Exmagistrado Rafael Solís propone adelanto de elecciones para marzo de 2020

Redacción de nueva Constitución Política de Nicaragua y elecciones con observadores nacionales e internacionales que participaron en los 90

Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y operador político de Daniel Ortega. LA PRENSA/ ARCHIVO

Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y operador político de Daniel Ortega. LA PRENSA/ ARCHIVO

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís considera que es importante llevar a la mesa del Diálogo Nacional el adelanto de las elecciones presidenciales para febrero o marzo de 2020, como fecha máxima en Nicaragua, con la participación de observadores nacionales e internacionales, como los comicios adelantados en 1990.

Para ello, también propone crear una comisión especial en el diálogo, con el fin de trabajar la propuesta de la nueva Ley Electoral y la nueva integración del Consejo Supremo Electoral, para después llevarla a la Asamblea Nacional.

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Esta comisión deberá trabajar en abril y una parte de mayo de 2019, para poder cumplir con la fecha planteada.

En una reciente misiva pública, Solís propone que el acuerdo final del Diálogo Nacional se pueda firmar a finales de abril o mediados de mayo de 2019, con lo cual habría un plazo de seis meses para afinar detalles y celebrar elecciones en marzo de 2020.

Los detalles de las elecciones

Además, en ese plazo se deben afinar aspectos logísticos, incluido el nuevo padrón electoral, la cedulación de todos los nicaragüenses, sin excepción, el voto de los nicaragüenses en el exterior, las integraciones de los consejos electorales departamentales, municipales y las juntas receptoras de votos. Además, el otorgamiento de las personerías jurídicas a todos los partidos políticos y movimientos que deseen participar en esas elecciones sin exclusión alguna.

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“La campaña electoral en sí tendría cuatro meses, por lo que no hay problema alguno para que las elecciones sean en febrero o marzo de 2020 y se incluyan elecciones presidenciales, legislativas y de los consejos municipales del país, incluyendo los alcaldes y vicealcaldes”, dice Solís.

Propone una nueva Constitución Política

Según Solís Cerda, a la nueva Asamblea Nacional (AN) electa en el 2020 se le debe otorgar facultades de Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política en un plazo de un año.

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Para realizar este adelanto de elecciones Solís propone una reforma constitucional que se debe hacer en dos legislaturas, pero este mismo año, reformando la Ley Orgánica de la AN para que la primera legislatura concluya el 15 de julio y la segunda el 15 de diciembre, de tal manera que todo se haga conforme a la Constitución y las leyes vigentes.

¿Renuncia de Ortega y Murillo?

La segunda posibilidad que ve el exmagistrado y exconsejero en temas jurídicos del presidente Daniel Ortega, que reconoce es muy difícil pero que no hay que descartarla, es que se produzca la renuncia del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y asuma la presidencia un diputado electo por consenso en la AN, o se pueda nombrar una junta de gobierno de transición y las elecciones se hagan antes, tal vez en noviembre de 2019, lo cual requiere de la correspondiente reforma constitucional.

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Solís también recomendó que se debe ampliar la comisión bilateral del Gobierno y la OEA, la cual viene trabajando desde el 2017, con la participación de miembros de la Alianza Cívica en la elaboración de la nueva ley electoral y en la escogencia de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral.

Derecho a manifestarse es irrenunciable

El exmagistrado Rafael Solís expresó en una reciente misiva que los derechos a la libertad de expresión, de prensa y organización son derechos constitucionales irrenunciables y que se deben establecer vía decreto presidencial para restituirlos y la Organización de Estados Americanos (OEA) debe ser garante de su cumplimiento.

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“…deben restituirse de manera general y particular a todas las organizaciones que fueron afectadas en sus bienes e incluso en la cancelación de sus personerías jurídicas que deben ser restablecidas”, dice la Solís en la tercera carta pública que comparte con la población nicaragüense y la comunidad internacional.

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