Por tercera vez en lo que va de 2019, las sistemáticas violaciones de derechos humanos en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han sido expuestas ante el mundo desde las tribunas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y según el nuevo reporte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (Oacnudh), la represión contra la ciudadanía se sostiene en el país.
Así lo expuso este 10 de julio la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas, Kate Gilmore, en la actualización del informe presentado el 21 de marzo de este año, cuando se aprobó la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” con 23 votos, 3 en contra y 21 abstenciones.
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“Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de trescientas personas, dos mil heridos y más de setenta mil personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas”, dijo Gilmore, quien reconoció que la liberación de una parte de los presos políticos fue un “paso alentador”, que contrasta con el acoso, amenazas y agresión contra los excarcelados, y nuevas detenciones y secuestros políticos.
El asesinato de Eddy Montes
“Las sucesivas liberaciones de personas privadas de libertad en relación con las protestas de 2018 fueron pasos alentadores. 442 personas han sido puestas en libertad desde el 27 de febrero de 2019; 336 de ellas bajo medidas alternativas a la detención, mientras que 106 fueron puestas en libertad en aplicación de la recientemente adoptada Ley de Amnistía. El Gobierno indicó que ha liberado a todas las personas detenidas en relación con las protestas”, expuso la alta funcionaria.
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“Sin embargo, según diversas fuentes, más de ochenta personas permanecen bajo custodia en condiciones severas de detención. Estamos profundamente preocupados por la situación de las personas privadas de libertad en relación con las protestas. Nuestra Oficina ha recibido denuncias de que algunos de ellos fueron sometidos a tortura o malos tratos por parte de los oficiales de corrección”, denunció Gilmore, quien revivió el asesinato en la cárcel del preso político Eddy Montes en mayo pasado, justo cuando en Ginebra se realizaba el Examen Periódico Universal a Nicaragua y se denunciaban masivamente las violaciones de derechos humanos desde que la dictadura desatara la represión el 18 de abril de 2018.
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“El 16 de mayo de 2019, en medio de protestas dentro de la prisión de La Modelo, un detenido fue asesinado, presuntamente por un oficial de Policía que había disparado, mientras que varias personas resultaron heridas, entre ellas agentes de Policía. Instamos a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento”, señaló la funcionaria.
No a la impunidad
Gilmore, junto a otros países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, demandó justicia, diálogo, reparación y no impunidad a los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua tal y como lo establece la Ley de Amnistía de la dictadura.
“La Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio de 2019, contiene ambigüedades que pueden beneficiar a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas. Como lo destacó el Alto Comisionado en un reciente comunicado de prensa, la Ley de Amnistía en su forma actual no garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, ni la Ley de Atención Integral a las Víctimas. Ambas leyes fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas”, dijo la Alta Comisionada Adjunta, quien de paso anunció que Oacnudh está lista “para ayudar a asesorar sobre cómo se pueden mejorar estas leyes”.
No repetición de represión
Gilmore recriminó al régimen que si bien existe información documentada y verificada de comisión de graves delitos internacionales, la dictadura sigue negando su responsabilidad: “Si bien nuestra Oficina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de los Estados Americanos han documentado graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas, el Gobierno continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales y elementos armados progubernamentales (paramilitares). Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”.
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A la organización mundial de derechos humanos le sigue preocupando la falta de voluntad de la dictadura para retomar con seriedad el diálogo nacional y tratar de encontrar soluciones democráticas a la crisis de represión estatal.
“Seguimos preocupados por la suspensión de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica desde abril de 2019, y por la no aplicación de los dos acuerdos alcanzados anteriormente, en particular sobre el fortalecimiento de los derechos y salvaguardias de los ciudadanos”, dijo Gilmore, quien denunció que la Policía Orteguista continúa violando los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense, pese a la firma de acuerdos donde se establece la restitución de estos derechos constitucionales.
La Alta Comisionada Adjunta anunció que existe la posibilidad de una reunión este mes para analizar el compromiso del régimen en el retorno de la misión a Nicaragua, luego de su expulsión en 2018.
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“Consideramos un paso positivo la información proporcionada por el Gobierno el 5 de julio de 2019, sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y la participación del ministro asesor del presidente (Valdrack Jaentschke) en una sesión de trabajo que tendrá lugar el 13 de julio en nuestra oficina regional en Panamá”, dijo Gilmore.
Informe claro y demoledor
Para Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos en Ginebra, el informe de Oacnudh es claro y contundente y refleja que la dictadura de Nicaragua ha hecho de la represión una política de Estado sin excepción. “El informe va en la línea firme de sostener la denuncia y presión sobre los abusos del régimen”, dijo Muñoz.
De igual manera, la doctora Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos rechaza, por faltar a la verdad, la comparecencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, donde sus enviados presentaron una falsa realidad del país, haciendo creer que respetan los derechos humanos de los nicaragüenses. Una vez más el régimen miente, al afirmar que en Nicaragua se respeta la libertad de manifestación, pues desde septiembre de 2018 ha conculcado este derecho a través del uso excesivo de la fuerza pública reprimiendo el derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente e instaurando un estado policial que persiste.
Para Julio Montenegro, abogado defensor de presos políticos, el informe presentado ante la ONU sobre violaciones a derechos humanos fue contundente y ratificó que se mantiene el asedio contra excarcelados y la protección en la Ley de amnistía a los paramilitares, policías y funcionarios públicos encargados de la represión y encarcelación.