Juristas consultados por LA PRENSA explicaron que no habría problemas de legitimidad con las leyes que sean aprobadas y promulgadas en el Legislativo con el voto del presidente Gustavo Porras, pero observaron que quedó un vacío con el tema de los préstamos, por cuanto las sanciones de Estados Unidos y Canadá contra el diputado orteguista son de carácter financiero.
Porras permanece como presidente de la Asamblea Nacional, pero sin funciones administrativas.
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Este martes, los diputados orteguistas reformaron con trámite de urgencia la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Ley 606), quitando las facultades administrativas y control presupuestario a la figura del presidente de ese poder del Estado, esto para intentar evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá contra Porras, uno de los principales operadores políticos de la dictadura.
Porras: “condecoración”
Porras reaccionó este martes por primera vez de forma pública a la sanción que le impuso Canadá por violación a los derechos humanos, y EE. UU. por eso mismo, además de corrupción.
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“Es realmente un orgullo, para mí es un reconocimiento, es una condecoración que el imperio asesino hable de lo que él le llama sanción. Esa es la condecoración a los nicaragüenses dignos y para mí es un orgullo pertenecer a ese colectivo”, aseguró Porras en el hemiciclo de la Asamblea Nacional.
Los setenta diputados orteguistas reformaron el artículo 44 de la Ley 606 para transferir al secretario ejecutivo de la Asamblea Nacional el control administrativo, financiero y del personal.
El experto en temas constitucionales Gabriel Álvarez dijo que es necesario que en la Asamblea Nacional se aclare cómo se evitaría un problema con la relación a los organismos financieros internacionales, por cuanto las sanciones suponen que no pueden tener relación con los sancionados, como lo es Porras.
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El presidente del Legislativo es un voto más, pero su firma acompaña la publicación de toda ley y decreto legislativo que refrenda los contratos de préstamos y donaciones adquiridos por el Ejecutivo, con organismos multilaterales y gobiernos.
Álvarez afirmó que jurídicamente la reforma a la Ley 606 “es inconstitucional porque los diputados no tienen facultad para introducir iniciativas de ley con el trámite de urgencia”, ya que esa es una facultad única del presidente de la República.
Álvarez criticó que los diputados del régimen prefieran manosear la ley a conveniencia que remover a Porras del cargo.
Álvarez explicó que “desde el punto de vista jurídico con la presencia de Gustavo Porras como presidente o como diputado no afecta la validez de las leyes” porque la sanción es en carácter personal, no a la institución, y en este caso la aprobación de las normas “son producto de un acto colegiado, siempre que cumplan con los procedimientos”.
El punto que debe aclararse, según Álvarez, es “si los organismos multilaterales no objetarán que los decretos de los préstamos lleven la firma de Porras”, puesto que las sanciones de EE. UU., que es uno de los principales cooperantes de los organismos, prohíben relaciones con los sancionados por corrupción.
“La política de negación patológica de este gobierno está metiendo a las instituciones en una maraña en la que todos los nicaragüenses seremos afectados”, dijo Álvarez.
Conserva el poder
En la reforma de la Ley 606 se dejó que ahora al secretario ejecutivo lo nombra la junta directiva; sin embargo, para la opositora Violeta Granera eso solo es una movida “cosmética” porque Porras conserva el control político.
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“El hecho es que ya es un muerto civil y las sanciones cubren a su familia y allegados. El régimen demuestra que se ejerce de manera ilegítima, pero trata de mandar un mensaje a su base para calmarla”, afirmó Granera.
Se burla, dice Vargas
Óscar René Vargas, sociólogo y analista político, señaló que el dictador Daniel Ortega se “burla” de EE. UU. porque al mantener a Gustavo Porras presidiendo la Asamblea, a Fidel Moreno como secretario de la Alcaldía de Managua, a Francisco Díaz como jefe de la Policía, “les dice que no le importan las sanciones”. “Un gobierno democrático sí tendría que remover a esos funcionarios, pero esta es una dictadura y es el error de los norteamericanos, creen que las sanciones individuales suponen un efecto político”, afirmó.