Los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional ampliarán por tres meses más el período de funciones de la Comisión de la Verdad, conocida como Comisión “Porras”, esto pese al rechazo que existe de parte de la Asociación de Madres de Abril (AMA) quienes han señalado a los miembros de esa Comisión de parcializarse hacia los intereses del régimen orteguista, ya que en sus informes se repiten los descalificativos hacia las protestas ciudadanas y los sectores que las apoyaron como los estudiantes.
La bancada de la dictadura orteguista, que cuenta con mayoría de 70 diputados, introdujo el 2 de agosto pasado la propuesta de resolución legislativa 3-2019 en donde se ratifican las facultades de la Comisión “Porras” para ampliar por tres meses más, a partir del 6 de agosto su período.
No hay justificación en el documento legislativo de por qué es necesario mantener operando dicha entidad si ya han presentado sus reportes ajustados al discurso del régimen de que las protestas sociales fueron una “intentona de golpe de Estado”, y además la dictadura aprobó una Ley de Amnistía, considerada de autoamnistía, porque no se permite investigar los crímenes en el contexto de las protestas y el dictador Daniel Ortega dio por terminadas las negociaciones con la opositora Alianza Cívica (AC), sin lograr acuerdos que permitan el restablecimiento de las libertades democráticas en Nicaragua.
Con esta será la séptima vez que se le amplía el período de funcionamiento a la Comisión “Porras” desde que fue conformada el 27 de abril del 2018, precisamente cuando estallaron las protestas cívica a la que el régimen respondió a sangre y fuego dejando desde entonces al menos 326 muertos, miles de heridos y más de 80 mil exiliados, así como la imposición de un estado policial de facto. Esos crímenes no son recogidos en los reportes de esa entidad estatal.
Todo esa represión que ha sido denunciada por AMA, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, la Alianza Cívica y ha sido documentada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, no es reconocida en los informes de la Comisión “Porras”. Esa entidad la integran Cairo Amador, Francisco Uriel Molina, Jaime Francisco López Lowery, Adolfo Jarquín Ortell y Minra Cunningham. Todos son funcionarios del régimen orteguista.
La presidenta de la Asociación de Madres de Abril (AMA), Francis Valdivia, ve innecesario que mantener funcionando a la Comisión “Porras” debido a que para los familiares de los asesinados por la Policía Orteguista (PO), las fuerzas de choque y los paramilitares “no representa nada” porque es una entidad “progobierno carente de ética y legitimidad”. “Es una comisión de la mentira y a ellos les decimos que las mentiras que propagan nunca podrán contradecir la verdad de los hechos”, dijo Valdivia.
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AMA nunca fue contactada por los delegados gubernamentales para conocer la información sobre las circunstancias en que sus parientes fueron asesinados durante la brutal represión de la PO y fuerzas de choque del régimen a las manifestaciones, que estallaron en abril del 2018.
“La verdad histórica es que el Estado de Nicaragua a través del Gobierno asesinó a los estudiantes, obreros que protestaron de forma pacífica portando la bandera azul y blanco y fueron brutalmente asesinados. Esa es la verdad histórica que que jamás harán que olvidemos ni como familiares ni como sociedad”, afirmó Valdivia.
Que se le extienda el período a la Comisión “Porras” para la AMA es “inaceptable” al señalar que los informes que emiten sobre los asesinatos cometidos por fuerzas estatales “son y serán absolutamente inválidos ya que carecen de legitimidad ética y política en virtud” de su vinculación con el régimen.
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Valdivia señaló que el actuar de los delegados no ha sido para investigar los crímenes, sino que actuando contrariamente, ” están tratando de ocultar la verdad, cambiar las fechas, lugares, circunstancias de los hechos con el despropósito de no esclarecer los asesinatos” en la jornada de represión a las protestas.
La extensión de los tres meses de operaciones a la Comisión “Porras” está prevista a aprobarse este 6 de agosto en la Asamblea Nacional.