Amcham y Cosep sobre confiscación de gasolineras: «El Estado de Derecho está secuestrado»

El Cosep informó que, de las seis estaciones de servicio o gasolineras cerradas, tres se ubican en Managua, las otras tres están en Rivas, León y Chinandega

Gasolinera Puma La Virgen, junto a la estación Loyola, abrió su servicio al público el último viernes. LAPRENSA/J. FLORES LAPRENSA/ARCHIVO

Al menos a seis empresarios han sido afectados con la medida arbitraria que tomó el régimen de Daniel Ortega de suspender licencias de operación de gasolineras en diciembre del año pasado, señaló el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.

“Seguimos en un país donde el estado de derecho sigue secuestrado”, lamentó Aguerri.

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El líder empresarial describió el alcance de la represión de la que han sido objeto por el régimen orteguista.

“A través de las tomas de tierras que siguen sin resolverse, en las reformas que crearon nuevas disposiciones que tienen un carácter confiscatorio para las compañías, los incrementos de tasas por servicios que prácticamente eliminan nuestra competitividad en los mercados y todo lo anterior, desafortunadamente, tiene un impacto en la población por la pérdida de empleo y el aumento de pobreza”, dijo.

“Cierres de hecho”

El Cosep informó que, de las seis estaciones de servicio o gasolineras cerradas, tres se ubican en Managua, las otras tres están en Rivas, León y Chinandega.

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Los empresarios desconocen si hay otros cierres arbitrarios en otros departamentos.

“Fue un cierre de hecho de parte del INE (Instituto Nicaragüense de Energía), porque no se respetó el debido proceso administrativo y evidencia actos de represalias políticas, violentando el Decreto Administrativo 39-2011 y el contenido de la Ley General de Hidrocarburos”, explicó Aguerri.

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Añadió que, además de suspender las licencias, en otros casos se negó la renovación de contrato al concesionario.

“Igualmente, conocemos que tanto Marena como el MEM bloquearon las solicitudes de licencias de renovación, sin fundamento legal alguno, negaron primero la entrega de la carta de no objeción y, segundo, la renovación de la licencia”, enumeró Aguerri.

Jorge Samper Blanco fue el concesionario de la Puma ubicada cerca del Instituto Loyola, en Managua, y el segundo empresario en hacer público que el régimen lo confiscó y le abrió proceso administrativo contra dos negocios más.

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Juan Carlos Habed Cornavaca, exconcesionario de la Puma Metrocentro, es otra de las víctimas. Tuvo que exiliarse por temor a represalias. Ese despojo, Habed lo atribuyó a una represalia tras haber apoyado a los estudiantes que buscaron refugio en la tienda de la gasolinera cuando eran reprimidos. Aguerri reiteró que se debe garantizar el debido proceso administrativo y que no esté influenciado por decisiones políticas “En el caso particular de Jorge (Samper) y de todos los afectados, deben volver las condiciones a su estado original”, instó.

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Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), describió como “política antagónica” la relación entre privados y gobierno. Para él, por “discrepancias” políticas se viene implementado medidas “que parecieran diseñadas” y “casi de forma deliberada” para que sean adversas al sector privado.

“Son medidas inconsultas que están causando mucho daño. En algunos casos dirigidos y en otros generalizados, afectando a sectores amplios sin importar las consecuencias… Es interés de causar daño, castigar al adversario. Esto profundizará el conflicto, la incertidumbre y hará que con mucho más fuerza se aspire a un cambio de régimen lo más pronto posible”, agregó.

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