Un grupo de 15 abogados defensores de presos políticos presentó la mañana de este lunes en los juzgados de Managua recursos de reposición a los autos (mandatos judiciales) emitidos la semana pasada donde cerraban los casos a algunos autoconvocados mediante la Ley de Amnistía, conocida como Ley de Autoamnistía, sin embargo, piden que se repongan por sentencias absolutorias de sobreseimiento (cierre definitivo).
Los abogados piden sentencias basadas en el artículo 72, numeral 10, del Código Procesal Penal (CPP), referente a la extinción de la acción penal por existencia de Ley de Amnistía.
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Ley de Amnistía mal intencionada
La abogada Nohemí Guerrero manifestó que los mandatos judiciales son una “artimaña jurídica” y que están bajo términos “mal intencionados” para que en el futuro, cuando el ciudadano ejerza su derecho a la protesta, puedan tomarlo como “reincidencia, se abre la causa y se le impone la pena y se le procesa nuevamente por otro delito”.
“Ellos (los jueces) están sabido lo que están haciendo, es una mera manipulación porque están obedeciendo al Ejecutivo y no están ajustados al Derecho”, dijo Guerrero.
De igual manera que ordene la cancelación de antecedentes penales y la devolución de bienes incautados a sus representados.
“Los autos (mandatos judiciales) que dictaron los jueces no están apegados a derecho. Normalmente cuando una persona es beneficiada con amnistía se decreta la extinción de la acción penal, la extinción de la responsabilidad penal, se dicta un sobreseimiento que significa que ya no se puede volver a abrir (el caso), y por último se debe ordenar la devolución de los bienes ocupados. Ninguno de estos hacen los jueces, simplemente le quitan las medidas cautelares y archivan las diligencias”, explicó Maynor Curtis, abogado de los excarcelados Max Cruz Gutiérrez y Luis Miguel Díaz Barrios, quienes ya recibieron la notificación de “archivo” de sus casos.
Auto no es sentencia
La abogada Nohemí Guerrero aclaró que los jueces no han extendido sentencia absolutoria, sino que han sido autos “de manera oficiosa” y “fuera del margen de la ley”, en los cuales no se da el debido proceso que requiere la situación.
“No es lo mismo un auto, que no está resolviendo, a una sentencia porque esta dice ‘por tanto resuelve’ y se hace el sobreseimiento… Esto debe hacerse por medio de sentencia, dando un sobreseimiento definitivo donde se agote la acción penal por la cual fue acusada la persona, tanto en su principal como en su accesorio, lo que implicaría que ellos deben devolver los bienes ocupados”, señaló Guerrero.
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Recibieron estos autos los autoconvocados Max Cruz y Luis Miguel, originarios de Masaya, los hermanos Esteban Lesage: Luis Miguel, Jean Carlos y Harvin Roberto, así como Josué Rojas Álvarez (de Jinotepe). También Lázaro García, Ruth Matute, su esposo Dany García y Hugo Arista. Además los estelianos Kevin y Kitzel Pérez, entre otros.
Presos políticos piden la devolución de sus bienes
Pedro José Estrada Ortiz y Kevin Solís, presos políticos excarcelados, también se presentaron a los juzgados de Managua para exigir la devolución de los bienes, entre los cuales está una moto valorada en 35 mil córdobas.
De acuerdo con los afectados, al momento de su detención ellos se encontraban en una casa de seguridad. La Policía Orteguista (PO) les hurtó sus documentos personales, dinero, teléfono, moto, ropa, cocina, refrigeradora, entre otros.
Acusan a hermano de excarcelada
El abogado Maynor Curtis manifestó que a pesar de que exista una Ley de Amnistía, la PO sigue intimidando y acosando a los presos políticos excarcelados. Como es el caso de Carlos Matus Méndez, hermano de la excarcelada Karla Vanessa Matus Méndez, conocida como la Flaca.
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El joven de 19 años fue secuestrado el 24 de junio por la PO. Al día siguiente se le realizó una audiencia mixta preliminar y ahora está programado la audiencia de juicio para el 26 de julio. Carlos Matus está detenido en la estación policial de Ciudad Sandino y acusado de supuesto robo agravado, ocurrido en mayo de 2018, en plena represión orteguista.
“Esto es una especie de represión contra los presos políticos, porque ya a ellos que los metan de nuevo presos no les va a doler porque ya saben cómo es la cosa (dentro de la cárcel), en cambio, se sienten imposibilitados de ver a sus parientes cuando los capturan”, refirió Curtis.
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Ciudadana sigue detenida
Iris del Carmen Madriz Prado, de 64 años, con nacionalidad estadounidense, lleva cinco días detenida en el nuevo Chipote, sin que pueda ver a sus familiares.
Su hermana María José Madriz expresó que la PO solo le recibió la comida, pero que no le da razón de su detención.
Iris Madriz tiene problemas de salud, por lo que su hermana teme por su vida.