El lunes de esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó en la ciudad estadounidense de Miami una reunión muy importante, en la que se examinó la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
En el evento participaron la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena; el secretario ejecutivo, Paulo Abrão; la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola; el jefe de despacho del secretario general de la OEA, Gonzalo Koncke, y el vicepresidente del Grupo de Trabajo de la OEA para Nicaragua, embajador de Chile Hernán Salinas. Además intervinieron en la reunión defensores nicaragüenses de los derechos humanos y presos políticos recién liberados por la dictadura de Daniel Ortega.
Ese mismo día la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) presentó un informe sobre las violaciones ocurridas entre enero y mayo de este año. La CPDH registró en ese período 1,400 denuncias de secuestros, detenciones ilegales, asedio, persecución y despidos laborales en el sector público por represalias políticas, e informó que desde el estallido social de abril del año pasado recibió más de 4,500 denuncias de violaciones a los derechos humanos, mayormente amenazas de muerte.
Estas evidencias de que no cesan las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, son denunciadas en vísperas de que en la comunidad democrática internacional se tomarán decisiones sobre la aplicación de drásticas sanciones a la dictadura orteguista.
Al respecto el jefe de despacho del secretario general de la OEA dijo que se “requiere la libertad de todos los presos políticos, el restablecimiento de libertades civiles y políticas, garantías para el retorno seguro de todos los exiliados, reformas y avances electorales de fondo que permitan una situación institucional nivelada con elecciones justas y transparentes con todos los elementos contenidos en la Carta Democrática Interamericana…”. A su vez el vicepresidente del Grupo de Trabajo de la OEA para Nicaragua informó que el tema está en la agenda de la Asamblea General de la OEA, a realizarse en Medellín, Colombia. Y señaló que “el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana… constituye un aspecto fundamental de la acción de los Estados miembros con relación a la situación de Nicaragua”.
También Estados Unidos y la Unión Europea evaluarán en los próximos días la situación de Nicaragua a fin de tomar decisión sobre la aplicación de sanciones al régimen de Ortega, a menos que ponga en libertad a todos los presos políticos, que respete los derechos humanos y demuestre interés en acordar con la oposición un plan para la transición a la democracia.
Pero Ortega está haciendo lo contrario. Sigue violando de manera flagrante los derechos humanos, no cumple los acuerdos suscritos con la Alianza Cívica, se niega a liberar a los casi 90 presos políticos que todavía están en la cárcel, y no da señales de estar dispuesto a aceptar la celebración de elecciones libres anticipadas.
Al parecer lo que quiere Ortega es que le apliquen las sanciones internacionales. Quizás cree que podrá sobrevivir a ellas y que le servirán para justificar la radicalización de la dictadura.