Como una problemática legal “compleja” califica Alberto Cabezas, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la situación de los reos políticos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
El vocero aseguró vía telefónica a LA PRENSA que por cuestiones de acuerdos de confidencialidad no pueden revelar el número de presos que aparecen en las listas facilitadas tanto por la Alianza Cívica como del Gobierno, y que ellos como organismo humanitario deben conciliar.
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El viernes pasado, el representante de la Alianza Cívica en las negociaciones con el Ejecutivo, José Pallais, reveló que ya hay 288 nombres consensuados y cuarenta que se desconoce qué pasó con ellos.
Cabezas explicó en términos generales, sin confirmar ninguna estadística, que estas listas contienen a los presos políticos sin acusación, a los que enfrentan un proceso legal e incluso a quienes fueron condenados. Esta es la situación que vuelve compleja, desde el punto de vista legal, la liberación de estos ciudadanos.
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El 4 de abril se reunió la comisión tripartita —Alianza Cívica, Gobierno y CICR— en la que Cruz Roja Internacional entregó a las partes una compilación de las listas que recibieron y en las que encontraron “una serie de nombres coincidentes y algunos nombres discrepantes”, según el vocero.
Los primeros están en una posición en la que deberían estar más cerca de salir y para los segundos la CICR está recomendando mecanismos que ayuden a solucionar la discrepancia, plantea Cabezas.
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Detrás del trabajo que realiza la Cruz Roja Internacional con la conciliación de las listas de presos políticos se encuentra un equipo multidisciplinario: juristas, especialistas en protección (están en contacto directo con las personas privadas de libertad para conocer cómo están), especialistas en salud y derechos humanos.
Respecto a la decisión que tomó el Gobierno de excarcelar este viernes a otros cincuenta reos, para sumar 212 en total desde febrero, Cabezas afirma que la CICR no tienen detalles. “Es una decisión ajena a nosotros, no nos compete, no es parte de lo que hemos estado trabajando”, dijo.
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Enfatizó que para ellos “nada ha cambiado. Estamos comprometidos con el proceso al que nos invitaron las partes”.
Sin embargo, cada día que pasa es duro para los familiares de los reclusos. Daniel Esquivel, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, subrayó que se necesita un sentido de urgencia y hasta hoy lo que han visualizado es un proceso lento.
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“Si hay coincidencias (en la lista de la Alianza y la del Gobierno) lo que hay que hacer con esas personas es empezar a sacarlas. Es lo que indica el sentido común”, dijo. Según él, el estado de salud deplorable de los detenidos es lo más preocupante.
Visitas de CICR
En diciembre de 2018, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llegó al país y logró un acuerdo con el Gobierno de empezar a visitar a los privados de libertad.
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En enero se hicieron las primeras visitas en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, La Modelo. Las visitas se realizan bajo las condiciones de la CICR que brinda seguridad a los reos.
Sufrimiento de familias
“La persona que está presa tiene a su familia presa también. Todos estamos con ellos. No hay momento, no hay lugar en el que no estemos pensando en esa persona, en cómo está, cómo se siente. Si ya comió. Que si le pasaron paquetería, porque ni eso sabemos”, asegura Daniel Esquivel, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, preocupado por el proceso lento de la conciliación de las listas por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, el que prepara para que se den las excarcelaciones.