Orientan a jueces penales que los casos de presos políticos queden «suspendidos, no cerrados»

Según una fuente judicial, el magistrado Gerardo Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, les informó a los jueces penales que "los casos de los azul y blanco están suspendidos por orden de arriba".

Presos políticos, Nicaragua

Presos políticos liberados por el régimen. LA PRENSA/Cortesía

Durante una reunión realizada en el edificio del Complejo Judicial Central de Managua, el reciente viernes 14 de junio, les habrían orientado a todos los jueces penales que llevan casos contra presos políticos del régimen de Daniel Ortega que dichos juicios “solo están suspendidos por orientaciones de arriba” y, por lo tanto, no aplicarán la Ley de Autoamnistía, según fuentes judiciales.

De acuerdo con una fuente, que por temor a represalias pidió no revelar su nombre, el magistrado Gerardo Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, convocó a reunión a mediodía a todos los jueces penales para informarles que “los casos de los azul y blanco están suspendidos por orden de arriba, no están cerrados”, detalló.

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La Ley de Autoamnistía orteguista fue aprobada por diputados oficialistas el pasado 8 de junio durante una sesión especial de la Asamblea Nacional; sin embargo, a pesar de su vigencia, ningún juez ni magistrado del poder judicial la ha aplicado y, por el contrario, siguen reprogramando audiencias para julio y agosto, afirman abogados defensores de presos políticos.

El abogado Julio Montenegro explicó que está dando tiempo hasta este martes 18 de junio, último día que tiene el régimen orteguista para liberar a todos los presos políticos en cumplimiento de los acuerdos firmados con la Alianza Cívica (AC) en marzo de este año, para empezar a meter escritos solicitando información sobre la situación legal de cada reo político al juzgado correspondiente.

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“Mañana (hoy) es la fecha tope, esperamos que empiecen a entregar las sentencias de sobreseimiento basadas en la Ley de Amnistía”, dijo Montenegro.

Al respecto, Yonarqui Martínez aseguró que está a la espera del cumplimiento del acuerdo de liberación, de lo contrario, también presentará escritos ante los juzgados para que los jueces se pronuncien y digan en qué condición legal está cada uno de los excarcelados.

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“A ningún preso político se le entregó sentencia que respalde su libertad, jurídicamente están inciertos”, sostiene Martínez.

En ese sentido, Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza Cívica (AC), aseguró ayer en una conferencia de prensa que se ha liberado a 620 presos políticos, sin embargo, no se les ha cerrado la situación jurídica, por lo que su situación legal es incierta.

Asimismo, la AC refirió que aún faltan por excarcelar a 85 presos políticos, que están prisioneros en las celdas de la cárcel La Modelo, en Tipitapa, pero el régimen no los reconoce como tal y los tiene como presos comunes.

Rechazan ley

Los autoconvocados liberados han manifestado su rechazo a dicha ley, pues consideran que son inocentes, porque protestar y marchar no es delito.

Penalistas, como el exprocurador Alberto Novoa, Boanerge Fornos, Maynor Curtis y Elton Ortega sostienen que esta ley debe ser aplicada por jueces y magistrados y no debe estar condicionada su aplicación, a como lo hace el artículo 3 de esa normativa, el cual manda a revocar la libertad en caso de que los beneficiados participen nuevamente en protestas, lo que es inconstitucional.

“Ninguna ley se puede aplicar de forma retroactiva, a menos que beneficie al reo”, dijo Novoa.

El régimen ha incumplido con su misma Ley de Autoamnistía, pues no ha dictado sentencias de sobreseimiento ni ha mandado a cancelar de oficio los antecedentes penales de los presos por conciencia, dejándolos en un limbo jurídico.

Es estrategia

Para Fornos, coordinador del grupo de abogados de Acción Penal, que defiende a autoconvocados, con esta nueva orientación a jueces, lo que el régimen pretende es esperar resultados de las sanciones internacionales, si se recurre por inconstitucionalidad de la Ley de Autoamnistía, para no cerrar los casos de forma definitiva y tener abiertos los procesos de forma estratégica.

“Recuerde que lo que manda la ley es dictar sentencias de sobreseimiento y cancelación de antecedentes penales y nada de esto ha ocurrido”, recalcó Fornos.

El poder judicial ha actuado como aparato represivo de la dictadura al criminalizar las protestas, junto al Ministerio Público. Una vez más queda clara su falta de independencia, resaltó Fornos.

Juicio para julio

Un caso reciente de reprogramación es el de los autoconvocados Rogelio Ortega, César Fernández Castillo, Johana Espinoza, Cindy Castillo, Franklin López, Brenda Muñoz Martínez, José Miguel Castro y Marvin Oporta Mora, el cual fue reprogramado para el 17 de julio en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua.

La juez Araceli Rubí reprogramó la audiencia a pesar que la Ley de Autoamnistía ya estaba en vigencia. La judicial argumentó fuerza mayor porque el Sistema Penitenciario no había llevado a Ortega, quien el martes 11 de junio fue liberado. “Los jueces deberían aplicar la ley de forma oficiosa y no seguir reprogramando”, expresó el abogado Elton Ortega, defensor de Brenda Muñoz.

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