Organización Internacional para las Migraciones: No existe un acuerdo concreto para el retorno de los exiliados a Nicaragua

La OIM precisó que “espera poder cooperar con el retorno voluntario, digno y seguro de los migrantes nicaragüenses, en el marco de un trabajo concertado con todos los sectores de la sociedad de Nicaragua"

Los exiliados comparten las habitaciones en las casas de refugio y, pese a estar lejos, no olvidan su país. Una bandera de Nicaragua colgada en la pared se los recuerda. LA PRENSA/J. Flores

La Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (OIM) aclaró ayer mediante un comunicado que no existe un acuerdo concreto para apoyar a la dictadura de Nicaragua en un “programa de retorno voluntario asistido de los nicaragüenses en el exterior”.

De acuerdo con el comunicado, fechado 15 de abril en San José, Costa Rica, la dictadura solicitó formalmente a la OIM mediante una carta apoyar el citado programa para los exiliados.

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Sin embargo, la oficina de la citada organización aclaró que aceptaba “analizar la propuesta y estudiar el programa una vez que se conozcan los detalles de este”.

“Este Programa cuenta con el apoyo y asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien solicitará la cooperación de la Comunidad Internacional”, aseguraba el comunicado oficial del régimen.

OIM: En consenso y con respeto a los derechos humanos

Sin embargo, en su comunicado la OIM precisa que “espera poder cooperar con el retorno voluntario, digno y seguro de los migrantes nicaragüenses, en el marco de un trabajo concertado con todos los sectores de la sociedad de Nicaragua, incluyendo naturalmente al gobierno, pero también a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores clave interesados”.

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Además, reiteran que este tipo de programa se debe realizar en apego al respeto de los derechos humanos: “Los programas de retorno voluntario de la OIM se basan en la decisión libre y sólidamente informada de los propios migrantes que solicitan apoyo para retornar a su país de origen.  Además, el retorno voluntario asistido y la reintegración (AVRR, por sus siglas en inglés) se gestionan de la manera más estricta apegados a los principios de respeto de los derechos humanos, dignidad, seguridad y confidencialidad de los datos personales”.

“Publicidad engañosa”

Se estima que más de sesenta mil nicaragüenses se encuentran en el exilio, debido a la represión y persecución de la dictadura.

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El programa del dictador Daniel Ortega “sobre el retorno voluntario asistido de los nicaragüenses en el exterior” es visto como “otra publicidad engañosa que no resuelve el problema de los exiliados”, dijo José Pallais Arana, participante en el Diálogo Nacional por la Alianza Cívica.

Este “programa de retorno” fue la propuesta presentada por los representantes del régimen orteguista en la mesa de negociaciones, el pasado 10 de abril. Sin embargo, no logró ser consensuada con los miembros de la Alianza Cívica, contraparte de la dictadura en el Diálogo Nacional.

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Aun así, Ortega dio a conocer ayer a través de un comunicado la “aprobación e implementación” de este “programa de retorno”, reconociendo que “no logró el consenso” debido a las “objeciones” hechas por la Alianza Cívica.

No es para todos

El gobierno de Ortega asegura en el documento que “garantizará que las personas que retornen voluntariamente sean recibidas bajo el programa de retorno voluntario asistido, acompañado con la asistencia técnica de la OIM y con el apoyo de la cooperación internacional (…) Asimismo, todas las personas que retornen a Nicaragua deberán contribuir a la paz, tranquilidad, seguridad y reconciliación entre todos los nicaragüenses”.

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El “programa de retorno” asimismo indica que “cubre a todas las personas que no tienen causa judicial abierta ni acusación formal de autoridad competente, por los hechos acaecidos a partir del 18 de abril de 2018; ni a los autores y/o acusados de delitos comunes, cometidos en cualquier tiempo, prófugos de la justicia”.

Los miembros de la Alianza Cívica mantienen su posición de que para una verdadera implementación de todas esas promesas del régimen orteguista, es indispensable un garante internacional que las haga cumplir, debido a que los acuerdos que se han firmado no han sido cumplidos por Ortega.

Ortega no acepta garantes

Pallais explicó que esa propuesta del gobierno, sobre el retorno de los exiliados, fue en contrapropuesta al documento que presentó la Alianza Cívica, “pero sin garantes y sin una autoridad central que pudiera investigar y sancionar a quienes incumplan las condiciones de la seguridad pactada”.

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El opositor recordó que el orteguismo “no acepta garantes para el seguimiento a la protección y defensa de los derechos humanos en Nicaragua” y sin eso “nadie puede estar seguro de los hostigamientos y amenazas que forzaron la salida de esos nicaragüenses”.

“Para la Alianza Cívica es indispensable este garante, para generar confianza en el retorno y que no se repitan las condiciones de persecución y amenazas que los forzaron a irse del país”, dijo Pallais.

“Autoaprobación”

Azahalea Solís, igualmente participante de las negociaciones de parte de la Alianza Cívica, destacó que el programa no fue consensuado en la mesa de diálogo y lo tildó de “autoaprobación”, en una publicación de su cuenta de Twitter.

“La dictadura se autoaprueba acuerdo. Quiere que exiliados regresen confiando en la ‘buena’ voluntad del gobierno cuya represión los llevó al exilio. Y además no quiere garante internacional”, manifestó.

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El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Mario Arana, otro de los negociadores de la Alianza Cívica, manifestó ayer en su cuenta de Twitter que la “seguridad de los exiliados solo es posible con Garantes internacionales”.

Ortega obligado a dialogar

El régimen de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, se vio obligado a sentarse a dialogar con la oposición, presionado por la comunidad internacional que amenaza con imponer sanciones económicas a funcionarios orteguistas si en el país no se restablece la democracia y el respeto a los derechos humanos.

El país vive una crisis desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles, que demandan la salida del poder de Ortega y su esposa. Más de 325 personas murieron por la represión contra las protestas civiles, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas muertes fueron calificadas como “crímenes de lesa humanidad” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Estériles y engañosas”

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acusó al régimen de Daniel Ortega de hacer “campañas estériles y engañosas”, en reacción al “programa de retorno voluntario asistido de los nicaragüenses en el exterior”.

La Alianza Cívica publicó una comunicación ayer por la tarde, bajo el título “Seguridad de exiliados solo es posible con garantes internacionales”, en la que explica que “el ‘Programa del GRUN (Gobierno de Unidad y Reconciliación y Unidad Nacional) sobre el retorno voluntario asistido de los nicaragüenses en el exterior’, es una decisión unilateral del Gobierno que no se corresponde con los Acuerdos suscritos el 29 de marzo, ‘Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas’, ya que no otorga garantías, ni seguridad personal y familiar a todos los exiliados a partir del 18 de abril de 2018”.