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CONTENIDO EXCLUSIVO.La Ley Nica Act y la Orden Ejecutiva 13851 son dos herramientas jurídicas que podrían servir de argumentos para invocar la “justicia universal” en tribunales de Estados Unidos contra funcionarios, personas y entidades vinculadas al régimen de Daniel Ortega, esto a través de dos Leyes Federales: Ley de Agravios Contra Extranjeros (ATCA, Alien Tort Claims), y la Ley Torture Victim Protection Act (TPVA), afirmó el abogado y académico Harold Rocha, experto en derecho internacional.
Ambas leyes federales de los Estados Unidos permiten que víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares sobrevivientes presenten demandas contra los responsables aún cuando las víctimas sean ciudadanos extranjeros y los delitos se hayan cometido fuera de las fronteras.
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La Nica Act es la Ley de sanciones aprobada por el Congreso de los Estados Unidos contra la dictadura de Nicaragua, promulgada el pasado 20 de diciembre de 2018. Mientras que la Orden Ejecutiva 13851, fue aprobada tres semanas antes de la Nica Act, el 27 de noviembre de 2018, dirigida al corazón de las finanzas de la dictadura, al designar sanciones a Rosario Murillo, Néstor Moncada Lau, Laureano Ortega y el Banco Corporativo (Bancorp).
“La Nica Act en sí no abre la puerta de los tribunales federales, habla de sanción, pero sí da un argumento para invocar jurisdicción porque se reconoce como política nacional y exterior de los Estados Unidos el cumplimiento de la Ley, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la justicia para las víctimas de abusos de derechos humanos”, aseveró el experto.
Ortega constituye una amenaza
A lo anterior se su suma lo establecido en la sección 5 b1 de la Nica Act, que reconoce como conducta sancionable los actos significativos de violencia o conducta que constituyen un grave abuso o violación de los derechos humanos contra personas relacionadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 del año pasado.
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Rocha explicó, que en la Orden Ejecutiva el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoce que el actual régimen de Daniel Ortega, constituye una amenaza para la seguridad nacional. Eso sería otro de los argumentos jurídicos para invocar la “justicia universal”.
“Sin embargo, ocurre como en el Nica Act, ese decreto no abre explícitamente la puerta a los tribunales para ese tipo de casos, por tanto, cualquier denuncia (debe ser a través de las Leyes) Alien Torts Act, y en Torture Victim Protection Act, además de cumplir con todos los requisitos actuales de la casuística y la jurisprudencia estadounidense”, explicó Rocha.
LA PRENSA/ ARCHIVO/ JADER FLORES
Los requisitos para ser procesados
Para Rocha, “ese sería el argumento jurídico para invocar la justicia, pero una vez más, la Ley no lo prevé explícitamente, hay que presentar el argumento, y luego hay que cumplir con una serie de requisitos bajo las otras leyes, no la Nica Act”, precisó.
Entre los requisitos se estipula que la causa solo se puede presentar si la persona acusada está en territorio estadounidense o si ingresa al territorio con alguna frecuencia, igualmente se debe demostrar que se cumple al momento de presentar la denuncia con otros requerimientos para evitar que la denuncia sea desestimada.
Otro de los requisitos es que el acusado no goce de inmunidad como jefe de Estado. Lo anterior abre la posibilidad de enjuiciar a miembros de la Policía o cómplices del régimen que viajan hacia Estados Unidos.
Precedentes judiciales
El jurista Rocha dio a conocer que el Centro Nicaragüense Americano para la Democracia (NACD, por sus siglas en inglés), integrado por profesionales de origen nicaragüense, trabaja con grupo amplio de juristas y académicos en derecho internacional de diferentes partes del mundo que estudian la posibilidad de enjuiciar a funcionarios del régimen Ortega Murillo, desde que se aprobó la Nica Act por medios de la “justicia universal”.
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Como precedente judicial en Estados Unidos en la aplicación de la legislación universal, está el enjuiciamiento en tribunales de New York, al exoficial de la dictadura de Alfredo Stroessner, en Paraguay, Américo Peña, que fue acusado de torturar y asesinar al joven de 17 años, Joel Filártiga, en 1976.
La familia de la víctima declaró que el joven fue sometido a graves torturas como descargas eléctricas en sus genitales, desgarramiento de uñas, le destrozaron las muñecas, le dejaron el cuerpo totalmente magullado, le pusieron un alambre en el pene y le perforaron el mediastino (parte del tórax que está entre el esternón y la columna vertebral, y los pulmones), hasta causarle la muerte.
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En 1980, la Corte castigó a un ciudadano no estadounidense por un crimen de torturas cometido fuera de las fronteras de Estados Unidos.
Harold Rocha es abogado, doctor en derecho, máster en leyes, es docente universitario de derecho internacional y derecho mercantil. Nació en Managua, Nicaragua y radica en Estados Unidos. Es presidente del Centro Nicaragüense Americano por la Democracia.