El canciller de Daniel Ortega anunció en uno de sus estrambóticos comunicados del Incae, que antes del Día de las Madres la dictadura aprobaría una “ley de perdón, no olvido y reparación”, para las víctimas de la violencia desatada a partir del 18 de abril de 2018. Pero la tal ley resultó ser un adefesio jurídico y una burla para quienes esperaban algo serio y mejor.
Lo que aprobó la dictadura el miércoles 29 de mayo en su Asamblea Nacional fue una minúscula ley de 5 artículos, titulada “Ley de Atención Integral a Víctimas”, que carece de importancia y no incidirá en la crisis sociopolítica que agobia a la nación.
La Ley de Ortega promete algunos beneficios sociales a las víctimas “de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018”. Pero no define a las víctimas y lo deja al criterio de la Procuraduría de Derechos Humanos, una institución estatal partidarizada y sectaria que desde 2007 se ha dedicado a justificar todas las violaciones a los derechos humanos que comete la dictadura de Ortega.
Un diputado orteguista dijo que “esta ley pretende garantizar como política de Estado una atención a las víctimas, independientemente del partido, la afiliación o simpatía política que sea”. Pero conociendo cómo actúa el régimen y lo falsos que son sus funcionarios, lo más probable es que si acaso pudieran financiar esos beneficios serían solo para los partidarios orteguistas.
Muchos esperaban que el régimen aprobaría esta Ley para encubrir una autoamnistía a los autores de los crímenes cometidos durante la horrenda represión contra las protestas sociales, que incluyen delitos de lesa humanidad calificados así y denunciados por organismos internacionales de derechos humanos.
Pero Ortega no se atrevió a autoamnistiarse porque seguramente sabe que nada lograría con eso. Lo que se necesita en Nicaragua y demanda la comunidad democrática internacional, es que haya justicia auténtica y reparación efectiva para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia —del pueblo y del mismo régimen orteguista—, a partir de que los hechos sean debidamente esclarecidos por una Comisión de la Verdad internacional integrada por personas honorables y confiables.
Pero además, la verdad y la justicia solo se pueden lograr mediante la restauración de la democracia, para lo cual es indispensable un acuerdo del régimen con la oposición democrática representada por la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia.
Está claro que el propósito de Ortega es mantenerse en el poder como sea y para siempre, mientras que el de la Alianza Cívica es la recuperación de la libertad y el restablecimiento de la democracia. Son objetivos absolutamente opuestos. Pero Ortega puede ser obligado a ceder mediante la resistencia cívica interna y la debida presión internacional, como ya lo tuvo que hacer a finales de los años 80 cuando era el todopoderoso cabecilla de la primera dictadura sandinista.