El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende endosar sus propios delitos y violaciones de acuerdos internacionales contra los nicaragüenses a Costa Rica, coincidieron este sábado defensores de derechos humanos, quienes señalaron que este régimen al mantener en la impunidad los crímenes cometidos por la Policía Orteguista y parapolicías, que asesinaron incluso a extranjeros, está violentando las resoluciones de Naciones Unidas sobre la protección del derecho a la vida, que los funcionarios del Estado deben garantizar a los ciudadanos.
La dictadura orteguista acusó la semana pasada al Gobierno de Costa Rica de violar el “Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, debido a la muerte del nicaragüense Henry Ruiz López, a manos de agentes policiales de ese país cuando este fue sorprendido junto a otro grupo de nicaragüenses en actividades de contrabando de mercancía, en tierras costarricenses.
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Según la versión de Costa Rica, los sujetos abrieron fuego contra la policía de ese país. El hecho ocurrió el 12 de julio en aguas del río Niño, en el lugar conocido como Parcelas de Villa Hermosa, en Upala, Alajuela, a dos kilómetros de la frontera con Nicaragua.
Ahora Ortega, que está señalado de cometer crímenes de lesa humanidad, pretende señalar al gobierno de esa nación de ese delito, manipulando a su favor la muerte de López.
Ortega basa su denuncia contra Costa Rica en el hecho de que los policías ticos involucrados en la muerte de López violentaron tres artículos del “Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, que rige en una resolución de Naciones Unidas.
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Según la Cancillería orteguista, en la detención de Ruiz López y otros cinco nicaragüenses hubo “injustificado” uso de la fuerza y armas de fuego por parte de los oficiales ticos, a quienes les señalan de haber dejado desangrar a Ruiz López luego de haber sido herido en una pierna.
Esta denuncia fue interpuesta por el régimen ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y ante la Secretaría General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Vilma Núñez, presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), cuestionaron que la dictadura se exprese ofendida por este caso, cuando en Nicaragua rige una política de represión e impunidad hacia los crímenes cometidos por la Policía Orteguista (PO), parapolicías y simpatizantes sandinistas, que le costó la vida al menos a 328 nicaragüenses, incluidos extranjeros.
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Entre los casos de ciudadanos foráneos asesinados por funcionarios orteguistas está el preso político Eddy Montes, quien tenía la nacionalidad estadounidense. Montes fue asesinado el pasado 16 de mayo por custodios en la cárcel La Modelo, Tipitapa. Ese crimen sigue en la impunidad, ya que el Ministerio Público no ha realizado una investigación seria para que esclarecer los hechos.
Núñez dijo que la impunidad en el caso de Eddy Montes “es ejemplo de por qué Daniel Ortega y nadie de su régimen tiene autoridad moral para acusar a otro país de violación a los derechos humanos, y menos de delitos de lesa humanidad, porque todo lo que ha imputado a Costa Rica —en el caso de Ruiz López— lo comete a diario su policía en contra de los nicaragüenses”.
Reclama Código de Conducta
Para el régimen, la muerte de Ruiz López derivó de una “actuación condenable” de los policías costarricenses que contraviene el “Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 34-169, del 17 de diciembre de 1979.
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Se alega que uno de los artículos violados es el 2 del Código, el cual establece que “en el desempeño de sus tareas los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de las personas”.
Para Núñez, del Cenidh, el régimen orteguista “es descarado”, pues dijo que la PO es quien “tiene una actuación criminal” a diario contra los adversarios del régimen.
Para disuadir las protestas pacíficas que estallaron en abril del 2018, la PO actuó con extrema violencia al usar armas de fuego, incluso de uso militar, contra los manifestantes desarmados.
Al menos 328 asesinatos, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales son parte de los delitos cometidos por la PO y los parapolicías contra manifestantes, que han sido documentados por organismos de derechos humanos. La CIDH y Naciones Unidas han exigido una investigación sobre los crímenes, que la CIDH ha calificado como delitos de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, pero el régimen orteguista más bien aprobó una Ley de Amnistía o de autoamnistía para evitar criminalizar a su PO y simpatizantes.
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Otro de los reclamos de la dictadura en el caso de la muerte del nicaragüense Henry Ruiz López es que los policías costarricenses actuaron fuera del artículo 3 del Código de Conducta, conforme la resolución de la ONU, el cual establece “que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas”.
La presidente del Cenidh recordó que en la muerte del preso político Eddy Montes, según versiones de otros excarcelados, los custodios tardaron en brindarle atención médica. La constancia de defunción emitida por el Ministerio de Salud detalla que producto del disparo de arma de fuego en la cavidad abdominal, Montes sufrió un sangrado excesivo que lo llevó a un shock hipovolémico que le causó la muerte.
“Qué más uso desproporcionado de la fuerza y armas de fuego que el hecho que custodios atacaron a los reos y asesinaron al señor Eddy Montes, el que hasta hoy sigue impune. Por eso insisto en que Ortega no tiene moral para acusar a nadie cuando él es el principal violador de los derechos humanos de los nicaragüenses”, sostuvo Núñez.
Sin embargo, ahora el régimen Ortega-Murillo intenta desviar la atención de sus crímenes acusando al Gobierno de Costa Rica de delitos de lesa humanidad, afirmando que las autoridades no brindaron la atención médica oportuna a Henry Ruiz López. Se alega violación del artículo 6 del Código de Conducta de la resolución de la ONU, que dice que “los encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo custodia, y en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica adecuada cuando se precise”.
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Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, señaló que parte de la política represiva de la dictadura es que durante los meses más álgidos de las protestas en 2018, las autoridades ordenaron a los hospitales públicos negarle la atención a los manifestantes heridos.
“Muchos de los cientos de muertos se debieron a que no los atendieron, uno de los más dolorosos es el adolescente Álvaro Conrado, y hasta hoy no hay ningún funcionario detenido e investigado por esos delitos. Hubo una orden desde el Gobierno de no atender a los heridos, eso es atentar contra la vida y violar los derechos humanos”, aseveró Cuevas.
Esperan investigación
Vilma Núñez, presidente del Cenidh y Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, esperan que el gobierno costarricense ordene una investigación sobre las circunstancias en que murió el nicaragüense Ruiz López.
Ambos defensores creen que si llegasen a determinar responsabilidades de los policías ticos serían llevados ante la justicia y no quedaría en la impunidad, como afirmaron ocurre en casos similares y hasta más terribles cometidos por la Policía Orteguista en Nicaragua.