La reciente Asamblea de la OEA en Medellín, de tanta atención para los nicaragüenses por la crisis, y también hay que decirlo, por las desafortunadas declaraciones de Almagro, no ha sido la única en esa ciudad colombiana. Hace 11 años exactamente se realizó ahí otra. Asistí a la misma para entrevistarme con el entonces secretario general, José Miguel Insulza, porque Ortega había despojado recientemente de su personería jurídica a la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), de Eduardo Montealegre, y al Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Meses antes, había empezado la construcción de la dictadura, y así se lo dije a Insulza, y si entonces en el lenguaje diplomático se hablaba de autoritarismo, en algún punto derivó a la sangrienta dictadura que tenemos, y no empezó solamente con la matanza iniciada en abril de 2018.
Ya entonces, en junio de 2008 en Medellín, habían iniciado su acción las fuerzas de choque orteguista, que derivarían en los paramilitares, con actividades represivas durante la campaña electoral municipal de 2008, que terminarían en el fraude de las mismas en Managua, Masaya, León y 50 municipios. Siguió la violencia e irregularidades de las elecciones presidenciales y legislativas de 2011, cuando le “taparon” el radar al jefe de Observadores de la OEA, y la misión de la Unión Europea dijo en su informe que los resultados de esas elecciones eran imposible verificar. La matanza de El Carrizo, en Madriz, el asesinato de los hijos de la campesina Elea Valle y otros en las montañas, pasando por la violencia de OcupaINSS y contra diversas ONG, solamente anticiparon la matanza de abril, mayo y junio del año pasado, y el clima de terror que la dictadura ha establecido, incluyendo la exclusión total de la oposición en las elecciones de 2016.
Esa apretada síntesis revela sistematicidad progresiva, y no hechos puntuales, de avasallamiento del Estado de Derecho y los derechos humanos. La complacencia nacional e internacional con los regímenes de Nicaragua y Venezuela, solamente postergaron sus tragedias humanas e institucionales. Las características diferenciales entre ambos casos no omiten el denominador común dictatorial, que es lo que importa en términos democráticos y de derechos humanos.
Nosotros debemos insistir en la vía cívica para resolver la crisis, pese a las declaraciones de Almagro que debilitan las negociaciones porque alientan a Ortega y erosionan la credibilidad de la Alianza Cívica, porque esa lucha pacífica mantiene el aislamiento nacional e internacional de la dictadura, cuyos horrores no empezaron recientemente.