La abolición del Ejército no es un principio de la democracia, sino, que es una demanda circunstancial, una demanda política del cambio necesario cuando en la sociedad el Ejército se convierte en una institución fundamental de los regímenes dictatoriales.
El orteguismo, como régimen absolutista, no sería posible si los militares no encontraran en la dictadura una forma de impunidad para darle a la institución castrense el carácter de una corporación de negocios de carácter monopólica, que interviene en la economía con privilegios, ventajas, y arbitrariedad, al margen de los controles de un Estado de derecho.
Sería superficial concentrarse en la desarticulación del régimen absolutista, que es una acción indispensable para establecer un Estado de derecho, sin incluir en ello la abolición del poder fáctico que en esta crisis dispone del monopolio de las armas en pro de la crisis, cuando los ciudadanos se disponen a refundar la sociedad para que prevalezca el poder civil.
Hoy en día, una de las consignas básicas del programa antidictatorial es la abolición del Ejército. No solo porque esta institución está públicamente comprometida con una dictadura que se ha vuelto criminalmente contra la ciudadanía, con la policía partidaria y con grupos armados sanguinarios, sino, también, porque en esta lucha desesperada del pueblo los militares optaron por separarse de los intereses vitales de la nación.
Independientemente que se confirme o menos su involucramiento en la acción brutal de los paramilitares, a la consigna del desarme de los paramilitares se une la consigna del desarme del Ejército. La función más elemental de un Ejército nacional es la protección de los ciudadanos. De manera, que la condena a este gobierno que oprime brutalmente a los ciudadanos, condena también a una institución armada nacional que, frente a la acción criminal del gobierno, no cumple su función más elemental de defender a la nación.
Este Ejército, como el Ejército de Somoza, optó por hundirse con el tirano. En la medida que la realidad evoluciona hacia una contradicción excluyente, impone a los ciudadanos la toma de partido, porque la inacción favorece al poder opresivo. El Ejército pensó que podía escapar al dilema nacional situándose por encima de la sociedad, ubicándose al margen del destino dramático de los ciudadanos. Con lo cual, no solo se hizo cómplice de la dictadura, sino que en los momentos más cruciales de nuestra historia se reveló como una institución inútil, parasitaria.
El Ejército pudo obligar a Ortega a un referendo ciudadano, abriéndole al país una ruta pacífica hacia la democracia, sin orteguismo. Pero, optó, conscientemente, por no dar el paso debido al momento indicado, y los costos hundidos de esa decisión, obviamente miserable, llevan a que el cambio político incluya, ahora, la abolición de una institución militar históricamente fracasada.
El autor es ingeniero eléctrico.