Alianza Cívica rechaza Ley de Amnistía y la considera una ley de impunidad

Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica, hizo hincapié en que los delitos de lesa humanidad, como los que se cometieron en Nicaragua según la CIDH, no pueden ser objeto de amnistía

La Alianza Cívica brindó una conferencia de prensa este sábado mientras se aprobaba la Ley de Amnistía de la dictadura. LA PRENSA/R. Fonseca

La Alianza Cívica (AC) mostró ayer sábado su rechazo a la recién aprobada Ley de Amnistía del dictador Daniel Ortega y aseguró que esta normativa es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el Estado de Nicaragua, porque impide la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Azahalea Solís, de la AC, dijo que los delitos de lesa humanidad no pueden ser amnistiados y estos tampoco prescriben.

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“Estamos frente a una ley de impunidad, una ley de autoamnistía que se ha otorgado el régimen de Ortega, que está prohibida por los derechos internacionales, que está prohibida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nicaragua está obligada a respetar el derecho americano, Nicaragua está obligada a actuar con base en los derechos humanos”, afirmó Solís.

Señaló que esta ley busca proteger a los paramilitares y a los miembros del régimen orteguista “que participaron en los horrorosos crímenes de lesa humanidad ocurridos el año pasado”.

Mientras el diputado Edwin Castro señaló en el plenario de la Asamblea Nacional que la ley traerá paz, la AC considera que la impunidad nunca trae paz y por el contrario trae división y exclusión.

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“La paz verdadera debe estar basada en la justicia y por eso nosotros hemos dicho que demandamos verdad, justicia, reparación y no repetición, y para eso sugerimos y hemos señalado que hay otras alternativas y que no era necesaria una amnistía”, aseveró Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza.

Además recordó la propuesta que había hecho un grupo de abogados sobre las rutas alternativas para dar una solución jurídica a la situación de los presos políticos.

Ley quita derechos a los ciudadanos

Por su parte José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), manifestó que la ley cuando habla de no repetición le quita los derechos a los ciudadanos de libre manifestación, de tal manera que iría en contra de los acuerdos firmados.

“¿Qué significa esto? Que las personas que salgan de este proceso, si ellos (los dictadores) consideran que vuelven a hacer algo que a ellos no les gusta, pueden volver a ser capturadas, pero no hay una no repetición de parte de los que cometieron delitos en contra de estas personas”, sostuvo Aguerri.

Esta ley, que fue aprobada ayer, ha generado un amplio rechazo tanto a nivel nacional como internacional, porque pretende dejar impunes los crímenes que se cometieron desde el 18 abril de 2018 en contra de los nicaragüenses por ejercer su derecho a la protesta cívica.

No todos los presos podrían salir

José Adán Aguerri, presidente del Cosep, sostuvo que con la Ley de Amnistía que aprobó la aplanadora de diputados orteguistas podrían no liberar a todos los presos políticos. “Pudiera quedar gente detenida a pesar de que hay un compromiso de la Organización de Estados Americanos de que tienen que salir todos, entonces tenemos que esperar a que eso se dé, eso es lo que para nosotros es la condicionante que nos permitiría volver a hablar de negociación”, dijo Aguerri.

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