Pero es mejor que estén junto a sus madres, padres, esposas, hijos y demás familiares, no en las inmundas mazmorras donde se sufre no solo el rigor del encierro carcelario, sino también los castigos vengativos que les imponen sus guardianes y verdugos.
En realidad, los presos políticos —todos sin excepción— deberían ser dejados en libertad porque las acusaciones, procedimientos judiciales y condenas son nulos de toda nulidad, como suelen decir los abogados penalistas. Pero en la situación del cambio de régimen carcelario para el centenar de presos políticos, lo que dicen los juristas es que “claramente se ve que (los jueces) obedecen órdenes políticas emitidas desde la cúpula del Frente Sandinista”; con lo que se confirma lo dicho por el exmagistrado orteguista Rafael Solís Cerda en su carta de renuncia a la magistratura de la Corte Suprema y la militancia en el FSLN, de que las decisiones judiciales las toman Ortega y Murillo en su cuartel de El Carmen.
Otra confirmación descarada de que en Nicaragua no hay independencia judicial es que uno de los delegados del gobierno de Ortega en el diálogo y negociación con la Alianza Cívica, es el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Rosales Argüello, quien también era el representante del FSLN en la Internacional Socialista, de la que fue expulsado por ser indigno política y moralmente de pertenecer a esa comunidad de partidos socialistas democráticos y socialdemócratas.
En realidad, el régimen orteguista no es democrático y por lo tanto en Nicaragua no hay independencia judicial, que es un atributo esencial de la democracia. Lo que hay en Nicaragua es una dictadura pura y dura, en la que los órganos judicial, legislativo y electoral del Estado son brazos ejecutores de la voluntad política del dictador. De manera que Daniel Ortega perfectamente puede decir “el Estado soy yo”, como el 13 de abril de 1655 declaró categóricamente el rey Luis XIV de Francia ante el Parlamento de París, que el 20 de marzo anterior había desafiado su poder absolutista.
No en vano el exmagistrado orteguista Rafael Solís en su carta pública de renuncia acusó a Daniel Ortega y Rosario Murillo de que han impuesto “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial reducido a su mínima expresión”.
Como constitucionalista y antiguo operador político y exhombre de confianza de Ortega y Murillo en el órgano judicial del Estado autocrático, Rafael Solís sabe muy bien lo que dice.