Exiliados coinciden en que Ley de Autoamnistía no es garantía para el retorno a Nicaragua

La Ley de Autoamnistía suspende todos los cargos contra todas las personas encarceladas y con órdenes de capturas involucradas en las protestas ciudadanas desde el 18 de abril de 2018

Los exiliados comparten las habitaciones en las casas de refugio y, pese a estar lejos, no olvidan su país. Una bandera de Nicaragua colgada en la pared se los recuerda. LA PRENSA/J. Flores

Estudiantes, periodistas, políticos y promotores sociales que fueron forzados a exiliarse, debido a las amenazas de muerte por simpatizantes orteguistas y de ser encarcelados por el régimen de Daniel Ortega, consideran que la Ley de Autoamnistía aprobada por la dictadura no ofrece garantías de que si regresan a Nicaragua sus vidas serán respetadas.

El líder universitario Jeancarlos López, el periodista Luis Galeano, y los políticos Luciano García y Félix Maradiaga son parte de los más de doscientos nicaragüenses con órdenes de captura perseguidos por la dictadura, quien los acusó de terrorismo, crimen organizado, incitar al odio, entre otros delitos. Para ellos la autoamnistía a quienes beneficia es a Ortega, Rosario Murillo, sus altos funcionarios, paramilitares y policías señalados de asesinar.

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López, miembro de la Alianza Cívica (AC), dijo que la autoamnistía “es una farsa”, al igual que la ley de reparación de víctimas y la del programa de retorno promovidas por la dictadura.

“Es inaceptable completamente, ellos lo utilizan para condicionar la liberación de los presos políticos, que ya era un acuerdo, y el otro motivo es proteger a sus paramilitares y crear un especie de sentimiento de avance” en la crisis sociopolítica, afirmó López vía telefónica desde Estados Unidos, donde está desde septiembre pasado.

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López participó en el fallido primer diálogo nacional, pero se exilió al ser involucrado por la Policía Orteguista (PO) de participar en la quema de la casa del barrio Carlos Marx, donde murió la familia Pavón, incluyendo dos niños.

Videos y testigos de la quema de la vivienda de la familia Pavón, el 16 de junio del 2018, involucran a la PO y paramilitares en ese crimen; sin embargo, el régimen ha intentado desvirtuar los hechos culpando al Movimiento 19 de Abril y a defensores de derechos humanos.

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La Ley de Autoamnistía suspende todos los cargos contra todas las personas encarceladas y con órdenes de capturas involucradas en las protestas ciudadanas desde el 18 de abril de 2018, pero la dictadura condicionó la libertad al cercenar el derecho a manifestarse con ser nuevamente encarcelados y reabrirles los procesos.

Condiciones necesarias

Aún en el exilio líderes de los movimientos sociales han seguido activos, denunciando ante organismos de derechos humanos y gobiernos la represión en Nicaragua.

Los exiliados también demandan el regreso de los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, como la CIDH y Acnudh, para que conformen un equipo de seguimiento al programa de seguridad antes del regreso de los nicaragüenses con acusaciones y órdenes de capturas políticas.

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El periodista y director del programa Café con Voz, Luis Galeano, dijo que mientras los paramilitares no sean desarmados, el asedio y hostigamiento no cesarán contra los opositores, por lo que él no arriesgará la seguridad de su familia regresando al país.

Galeano se exilió en EE. UU. en diciembre pasado, luego que la PO asaltó el canal 100% Noticias y secuestraran al director y jefa de prensa, respectivamente, Miguel Mora y Lucía Pineda, hoy en libertad.

“Una persona sensata sabe que la amnistía es una trampa de Ortega para autoperdonarse, y aceptarla es aceptar que somos culpables de lo que nos acusan, cuando los criminales son ellos”, afirmó Galeano.

No renuncian a protestas

Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, y Félix Maradiaga, director del Ieepp, fueron acusados por la Fiscalía orteguista de usar esas organizaciones para recibir financiamiento del narcotráfico internacional con el propósito de “desestabilizar al Gobierno”, versión en la que usaron a Christian Mendoza, alias Viper. Maradiaga se exilió en EE. UU. y García en Costa Rica, donde siguen incidiendo con organismos internacionales contra el régimen, pero no reconocen la autoamnistía porque defienden su inocencia. “Rechazo la legitimidad del régimen de Ortega y cualquiera de sus leyes espurias” y “jamás renunciaría a mi derecho humano y constitucional a la libre protesta pacífica”, aseveró Maradiaga.

Luciano García perdona al Viper

Christian Mendoza, alias Viper, al ser liberado esta semana reveló que fue obligado por la PO para acusar a Luciano García y Félix Maradiaga de los delitos de narcotráfico. Este jueves García afirmó que perdonaba al Viper, “porque fue víctima del régimen, quien lo torturó”. Pero García solo retornará al país cuando Ortega deje el Gobierno, pues la autoamnistía “a todas luces es represiva y coarta las libertades, por lo tanto es inconstitucional”.

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