Abogados penalistas explicaron que los autoconvocados acusados de terrorismo y otros delitos por el régimen de Daniel Ortega y que están en el exilio o escondidos en casas de seguridad por temor a ser capturados, pueden ser liberados de cargos a través de la emisión de sentencia de sobreseimiento por falta de pruebas.
Esta sentencia garantiza que no vuelvan a ser acusados por estos delitos y que su retorno al país sea seguro, explicó Boanerge Fornos, ex fiscal departamental y defensor de presos políticos.
Entre las personas que están en esta situación legal están Luciano García de Hagamos Democracia, Félix Maradiaga, director del IEEP, los periodistas Luis Galeano, Jaime Arellano y Jackson Orozco, entre otros. Ellos están acusados en expedientes distintos y los jueces orteguistas los declararon en rebeldía o prófugos de la justicia y les giraron orden de captura.
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En este caso, explicó Fornos, el Ministerio Público debe presentar escrito donde manifieste la falta de pruebas y solicitar sentencia de sobreseimiento a favor de los acusados, ante el juzgado que lleve la causa. En dicha sentencia el juez debe revocar cualquier orden de detención y girar oficio a la Dirección General de Migración y Extranjería para que permitan que regresen al país de forma segura.
“El juez debe enviar una copia de la sentencia a la Policía para que tenga conocimiento que la orden de captura ha sido revocada para determinada persona. Además, el familiar o su abogado debe pedir una copia certificada de la sentencia para tenerla a mano para cualquier gestión”, dijo el penalista y exfiscal departamental.6+
En este sentido es importante precisar una lista especial de estas personas, con la finalidad de determinar cuántos y quiénes son recomendó el abogado a la Alianza Cívica.
Acusaciones llenas de ilegalidades
Para el penalista y exprocurador general de la república Alberto Novoa las acusaciones por terrorismo y financiamiento al terrorismo contra Luciano García y demás autoconvocados responde a la represión gubernamental en contra de los que participaron o apoyaron las protestas antigubernamentales, pues carecen de asidero legal.
“En el caso de Luciano García se giró orden de captura que no tiene asidero legal, obligándolo a refugiarse en Costa Rica para no ser injustamente encarcelado, por lo tanto al tratarse de actuaciones judiciales ilegales e inconstitucionales, la acusación en su contra, afecta el derecho que le asiste como nicaragüense a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional, a entrar y salir libremente del país, disposición que regula el artículo 31 de la carta magna”, dijo Novoa.