La junta directiva, controlada por el orteguismo, no aceptó tramitar la iniciativa “Ley Especial para la inmediata y definitiva liberación de los presos políticos aprendidos en el contexto de las protestas ciudadanas el 18 de abril de 2018 y las posteriores”, afirmaron a LA PRENSA fuentes legislativas.
Esa propuesta de Ley planteaba que por tratarse de detenciones y procesos inconstitucionales todos los protestantes detenidos por el régimen en el último año deberían ser liberados de forma inmediata.
Sin embargo, la junta directiva no incorporó en la agenda base la iniciativa que fue presentada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), bloqueando su trámite e impidiendo así que se discutiera en el plenario por los diputados.
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La propuesta fue introducida el 7 de mayo pasado en la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional, donde la orteguista Loria Dixon.
Jimmy Blandón, jefe de la bancada del PLC, dijo que en la reunión de la junta directiva el jueves pasado Dixon no incluyó la iniciativa que favorecía los reos políticos en la discusión de temas que incorporaría en la agenda base.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demanda la liberación de 779 presos políticos, de los cuales el régimen ha excarcelado a 212 a los que les cambió la medida cautelar a casa por cárcel.
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La dictadura ha incumplido el acuerdo ya firmado en la mesa de negociación con la Alianza Cívica para liberar a todos los manifestantes, pues se niega a autorizar al Comité Internacional de la Cruz Roja que inicie con la liberación de los 232 reos políticos ya conciliados en los listados.
Existe un acuerdo firmado en que un plazo no mayor a los 90 días todos los autoconvocados deben ser liberados.
No la dejan pasar
El jueves pasado los diputados orteguistas convocaron a sesión para aprobar de forma expedita la renuncia como contralor de Luis Ángel Montenegro y nombrarlo superintendente de Bancos. Tuvieron oportunidad de tramitar la iniciativa de ley que favorece a los presos políticos, pero según fuentes parlamentarias “esa ley nunca va a pasar”.
Explicó Blandón que en la próxima reunión de la directiva parlamentaria insistirán en se deje avanzar la propuesta de su partido, “porque consideramos que ofrece una solución legal para poner fin al sufrimiento de los presos políticos”.
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La iniciativa de Ley propone declarar “nulidad absoluta y perpetua todos los procesos judiciales de las personas detenidas, en procesos judiciales o condenadas” en el contexto de las protestas. Asimismo que se archiven las causas y que no se abran nuevos cargos contra los autoconvocados.
Que negocien en el Infiernillo
Daniel Esquivel, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, dijo que el PLC debió consultar a esa organización antes de presentar la iniciativa de ley, aunque refirió “que todo esfuerzo por acabar con el sufrimiento de nuestros familiares es bienvenido”.
Por su parte el jurista Óscar Carrión Orozco recomendó al Comité pedir a la Alianza Cívica el listado de los presos conciliados para que sean publicadas a fin de ejercer mayor presión para que el régimen los libere.
Carrión Orozco también planteó que se les exija por escrito a las delegaciones en la negociación, así como a los testigos y acompañantes, el nuncio Waldemar Sommertag y el enviado de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, que las conversaciones se trasladen a la cárcel donde están los presos políticos.
“Que las reuniones de los negociadores y testigos se traslade al Infiernillo para que sientan lo que se siente estar en esas mazmorras. Hay que plantear la idea por escrito para que eso agilice la liberación”, dijo el jurista.