La influyente publicación británica The Economist Intelligence Unit (EIU) determinó en su más reciente análisis sobre la situación política y económica de Nicaragua, que aunque el régimen de Daniel Ortega haga esfuerzos para recobrar la confianza de los inversionistas estos podrían ser inútiles dada la agitación política y la falta de certidumbre en materia de estado de derecho.
“La prioridad más apremiante del gobierno será frenar el deterioro económico en curso, pero ganarse la confianza de los inversores en medio de la agitación política y la falta de buena fe en el estado de derecho será extremadamente difícil”, indica en su análisis correspondiente a junio con hechos ocurridos en mayo.
Las dificultades que enfrentará el régimen para recuperar la confianza de los inversionistas, más la prolongación de la crisis política, provocarán que los efectos de la crisis económica se prolongue en los próximos años, con crecimientos económicos débiles.
The Economist proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) continuará en descenso en los próximos dos años. Para este 2019 se prevé que la economía caiga 5.5 por ciento y para el 2020 otro -2.6 por ciento. En los siguientes tres años posteriores al 2020, el PIB retornará al crecimiento, pero la tasa oscilará entre 1.3 y 2.3 por ciento, por debajo de la media de cinco por ciento de antes de 2018.
Los tres años de declive económicos (2018-2020) provocará que el Producto Interno Bruto en términos reales decline de 13,844 millones de dólares en el 2017 a 11,914 millones de dólares en el 2020, una pérdida de 1,930 millones de dólares, según reflejan las proyecciones de EIU.
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Confiscaciones de transnacionales limitadas
Además EIU señaló que aunque existe un mínimo riesgo de que Ortega confisque empresas extranjeras, advirtió que en caso que eso ocurra, Nicaragua pondría perder su membresía en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).
“El riesgo de expropiación para las empresas de propiedad extranjera sigue siendo limitado, ya que Nicaragua es signataria del DR-Cafta, y el pacto brinda a los inversionistas extranjeros protección contra la expropiación que no sea de conformidad con el derecho internacional consuetudinario”, señala EIU, la unidad análisis de negocios dentro del grupo The Economist.
En su análisis, The Economist duda en que Ortega se ponga a confiscar empresas extranjeras, porque supondría un riesgo para su apuesta de promover la economía basada en exportación. “El gobierno nicaragüense no arriesgará su membresía al DR-Cafta, dado que Nicaragua confía en un modelo de desarrollo orientado a la exportación”.
Estados Unidos, indica, es el principal socio comercial de Nicaragua. Además el ochenta por ciento de las exportaciones de zona franca tienen como destino ese mercado. El DR-Cafta es lo que ha permitido que las exportaciones del país crezcan fuertemente desde abril del 2006, cuando entró en vigencia para Nicaragua el acuerdo, suscrito también por el resto de Centroamérica y República Dominicana.
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De los 2,516.93 millones de dólares logrados en exportaciones tradicionales el año pasado, 1,065 millones de dólares fueron aportados por Estados Unidos, según cifras del Banco Central. Es decir que de cada 100 dólares que logra el país en exportaciones, un poco más de 40 dólares los aporta EE.UU.
En el marco de la crisis política actual, el régimen mantiene una guerra abierta contra el sector privado, tanto nacional como extranjera. Entre sus medidas represivas que ha usado desde el año pasado figura el saqueo a trasnacionales, invasión de tierras, estrangulamiento fiscal y aduanero, amenazas de cierre, retiro de permisos de operación, entre otros.
Inquieta deterioro del sistema financiero
Pero además al sector privado le preocupa de sobre manera el rápido deterioro del sistema financiero nacional. Esto debido a que la crisis en el sistema bancario nacional ha provocado el cierre de la cartera de crédito, impidiendo que las empresas amplíen sus actividades productivas, precisa.
“Los bancos también han podido contraer deuda a corto plazo del exterior para abordar las preocupaciones sobre la liquidez. Si bien es probable que los indicadores macroprudenciales empeoren a corto plazo, existen pocos signos de una crisis bancaria sistémica y, como tal, no esperamos que se materialice”, indica EIU.
The Economist señala que otro elemento que ha empeorado la confianza con los inversionistas es la invasión de tierras, que si bien están focalizadas contra dueños opositores al gobierno, esto genera incertidumbre. Hasta abril, allegados al régimen tenían tomadas 3,300 hectáreas de tierras.
Cosep reclama cese de represión
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana (Amcham) han demandado al régimen el cese de las amenazas y represión contra las empresas, que están siendo castigadas por haber participado en el paro nacional.
“Como sector privado demandamos que cese este tipo de represión, exigimos que se restituyan los derechos y de manera muy particular referirnos a lo que está sucediendo con este sector (farmacéutico) esta posición pública ya la pusimos en conocimiento de los organismos internacionales y los testigos; para el día miércoles vamos a estar dando a conocer una ruta jurídica para que estos negocios tengan el instrumento legal que puedan utilizar para demandar que se restituyan sus derechos y puedan abrir estos negocios”, dijo el pasado lunes, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.
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Demasiado riesgo político y vienen sanciones
“El riesgo político sigue siendo extremadamente alto. El presidente, Daniel Ortega, está bajo creciente presión”, dice EIU, aunque admite que Ortega no cederá a las demandas en materia de adelanto de elecciones y verdaderas reformas institucionales, pese a la posible llegada de más sanciones por parte de Estados Unidos.
“Hay una alta probabilidad de que adicional se seguirán imponiendo sanciones, lo que restringirá el acceso de Nicaragua a nuevos préstamos multilaterales”, advierte la publicación británica, que señaló que eso provocará que el Gobierno busque financiamiento más caro lo que impactará la deuda pública nacional.
Las sanciones de derivarían de la evaluación que el Congreso de Estados Unidos escuchará por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos y el Tesoro sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua. Y si se determina que Ortega no ha realizado esfuerzos para restaurar la democracia, se vendrán nuevas sanciones.
A eso se suma, que la Organización de Estados Americanos (OEA) el 18 de junio durante su 49ª Asamblea General evaluará la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, lo que implicará la suspensión del país del organismo, señala la EIU.
Sectores seguirán golpeados
Mientras tanto, la situación de las actividades económicas y de los consumidores continuará deteriorándose. The Economist espera “que los consumidores y las empresas se adapten a una nueva realidad política y económica, el PIB per cápita no volverá a los niveles previos a la crisis ni siquiera al final de nuestro período de previsión en 2023”.
Además el sector turístico será el más afectado, “ya que la inestabilidad social generada por los eventos recientes destruirá la antigua reputación de Nicaragua como el destino más seguro en Centroamérica”.
En el caso de la actividad comercial también disminuirá significativamente, debido a los altos niveles de desempleo. El crecimiento de la agricultura se verá frenado por los precios relativamente bajos de los productos agrícolas, así como los desafíos estructurales que enfrenta la industria del café, indica.
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Y agrega: “la industria manufacturera será apoyada por la inversión extranjera, particularmente en el sector textil, pero la industria del cigarro continuará luchando. Una desaceleración en la actividad de construcción privada mantendrá la contribución de la construcción moderada”.
Y en el caso del sector minero, que también es un receptor clave de inversión extranjera, “han mejorado ligeramente, ya que los precios de los metales comienzan a recuperarse y la producción aumenta como resultado de la nueva capacidad de extracción de oro”.