Régimen suspende juicio y alarga agonía carcelaria de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda

Según el abogado Julio Montenegro, la suspensión alarga la agonía de los presos políticos. "No hay fecha prevista, no sabemos bajo qué circunstancias se suspendió el juicio, lo cierto que estos casos corresponden a una índole política"

La madre del periodista Miguel Mora y el abogado Julio Montenegro. LA PRENSA/Roberto Fonseca

Sin ninguna justificación, el juez Edgard Altamirano canceló el lunes el juicio contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, y no dio nueva fecha para el mismo, con lo que el régimen de Daniel Ortega alargó el calvario carcelario de ambos periodistas prisioneros políticos desde hace 130 días.

Altamirano notificará más adelante a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la nueva fecha de juicio para Mora y Pineda, al ser Julio Montenegro, de dicha organización, el abogado defensor de ambos.

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La noticia fue conocida la mañana de este lunes, día en que estaba prevista la audiencia de los dos presos políticos, que han recibido trato inhumano en la cárcel y ayer ni siquiera fueron traslados al Complejo Judicial Central Managua.

“Esto (la reprogramación) ya lo sospechábamos nosotros, es una situación normal, van a estar reprogramándolo aunque no entendemos la lógica, al fin y al cabo deberían de declararlo nulo (el proceso) y dejarlos en libertad de manera definitiva”, expuso Montenegro al salir de los juzgados.

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Esta es la tercera vez que el juez Altamirano suspende el juicio de los dos comunicadores y, según Montenegro, no existe una lógica para que esté ocurriendo.

“El argumento que se utiliza en doctrina es la fuerza mayor, pero la fuerza mayor para estos casos no aplica. Es otra circunstancia, significa terremotos, que haya un huracán, inundaciones, incendios, situaciones así que generen un algo adverso que impida la realización de los juicios”, aclaró Montenegro.

Tras visita de Cruz Roja, debió mejorar situación

Mora y Pineda Ubau fueron encarcelados la noche del 21 de diciembre de 2018, cuando todavía estaban en las instalaciones del canal 100% Noticias, medio de comunicación que desde entonces está cerrado y vigilado por agentes policiales orteguistas. Ambos están acusados de supuesta provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, cuando lo que hicieron fue ejercer un periodismo crítico hacia el régimen de Ortega.

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En los más de cuatro meses que llevan detenidos, han sido tratados con saña, según han relatado a su abogado defensor, familiares y eurodiputados que estuvieron en el país.

Montenegro sostuvo que tras la visita del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) las condiciones debieron cambiar.

“Se supone que desde el momento en que comenzó la Cruz Roja a hacer las visitas, el tratamiento tuvo que haberse variado, abrir esos portones, permitir circulación del aire, tener energía eléctrica, evitar que haya insectos, darles la oportunidad de salir al aire libre, permitirles el contacto físico con los familiares, permitir que el Instituto de Medicina Legal los evalúe, ¿por qué no se les evalúa? Esas situaciones debieron resolverse meses atrás”, enumeró Montenegro.

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Verónica Chávez, esposa de Mora, manifestó que todos los presos políticos deberían de ser liberados de una vez por todas, porque alargar el día es resentido por ellos.

Con respecto a la toma de las instalaciones de 100% Noticias, sostuvo que “no hemos cometido algún delito y fue un abuso de parte de las personas que cometieron esa confiscación”.

Atentos a ellos

A través de su cuenta en Twitter, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) comunicó ayer que estaba pendiente del juicio de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau.

Asimismo, el Gobierno de Costa Rica volvió a solicitar la liberación de Pineda Ubau y el cónsul en Nicaragua, Oscar Camacho, ha solicitado estar presente en el juicio de ella.

“Costa Rica deplora la prolongación de la cárcel para la periodista y ha reiterado que persistirá en sus gestiones a fin de resguardar la integridad física y el debido proceso de la comunicadora”, cita el documento oficial de Cancillería costarricense.

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