La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes, mediante su cuenta en Twitter, que “urge el cese del hostigamiento” a defensores de derechos humanos en Nicaragua, después que unas seis patrullas de la Policía Orteguista (PO) rodearan el edificio donde funcionan las oficinas de los Defensores del Pueblo, formado por un grupo de abogados que defienden a los presos políticos del régimen de Daniel Ortega.
Además, recordó al Estado de Nicaragua que “obstaculizar la labor de defensoras y defensores, así como desestimar las medidas provisionales determinadas por la CIDH, constituyen incumplimientos de sus obligaciones internacionales”.
El asedio contra los abogados inició a eso de las 8:40 a.m. de este martes, cuando seis patrullas con unos treinta efectivos de las fuerzas especiales de la PO se estacionaron en las dos vías de acceso a las oficinas de los abogados coordinados por Julio Montenegro y rodearon las instalaciones, ubicadas en Los Robles, Managua.
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Luego uno de los jefes al mando de las patrullas empezó a realizar fotos y videos a quienes entraban y salían del edificio. De igual manera, en la calle de acceso en la parte trasera del edificio detenían a los vehículos y les tomaban los datos, según denunció Montenegro.
Según Montenegro, el asedio se dio porque había cinco personas que estuvieron atrincheradas entre mayo y julio de 2018 en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) interponiendo denuncia de cinco detenidos en la última semana, entre estos, uno de Sébaco, Matagalpa, que está desaparecido.
LAPRENSA/ Martha Vásquez.
“Se siente como un asedio, pero estamos acostumbrados, ya lo hemos venido viviendo. Aunque sí están obstaculizando el derecho que tienen los ciudadanos a denunciar la violación de sus derechos, así como las medidas cautelares a favor de los defensores de derechos humanos”, dijo Montenegro.
La CIDH ha destacado la importancia de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, al señalar, por ejemplo, que “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades”.
Además, ha recalcado que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos.
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El año pasado, la CIDH otorgó medidas cautelares de protección a miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y a los del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). El régimen orteguista arrebató la personería jurídica al Cenidh.
Alianza Cívica denuncia
Por otra parte, la Alianza Cívica (AC) denunció ayer “la consolidación de un estado policial que utiliza todos los poderes del Estado para reprimir y criminalizar la protesta cívica y la disidencia en Nicaragua en franca violación de los derechos y garantías constitucionales de todos los nicaragüenses”.
También respaldó la actuación de los abogados defensores de presos políticos excarcelados, quienes el último lunes interpusieron incidentes de nulidad contra el rechazo a los recursos de reposición, vía remedio, que habían presentado para que los jueces dictaran sentencia de sobreseimiento definitivo y tramitaran la devolución de los bienes decomisados a los presos políticos.
“…los jueces en los procesos contra los excarcelados políticos deben en forma inexcusable dictar ‘sentencias de sobreseimiento’ a favor de estos, por cuanto la norma legal citada en forma expresa establece que el sobreseimiento se dispondrá mediante sentencia, cuando exista certeza absoluta entre otras, que ‘la acción penal se ha extinguido’”, dice el comunicado de la AC.
Jueces cómplices
“…los jueces en complicidad con el régimen están evadiendo dictar, conforme lo establece el artículo 156 CPP, sentencias de sobreseimiento que tienen como efecto jurídico y legal cerrar irrevocablemente el proceso con relación a los acusados, impedir una nueva persecución de estos por el mismo hecho y hacer cesar todas las medidas cautelares que contra los mismos hayan sido dispuestas, incluida la devolución de los bienes incautados”, expresa la Alianza Cívica.