Alianza Cívica denuncia que la dictadura quiere "matar la negociación" 



Alianza Cívica denuncia que la dictadura quiere “matar la negociación” 

El único punto que interesa a los delegados orteguistas es forzar a la Alianza Cívica a firmar un llamado a la comunidad internacional y hacer gestiones conjuntas para que se suspendan las sanciones

04/05/2019
diálogo

Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. LAPRENSA/U. Molina

La Alianza Cívica elevó este sábado de tono su queja contra el boicot que el régimen de Daniel Ortega está realizando en la mesa de negociación. Los negociadores señalaron que al igual que hizo en junio del año pasado, cuando el Gobierno puso como excusa los tranques para acabar con el diálogo, ahora este recurrió a las sanciones como pretexto para “matar” las actuales conversaciones que buscan superar la crisis política, que lleva más de un año.

“Al igual que con su lema ‘levanten los tranques’, el Gobierno ahora ha adoptado el lema ‘levanten las sanciones’ con el único propósito de no cumplir con los acuerdos ya firmados y ante el recrudecimiento de acciones internacionales por su nula voluntad de cumplimiento”, denunció la Alianza Cívica en un fuerte comunicado.

Y añade: “Ya pudo ver el pueblo nicaragüense el año pasado la aplicación de la misma estrategia de un gobierno que además de reprimir, miente con comunicados llenos de adjetivos que no hacen más que aislarlo cada vez más de una población que aspira libertad, justicia, paz y la celebración de elecciones libres y anticipadas”.

Lea: Régimen Ortega Murillo desesperado porque se detengan las sanciones

Desde hace más de un mes las negociaciones están trabadas debido a que el gobierno orteguista no cumple los acuerdos ya firmados sobre la liberación de los presos políticos, así como respetar las garantías constitucionales y dejar a los ciudadanos manifestarse.

Cuando Ortega aceptó ir a las negociaciones, Estados Unidos ya le había impuesto sanciones, por lo que las excusas no son creíbles.

En el comunicado emitido este sábado, la Alianza Cívica denunció que en la última semana el único tema que el régimen insiste en discutir es que se firme un comunicado conjunto en donde se llame a la comunidad internacional a suspender las sanciones ya aplicadas al círculo de poder del régimen y a que se detengan nuevas medidas.

Para la oposición, esa condicionalidad es “inaceptable y fuera de lugar” al denunciar que “no se ha producido ningún cambio en las condiciones objetivas del país que amerite hacer tal llamado”, porque la represión no ha cesado, negándosele el derecho al pueblo a manifestarse y la Policía Orteguista sigue deteniendo ilegalmente a los protestantes.

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“Ellos quisieran ver si con su intransigencia van a doblegar a la Alianza, pero se equivocan. No cambiaremos de criterio. No haremos ningún llamamiento porque nada de los acuerdos se han cumplido y por eso demandamos al Gobierno hechos concretos; por ejemplo que autoricen al Comité Internacional de la Cruz Roja iniciar el proceso de liberación de los 232 presos políticos que están conciliados en las listas”, dijo ayer Carlos Tünnermann, delegado de la Alianza Cívica en el diálogo.

Estados Unidos ha sancionado a siete funcionarios del régimen, entre ellos la cogobernante Rosario Murillo, el consuegro de la pareja presidencial y el jefe policial Francisco Díaz por corrupción y violación de derechos humanos.
Pero el golpe por el que Ortega apareció públicamente molesto es la sanción por corrupción y lavado de dinero que aplicó el Departamento del Tesoro a su hijo Laureano Ortega Murillo, quien según analistas, se perfila como el sucesor de la dictadura. Las medidas bloquean los bienes o intereses de los sancionados y de ciudadanos norteamericanos relacionados con ellos.

Contrapropuestas

El próximo lunes los delegados del régimen intentarán convencer nuevamente a la Alianza Cívica presentándoles una propuesta “fundamentada” de por qué es urgente el llamado a que se detengan las sanciones. La oposición también espera que ese día haya una respuesta a lo propuesto de que en mayo logren concretar todos los temas sobre justicia a las víctimas de la represión, los protocolos sobre las reformas electorales, el retorno de los exiliados, que se cumpla la liberación de los 770 presos políticos y que haya plenas libertades.

Alianza Cívica, régimen, Daniel Ortega, Nicaragua, negociación, represión

El canciller orteguista Denis Moncada al salir el viernes pasado del Incae, donde nuevamente fracasó la negociación con la oposición. Foto Jader Flores/ LA PRENSA

Tünnermann dijo que hay disposición de escuchar los argumentos del régimen sobre las sanciones, pero reiteró que “la posición invariable” de la Alianza es que cualquier medida sería para evitar afectaciones al país, pero que no gestionarán a favor de los funcionarios del régimen ya sancionados.

“Nos referimos a sanciones que afecten al pueblo no de carácter particular, eso significa que a las personas que ya la comunidad internacional sancionó por corrupción, violación de derechos humanos, lavado de dinero, eso cada afectado que busque cómo defenderse”, dijo Tünnermann.

“Ya pudo ver el pueblo nicaragüense el año pasado la aplicación de la misma estrategia de un Gobierno que además de reprimir, miente con comunicados llenos de adjetivos que no hacen más que aislarlo cada vez más de un población que aspira a libertad, justicia, paz y celebración de elecciones libres y anticipadas”, sostiene la oposición.

Lea además: Analistas sugieren a la Alianza Cívica continuar en el diálogo

Juan Sebastián Chamorro, también delegado de la Alianza, dijo que “ahora están buscando una excusa para romper la negociación”, y por eso ellos seguirán denunciando mundialmente “la falta de voluntad del Gobierno de avanzar en los acuerdos que pongan fin a la crisis”.

Chamorro manifestó que esto quedó demostrado al haber rechazado de último momento el régimen la propuesta de nueve puntos de los testigos y acompañantes de la negociación —el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA)—, para implementar los acuerdos ya firmados, que incluían la liberación acelerada de los presos políticos en mayo.

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