El cotejo del listado de los presos políticos que el régimen de Daniel Ortega tiene en su poder con los de organismos independientes, incluido el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puede destapar otro drama para los hogares nicaragüenses víctimas de la represión: los desaparecidos forzados, admitió este sábado el jurista José Pallais, al ser consultado por LA PRENSA sobre estas discrepancias numéricas.
Son al menos tres listados los que deberán ser comparados, cuya responsabilidad recaerá en la Cruz Roja Internacional.
Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, refirió que de no lograrse determinar dónde están los ciudadanos que no coincidan en los listados le estallaría al régimen como una de las más graves evidencias de los delitos de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.
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La Alianza Cívica tiene un reporte de 647 presos políticos que aún siguen en las cárceles y otros 191 que están exiliados o escondidos. Con ese número coincide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien entregó su propio listado al Gobierno de Nicaragua.
“Con las personas que no aparezcan en la lista del Gobierno se tendrá que empezar un proceso de consultas con los familiares, con quienes denunciaron la captura y el inicio de la búsqueda de esas personas para intentar esclarecer qué sucedió con ellas”, dijo Pallais.
El jurista explicó que “si hay testimonios bien fundamentados de que esas personas fueron capturadas” por la Policía o por los paramilitares del régimen en el contexto de las protestas, “pueden pasar a la categoría de desaparecidos y eso es un tema muy grave para el Gobierno”.
Cruz Roja Internacional conciliará listados
El régimen no ha oficializado su lista de reos políticos en las negociaciones que sostiene con la Alianza Cívica para encontrar una salida a la crisis sociopolítica que existe en Nicaragua desde hace 11 meses, provocada por la represión de las fuerzas policiales y paramilitares a las manifestaciones ciudadanas que iniciaron en abril del 2018.
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Sin embargo, a través del Ministerio de Gobernación reportó en diciembre pasado a 347 personas detenidas en el marco de las protestas.
Abrumadora brecha
El Comité Pro Liberación de Presos Políticos, conformado por los familiares de los detenidos, tiene un reporte de 802 reos políticos, el que incluye a los 165 que fueron sacados de la prisión bajo la condición de casa por cárcel.
En tanto, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia tiene un reporte de 838 presos políticos, de los cuales 191 tienen orden de captura o están en el exilio. Esta misma lista maneja la CIDH e incluye a los que están bajo el régimen de casa por cárcel.
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El listado de la Alianza tiene una diferencia de 491 presos respecto a la que está manejando el Gobierno y apenas una brecha de 36 en relación con la del Comité Pro Liberación de Presos Políticos.
Pallais dijo que “es muy grande la diferencia” entre las cantidades de manifestantes encarcelados que ellos manejan y la lista oficial, por lo que es “sumamente importante el trabajo que hará el Comité Internacional de la Cruz Roja porque son ellos quienes conciliarán los tres listados, porque también verán el de la CIDH”.
El Comité Internacional de la Cruz Roja empezará el lunes a conciliar los listados, que sería cotejar los nombres de los reos políticos proporcionados por la dictadura, la Alianza y la CIDH. Para Pallais conciliar los listados no debería tardar más de un día.
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Pallais explicó que el acuerdo es que si bien el Comité de la Cruz Roja Internacional es el que revisará los listados de los reos políticos, para determinar la existencia y la condición de detención de cada una de las personas, también será permitido que las delegaciones en la mesa de negociación asignen a representantes que acompañen la conciliación “para no tener dudas”.
Sin reos políticos para el 18 de junio
Conforme la agenda acordada por la Alianza Cívica y el régimen de Ortega la liberación de los presos políticos no debe tardar más de noventa días, plazo que empezó a partir del 20 de marzo pasado.
La Alianza Cívica precisó ayer a través de sus redes sociales que “al 18 de junio ya no deberá haber ninguna persona detenida” por haber participado en las protestas. Reiteraron que las liberaciones deben darse “lo más pronto posible”.
“Otro tema importante es entender que durante estos noventa días se tendrá que trabajar en los procesos jurídicos que aseguren no solo la excarcelación (casa por cárcel), sino la liberación de estas personas (libertad plena)”, indicó la Alianza.
Pallais explicó que el viernes pasado incluyeron en el acuerdo de la agenda de negociaciones con el régimen que las liberaciones no deben depender de que la Cruz Roja Internacional tenga listo el calendario, “sino que pueden darse en cualquier momento”.
La Alianza Cívica y el Comité Pro Liberación de Presos Políticos reflejan que existen 191 nicaragüenses con órdenes de captura que están exiliados o escondidos, por lo que también deben ser incluidos en la anulación de las acusaciones en su contra.
La doctora en Derecho y catedrática universitaria, María Asunción Moreno Castillo, explicó que aunque los presos políticos han sido acusados de terrorismo, asesinato, daños a la propiedad y otros delitos graves el tratamiento jurídico es diferente al de delincuentes comunes, porque “en nuestro país estas figuras delictivas se ha desnaturalizado para acusar a las personas que realmente estaban involucradas en una protesta política”.
La jurista Moreno explicó que la ruta debe ser aquella que garantice una liberación definitiva, segura y con garantías para las personas secuestradas, detenidas, procesadas, sentenciadas y excarceladas. “Significa que no deben quedar procesos penales pendientes, ni registro de antecedentes penales” de los reos políticos que sean liberados.
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“Esta liberación además debe garantizar que estas personas dentro de este proceso no volverán a ser detenidas y procesadas por los mismos hechos y asegurarles su integridad y seguridad personal y familiar”, explicó Moreno.