Dictadura aprueba su “ley del perdón” y ofrece trabajo, casas y ocio a las familias de las víctimas de la represión

La propuesta no habla de justicia. Lo que Ortega ofrece a las “víctimas y sus familiares” es atención en salud, educación, viviendas, becas de estudios, ocio y recreación

Miles de nicaragüenses marcharon este 30 de mayo en respaldo a las madres de los hijos asesinados por la lucha contra el régimen de Daniel Ortega. LA PRENSA/CARLOS VALLE

El 30 de mayo del 2018 el régimen orteguista cometió una de las masacres más grandes al asesinar a 18 personas en las manifestaciones. LA PRENSA/ ARCHIVO

La Asamblea Nacional aprobó este miércoles la Ley del «perdón» o de amnistía propuesta por el dictador Daniel Ortega. En la propuesta, el régimen orteguista no habla de justicia, ni menciona la obligación del Estado a investigar cada una de las muertes en el contexto de la represión a las protestas. Tampoco se hace referencia a las figuras legales para la liberación de todos los presos políticos, como habían anunciado funcionarios y era la expectativa de sectores opositores.

Lo que Daniel Ortega ofrece a las “víctimas y sus familiares” del “intento fallido de un golpe de Estado”, es atención en salud, educación, viviendas, becas de estudios y entradas gratis a eventos deportivos y de recreación en espacios públicos.


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Sobre los programas de vivienda, la ley dice que las instituciones encargadas priorizarán «las solicitudes de casos en el contexto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018». El régimen dice, además que el Estado garantizará que las víctimas y sus familiares tengan acceso «a las instituciones deportivos públicas, centros de recreación públicos y todos los espacios públicos de forma gratuita».

Establece también que le corresponde a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDDH) “organizar y actualizar el registro de víctimas, así como el seguimiento y monitoreo de la atención” en las instituciones.

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El proyecto de Ley del «perdón» fue entregado a los diputados hasta las 9:40 de la mañana de este miércoles.

Nicaragüenses demandan justicia

Desde el 18 de abril del 2018 los nicaragüenses demandan la salida del poder de Daniel Ortega y su cogobernante Rosario Murillo debido a la masacre perpetrada por los paramilitares y la Policía Orteguista (PO) a las manifestaciones ciudadanas que, iniciaron en contra de unas reformas a la seguridad social pero que rápidamente se volvieron un rechazo masivo a los dictadores por la represión.

Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado que entre 325 y 536 asesinatos, miles de heridos, cientos de detenidos así como denuncias de torturas, violaciones y otros crímenes que han sido considerado como de lesa humanidad.

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La dictadura se ha opuesto a que haya una investigación independiente de esos crímenes y ahora busca proteger a sus grupos de choque y a los funcionarios, como el mismo Ortega y el alto mando de la PO que han sido señalados como los responsables de dirigir la política de represión contra el pueblo.

«Es una bofetada» a las madres, dice opositora

El reclamo de los diputados liberales, del conservador y de Yatama de que esta ley no responde a la exigencia de las víctimas de la masacre de que se investigue cada asesinato para que los responsables sean procesados, fue despreciados por los legisladores orteguistas.

Azucena Castillo, Miguel Rosales, Maximino Rodríguez del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), así como el conservador Alfredo César y el del partido indígena de Yatama, Brooklyn Rivera reclamaron durante el debate que de esta forma lo que hace el régimen de Ortega es revictimizar a los familiares de los asesinados, encarcelados y torturados por los huestes orteguistas.

Castillo consideró «desacertado» que un día antes de que se celebre en Nicaragua, el Día de la Madre, el único compromiso del Gobierno es brindar los servicios que constitucionalmente está obligado a brindar a la población.

«En el Día de la Madre, mañana, oír que esta iniciativa es el regalo de esta Asamblea para aliviar su dolor para quienes están tienen familiares en las cárceles o para quienes les fueron asesinados sus hijos, es una bofetada», dijo Castillo.

La legisladora opositora le cuestionó al presidente del Legislativo, el orteguista Gustavo Porras:  «¿Vamos a comprar la paz y la resignación de las madres de los asesinados, de los que están arrestados? ¿Con una casa van a reparar a una víctima? No, señor presidente, no es con unas pocas concesiones que se van a resarcir las heridas de las madres», dijo Castillo.

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El presidente del Parlamento, Gustavo Porras le reclama a los del PLI-ALN, Alejandro Mejía y Mario Asensio Florez porque no votaron por la Ley de Atención del régimen. LA PRENSA/ JADER FLORES

El mayor reclamo de los opositores fue que mientras la Policía y los paramilitares siguen en las calles asediando, hostigando y cometiendo todo tipo de abusos contra la población no puede pretenderse que las familias de las víctimas de la represión encuentren consuelo cuando el mayor reclamo es que exista un proceso de investigación independiente para que los responsables de dirigir y ejecutar la política de represión sean juzgados.

«El  pueblo lo que demanda es que los presos políticos salgan de las cárceles, que se les anulen los juicios», dijo Castillo.

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La dictadura se ha opuesto a que haya una investigación independiente de esos crímenes y ahora busca proteger a sus grupos de choque y a los funcionarios, como el mismo Ortega y el alto mando de la PO que han sido señalados como los responsables de dirigir la política de represión contra el pueblo.

El único diputado conservador Alfredo César votó en contra de la Ley del PIAV  porque «los muertos, los heridos, los presos políticos, los exiliados no merecen una ley vacía de lo esencial» que es justicia por la represión desde abril del 2108″.

«Se llama justicia y reparación, pero en ese orden, porque si no hay justicia la reparación cae en un saco roto porque es lo único que pavimenta la paz para los familiares», dijo César.

Miguel Rosales, también del PLC, expresó en el plenario que se cometió el gran error de no consultar con los familiares de los muertos como de las personas que fueron torturadas, secuestradas y sujetas a otros tipos de abusos de parte de los grupos orteguistas «cuál es la mejor forma de resarcirla» por el daño sufrido.

«No es a través de que el victimario quede en la inmunidad», afirmó Rosales al insistir que que la Asamblea se equivocaba al apoyar la Ley del PAIV de la dictadura » cuando falta un programa de  justicia».

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Otro que expuso lo propuesto por Ortega como «una salida de baño para engañar» a la población fue el liberal Maximino Rodríguez, al señalar que las atenciones que se se ofrecen a los afectados por la violencia en el contexto de la crisis sociopolítica «en la práctica serán realmente papel mojado» porque son los servicios ya establecidos en la Constitución.

«Si esta Asamblea Nacional no tiene nada que hacer, mejor cerrémosla», planteó Rodríguez.

Filiberto y Gutiérrez se declaran no ser competentes

Les tocó defender la ley del orteguismo en la discusión a Filiberto Rodríguez y Wálmaro Gutiérrez quienes declararon que la Asamblea no es la institución competente para ofrecer una respuesta legal a los prisioneros políticos, y tampoco de demandar un programa de investigación para que los responsables de la masacre enfrenten la justicia.

«No somos la administración de justicia de este país para andar diciendo quienes son los culpables», dijo Gutiérrez luego de insultar a los colegas del PLC al tildarlos de «cínicos» por exigir la liberación de los presos político.

El orteguista Wálmaro Gutiérrez otra vez recurrió al insulto contra sus colegas del PLC por las críticas a la Ley de Ortega. LA PRENSA/ JADER FLORES

Los oficialistas del FSLN mencionaron que desde el 22 de mayo pasado hay un Plan de Atención a las Víctimas del golpe de Estado, como es la forma de descalificar las protestas ciudadanas, donde se detallan las acciones para atender a los afectados pero este no se conoce públicamente.

En el informe contundente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  se identifica al menos a seis altos funcionarios del régimen Ortega Murillo de haber posiblemente entramado y ejecutado la política estatal que sucedió en una serie de crímenes calificados como delitos de lesa humanidad, contra las manifestaciones ciudadanas.

El listado incluye a los diputados Gustavo Porras y Filiberto Rodríguez, al alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón, la ministra de Salud, Sonia Castro, y Fidel Moreno, de la Alcaldía de Managua.

Filiberto Rodríguez es señalado por el propietario de Radio Darío, en León, Aníbal Toruño, de haber dirigido el ataque de turbas orteguistas a la radioemisora el 20 de abril del 2018. Alrededor de las 7:25 de la noche de ese día, los orteguistas pasaron disparando y luego entraron a las instalaciones de la radio con bidones y rociaron el lugar con combustible. En ese momento, la radio se encontraba transmitiendo y había en su interior doce personas, entre ellas el propio Toruño. Según su relato, luego de rociar con combustible, las turbas dispararon un mortero hacia la parte interna de la radio causando un incendio.

Al diputado Rodríguez también aparece en varios videos compartidos en redes sociales por la población de León, dirigiendo los ataques de las turbas orteguistas a las manifestaciones.

Sin embargo hoy 29 de mayo cuando la bancada del FSLN aprobó la Ley de Atención a las Víctimas, Rodríguez  reclamó a los liberales de «con qué autoridad moral» hablaban de respeto a la Constitución, prefiriendo descalificarlos diciendo que «su papel de pelele lo juegan bien». Rodríguez obvió responder por qué la Asamblea no aprobaba mejor una ley para que haya una investigación independiente para esclarecer los crímenes cometidos durante los 13 meses de represión.

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