Régimen orteguista aplica un silencioso aumento en la tarifa de energía eléctrica

Según la certificación del INE, publicada en La Gaceta del 25 de marzo, desde inicio de este mes la energía eléctrica subió uno por ciento

Con esta nueva resolución el precio medio de venta al consumidor final pasó de 217.6 dólares por megavatio en enero 2019 a 219.8 dólares por megavatio en marzo. LAPRENSA/ARCHIVO

En menos de tres meses el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) aplicó dos aumentos a la tarifa eléctrica en los diferentes sectores. Aunque estos podrían ser descritos como leves, se suman a otras alzas que han sufrido los consumidores, como los combustibles y los productos de la canasta básica que fueron gravados con la reciente reforma a la Ley de Concertación Tributaria.

Según la certificación del INE, publicada en La Gaceta del 25 de marzo, desde inicio de este mes la energía eléctrica subió uno por ciento.

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Con esta nueva resolución el precio medio de venta al consumidor final pasó de 217.6 dólares por megavatio en enero 2019 a 219.8 dólares por megavatio en marzo.

Este aumento con respecto a diciembre de 2018 es del 4 por ciento, ya que para entonces el precio medio de venta era de 211.5 dólares por megavatio. Dicho precio se había mantenido desde marzo de 2018.

Poder adquisitivo se deteriora

Lo cierto es que al incrementar la energía, más aún cuando el país vive una profunda recesión económica, se reduce más el poder adquisitivo.

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El economista y docente Luis Murillo manifestó que con el inicio de la crisis el consumidor se vio fuertemente afectado y con el alza en la energía la situación empeora.

“Esta afectación viene a contribuir a un deterioro del poder adquisitivo y a la pérdida de competitividad de las distintas empresas, sin embargo hay que estar consciente de que esto sucede porque aún somos dependientes del búnker, entonces con el alza en el petróleo, siempre vamos a ser afectados”, refirió Murillo.

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Por su parte Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor, manifestó que el bolsillo del consumidor cada día se hace más pequeño con todas estas alzas.

“El salario mínimo congelado, alza en el combustible cada semana, la reciente reforma fiscal que provocó alza en la mayoría de los productos y el alza de la energía, es un cóctel fuerte, al final con todo esto el consumidor comprará menos combustible, va a salir menos, reduce sus gastos, entonces la economía se contrae más”, dijo López.

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Además, antes que se diera el alza en enero y ahora en marzo, el consumo de energía eléctrica en Nicaragua estaba deprimido. Estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN) detallaban que hasta septiembre (la última estadística pública) el consumo de todos los sectores se había reducido un 3 por ciento, con respecto a igual período del 2017.

Pérdidas energéticas

Por otro lado, la misma certificación del INE da a conocer que el Factor de Expansión de Pérdidas (FEP) —es decir las pérdidas eléctricas reconocidas y aplicables en el cálculo de las tarifas— incrementó un 1.3 por ciento, al pasar de 161.7 dólares por megavatio perdido a 163.9 dólares, lo que implica otro peso a la facturación.

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Hasta el cierre del 2018, estadísticas del INE revelan que un 20 por ciento de la energía eléctrica se perdió en las redes de distribución y de ese porcentaje un 14 por ciento es asumido por los consumidores a través de la tarifa.

Eso encarece el precio de la energía en Nicaragua, ya que a nivel regional el promedio de pérdidas es del 11 por ciento y al usuario le cobran un 5 por ciento de esas pérdidas.

En la región, el país con más pérdidas es Honduras con el 31 por ciento, luego le sigue Nicaragua con el 20 por ciento, Guatemala tiene el 16.5 por ciento; El Salvador, Costa Rica y Panamá tienen un 11.5 por ciento de pérdidas, según la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).

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Especialistas en temas energéticos señalan que este fuerte incremento en las pérdidas de energía eléctrica habría sido el resultado de poca inversión en las redes obsoletas, sumando la crisis sociopolítica, ya que desde mayo se desataron tomas de tierras y los precaristas se conectaron a la red de distribución ilegalmente.

Siguen erosionado tarifa social

Desde el año pasado el régimen de Daniel Ortega puso en marcha un programa de reducción gradual del subsidio eléctrico, que se extenderá hasta 2021. En búsqueda de liquidez, el Ejecutivo cedió a esa condicionante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a cambio de un crédito de 65 millones de dólares. El objetivo del ajuste al subsidio es reducir el monto de gasto en este programa y focalizarlo principalmente en los que consumen cincuenta kilovatios mensuales y al resto bajarle drásticamente el subsidio.

En enero de este año entró en vigencia el segundo recorte, así como un incremento en la tarifa, lo que significa para los hogares un golpe al poder adquisitivo, ya erosionado por el impacto de la crisis sociopolítica.

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Desde enero, los consumidores de 101 a 125 kilovatios hora por mes comenzaron a tener un subsidio del 40 por ciento, cuando el año pasado fue del 50 por ciento, es decir que se redujo en diez puntos porcentuales.

Esto sin incluir el 5 por ciento del deslizamiento de la moneda.

Mientras quien consume de 126 a 150 kilovatios su descuento en la tarifa social pasó del 40 al 30 por ciento.

También se les redujo diez puntos porcentuales, más el deslizamiento de la moneda.

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