Los diputados orteguistas le ampliarán, por cuarta ocasión, el período de funcionamiento a la Comisión de la Verdad conocida como “Comisión Porras”, cuyos miembros el régimen insiste en que sean los encargados de investigar la masacre en el contexto de la crisis sociopolítica a pesar del rechazo que existe de parte de los familiares de las víctimas por la vinculación y defensa de esa Comisión a la dictadura orteguista.
La Asamblea Nacional reanuda este martes las sesiones plenarias, casi un mes después de estar suspendidas, y está previsto aprueben la ampliación por tres meses más de las funciones de la Comisión Porras, lo cual fue solicitado por los orteguistas Gustavo Porras, presidente del Legislativo y la primer secretaria, Loria Dixon.
La extensión de las funciones de esa comisión será a partir del 6 de mayo próximo. Será la cuarta ampliación del periodo desde que esa Comisión fue creada el pasado 6 de mayo del 2018, supuestamente para esclarecer las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Hasta ahora esta Comisión no goza de credibilidad porque no ha investigado los crímenes ni identificado a los responsables, que los organismos de derechos humanos señalan a funcionarios del régimen de Ortega.
Sus cinco miembros están vinculados al FSLN como son el sacerdote Francisco Uriel Molina; el vicerrector de la UNAN Managua, Jaime Francisco López Lowery; la activista y exdiputada orteguista Mirna Cunningham, el subprocurador de Derechos Humanos Adolfo Jarquín y Cairo Amador quien es hermano de Carlos Fonseca fundador del FSLN.
Todos ellos son fieles al dictador Daniel Ortega demostrándolo en que se han encargado de criminalizar a los protestantes y defender el actuar represivo de la Policía Orteguista (PO). Por esa posición es que son rechazados por la Asociación Madres de Abril (AMA), el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, los universitarios, campesinos y demás sectores que integran la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Para Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril (AMA), el trabajo de la Comisión Porras no es válido “ya que es una Comisión progobierno que jamás se ha reunido con los familiares de las víctimas”, sino que sus reuniones han sido solo con la PO, alcaldes y simpatizantes orteguistas.
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“El Gobierno Ortega Murillo están incapacitado para administrar justicia ya que ellos dieron y trabajaron de forma articulada con las instituciones que se suponía estaban para protegernos y garantizar los derechos fundamentales de los nicaragüenses, pero fue lo contrario. Por lo cual no se puede ser juez ni parte ya que eso no conlleva a un verdadero esclarecimiento de los hechos ocurridos y menos aplicar o garantizar justicia”, afirmó Valdivia.
La PDDHH está solo de nombre porque jamás en estos casi 13 meses se ha pronunciado en defensa de los derechos humanos fundamentales de nuestros familiares asesinados y los nuestros como víctimas directas”. Francis Valdivia, presidenta de AMA
Sin legitimidad
Daniel Esquivel, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos consideró que los miembros de la Comisión Porras son “personas parcializadas que defienden a dos señores Daniel Ortega y Rosario Murillo, y condenan a las víctimas de la represión”.
La delegación del régimen las negociaciones con la opositora Alianza Cívica propusieron que su Comisión Porras con la PO y la Procuraduría de Derechos Humanos sean los encargados de investigar la masacre. La Alianza rechazó esa posibilidad y exige una Comisión de la Verdad integrada por profesionales independientes donde participen la CIDH y la ONU.
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Amador acepta a CIDH
Organismos de derechos humanos nacionales y la CIDH han documentado entre 325 y 535 asesinatos, miles de heridos y exiliados así como la sistemática violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses por la represión de los grupos de choque del régimen, dirigidos por la PO.
La “Comisión Porras” ha defendido la versión de la dictadura de que las protestas fueron un intento de golpe de Estado contra Ortega. En su primer informe dijo que eran 269 los asesinados en el contexto de las protestas pero luego redujo a 253 muertos.
Cairo Amador, presidente de esa Comisión, dijo ayer que el rol que tienen “no es judicializar a nadie”. Informó que preparan su informe final que presentará en un mes máximo.
Sobre que la ONU y la CIDH se integren a la Comisión, Amador dijo que es “es una perfecta opción”, a pesar de que los delegados de la dictadura en la mesa de negociación se oponen a la participación de los organismos internacionales.
Se desconoce con qué presupuesto funciona esta comisión puesto que no aparece reportada en el Presupuesto General de la República.