Régimen orteguista realiza festín con los bienes incautados a los presos políticos



Régimen orteguista realiza festín con los bienes incautados a los presos políticos

“Retiré mi carro en la Policía de Juigalpa. Estaba desbaratado, lo anduvieron usando”, dijo Nardo Sequeira, abogado de Acoyapa, Chontales.

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La libertad de los presos políticos es una demanda constante de los ciudadanos. LAPRENSA/ Archivo.

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La Policía Orteguista (PO) está empezando a regresar los bienes incautados a presos políticos excarcelados en los departamentos, pero en muy mal estado y bajo amenazas, han denunciado los afectados. Incluso a uno de ellos le cobraron veinte mil córdobas por parqueo privado de su camioneta, porque la PO en vez de trasladarla a depósitos estatales debido a que estaba bajo su resguardo, la metió en parqueo particular.

“Retiré mi carro en la Policía de Juigalpa. Estaba desbaratado, lo anduvieron usando”, dijo Nardo Sequeira, abogado de Acoyapa, Chontales.

Sequeira fue acusado de terrorismo y otros delitos por protestar contra el régimen orteguista.

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“Las llantas están gastadas y las acababa de cambiar cuando lo sacaron de mi casa (el vehículo), le dañaron la manecilla de la puerta del conductor y todavía el policía me amenazó y me dijo que la Policía era mi enemiga”, resaltó Sequeira.

Agregó que desde que lo excarcelaron, policías de civil lo persiguen. “Responsabilizo a la Policía por cualquier cosa que me pasé. Le dije a la Policía si a mí me matan los culpables son ustedes”, aseguró.

El afectado contó que un policía tuvo el descaro de decirle: “Es bueno su carro, bien estable”.

En Jinotepe

Mientras la Policía de Jinotepe le entregó también en mal estado la camioneta, placa CZ 4272, al excarcelado Domingo Lacayo e incluso le cobraron veinte mil córdobas por parqueo privado.

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“Tenían mi camioneta de basurero, no sirve. Después de usarla porque se ve el deterioro, la fueron a dejar a un parqueo privado, que de seguro son compadre hablado, y me estaban cobrando veinte mil córdobas y les dije que yo no tenía nada que pagar porque yo no la metí ahí. Mi camioneta estaba en mi casa, pero como la necesitaba tuve que pagar nueve mil córdobas, ahí tengo el recibo, para que me la dieran”, dijo Lacayo, quien fue acusado de terrorismo y otros delitos en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua.

A Lacayo también le tienen decomisado un revólver, marca Tauro T 57, de ocho proyectiles. “Me dijeron que lo regresarían hasta que el juez dicte lo que quiera. También me tienen un teléfono digital, pero no salió como evidencia y tampoco se lo entregaron a mis familiares, así que está robado”, acotó el afectado.

Aparte de eso se robaron unos capotes que andaba en la camioneta y unos sacos de concentrado. “Esto sin meter cómo la Policía llegó y me destrozó mi casa y los muebles”, añadió.

Desaparecen celulares

La abogada Yonarqui Martínez, defensora de presos políticos, detalló los bienes que fueron incautados a sus 105 representados y explicó que estos deben ser devueltos en la misma condición en que fueron incautados.

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“Todos los bienes ocupados están en manos de la Policía y tienen que regresarlos en el mismo estado en que se encontraban al momento de la ocupación”, dijo Martínez.

La abogada agregó que legalmente los bienes ocupados deben estar en resguardo del Centro Nacional de Evidencia, pero están a la orden del juez como evidencia y, por tanto, son los judiciales quienes deben girar orden al centro de evidencia de la Policía Orteguista para que entregue los bienes.

El preso político Kevin Pérez, de Estelí, dice que la PO le tiene dos motos retenidas y un iPad, pero no aparece un celular táctil de él y los teléfonos de los otros tres acusados en su mismo caso.

“El día que nos llevaron, todos andábamos celulares y ahora no aparecen ofrecidos como evidencia. Pienso que fueron los mismos policías los que los agarraron”, expresó Pérez, quien pide le regresen pronto sus motos porque son sus herramientas de trabajo.

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Según la Ley de Amnistía (también conocida como Ley de Autoamnistía) que entró en vigencia el pasado 10 de junio, los casos contra autoconvocados deben estar cerrados, cancelados los antecedentes penales y regresados sus bienes.

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