Mientras la Alianza Cívica y el orteguismo trabajan en la conciliación de la lista de presos políticos del régimen de Daniel Ortega, junto a una delegación de la Cruz Roja Internacional, más casos de autoconvocados aparecen procesados por delitos comunes y el régimen pretende sacarlos de su condición de presos políticos para no liberarlos mediante las negociaciones.
Tal es el caso de Víctor Manuel Díaz Pérez y Franklin José Quintero Armas quienes fueron condenados a 25 años de prisión por el asesinato del joven Denis Madriz. Estos fueron acusados porque participaban en las marchas y plantones cívicos contra el régimen desde abril de 2018, cuando inició la crisis sociopolítica en Nicaragua.
El abogado Arnulfo López de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) confirmó que los jóvenes no aparecen en la lista como presos políticos, pero aseguró que si lo son y el caso fue documentado debidamente.
Caso P del H
Otro caso que el orteguismo no quiere ver como presos políticos sino como reos común es el de los primeros reos políticos Michael Enrique Peña González de 23 años, Rommel Fabián Guillén de 19 años, Kevin Antonio Martínez Mejía de 17 años, Fernando José Ortega Alonso y Juan José López Oporta.
Estos fueron acusados el 27 de abril de 2018 por el asesinato de Roberto Carlos García Paladino, ocurrido frente al Palí de la P del H, en Managua, mientras este junto a los ahora acusados resguardaban el centro de compras para que no fuera saqueado por miembros de fuerzas paramilitares conocidos popularmente como Juventud Sandinista, durante la violenta jornada de represión policial contra la población que protestaba contra las reformas del INSS, en abril de 2018.
Estos muchachos fueron representados por la abogada Yonarqui Martínez, quien sostiene que son presos políticos. Además, familiares y vecinos de los procesados aseguran que quienes secuestraron al ahora difunto fueron miembros de la Juventud Sandinista y que incluso lo subieron vivo a una camioneta Hilux donde lo remataron.
También aclararon que acusan a los jóvenes porque años anteriores uno de ellos había sido miembro de la JS y no le perdonaban la traición.
A Ortega le conviene depurar
Para Pablo Cuevas de la CPDH, este comportamiento del orteguismo es porque le conviene reportar menos presos políticos y muchas familias cayeron en la trampa de hacer uso defensores públicos pagados por el gobierno y de contratar abogados privados que no querían pelear el caso como político y les pedían no hacerlos públicos.
“La gente confiada no reportó los casos y ahora están en este problema, pero todos los casos que nosotros llevamos como CPDH fueron confirmados”, dijo Cuevas.
El abogado también agregó que se están presentando situaciones muy particulares como los casos de autoconvocados que fueron abandonados por sus familiares por pensar diferente al orteguismo y nadie vio por ellos. “Otros reos políticos nos han informado que hay reos políticos abandonados por sus familiares y que saben que son reos políticos porque anduvieron con ellos en manifestaciones sociales, pero los tienen como reos comunes”, dijo Cuevas.
Otra situación que se está presentando es que muchos presos políticos que provienen de familias humildes en los departamentos, los defensores públicos y abogados privados los convencieron para admitir hechos prometiéndoles penas mínimas y de todas maneras no tuvieron lo prometido y ahora no los ven como reos políticos, cayeron en la trampa que solo beneficia al régimen”, agregó el abogado.
Cuevas agregó que los mismos presos políticos que han excarcelado están reportando estos casos y se van a investigar y contactar con el familiar, pero muchos tienen miedo de hablar por la represalias en los barrios y comunidades de parte de militantes del Frente Sandinistas a través de los comité de barrios.
La Unión de Presos Políticos Nicaragüenses han denunciado que dentro del Sistema Penitenciario Nacional lo que han estado haciendo es separando a los reos políticos que ellos consideran que son reos comunes de la Galería 16-1 y Galería 16-2 donde concentran a los reos políticos.
Casos en Nagarote y Ciudad Darío
E l autoconvocado Kaled Antonio Toruño Maradiaga, originario de Nagarote-León está en el Sistema Penitenciario de Chinandega y ahora el orteguismo lo quiere hacer ver como preso común para no dejarlo en libertad durante las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega.
También está el caso de Ryan Santamaria, Alexander Conde, Frederic vega y Wilmer Mendoza, originarios de Ciudad Darío, condenados por robo agravado y portación ilegal de arma de fuego, cuando en realidad lo que hacían era repartir alimentos a la gente que estaba en los distintos tranques. Estos fueron trasladados a la Galería 1 alta donde están reos comunes, denunciaron sus familiares.
La Alianza Cívica expresó ayer que siguen trabajando en la lista de presos políticos y que una vez que este consensuada la compartirán públicamente.