Prevalece en el país un sentimiento derrotista como si lo que pasó a partir de abril del año pasado hubiera sido en vano.
La tesis de que no hay nada que hacer y lo que nos toca es esperar a las elecciones del año 2021, toma fuerza, pero lo que no queremos analizar es que dicha tesis encierra en sí sus propias contradicciones ya que precisamente es el propio sandinismo por medio de su capital los que impedirán llegar al 2021.
Lo que nos cuesta entender es que actualmente el gran capital en este país mayoritariamente es sandinista, o se mueve alrededor de esos intereses. El otro sector es una extensión de capitales pertenecientes a familias tradicionales del país, y el resto está compuesto por el Ejército, que es lo mismo, verdadero poder económico.
La crisis nicaragüense a nivel internacional es un tema clase C, ya que no tenemos peso doméstico en los Estados Unidos, ni en el resto del mundo. No somos relevantes en las noticias. Esto tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas, que no estamos en la mente de los verdaderos creadores de política, como son el presidente de los Estados Unidos y sus asesores. Desventaja, que a la hora de tomar una decisión nadie se va oponer, ya que nadie conoce el tema de Nicaragua, y facilita que se cometa un exabrupto (ya que no hay precio que pagar), lo que significa que una vez tomada la sanción va ser muy difícil revertirla.
Las sanciones vienen. Hay dos razones muy fuertes. Si es cierto que somos tema clase C, para consolidar el voto en el sur de la Florida somos un tema clase A y el Partido Republicano, para lograr sus objetivos internos no dudará en dar ese paso. En segundo lugar, algunos prominentes miembros de la actual Administración estuvieron involucrados directamente en los años 80 en la crisis de Nicaragua y conservan sentimientos de mucho desafecto para el actual Gobierno.
Sanciones dirigidas a sus empresas provocaría el quiebre de las mismas. Una suspensión de Cafta sobre la zona franca crearía unos 450.000 desempleados entre los directos y los indirectos. Si se toma en cuenta que cada puesto de trabajo mantiene 4 personas, 1.8 millones es el resultado (un ejército de zombis). Esto sin entrar al sector agrícola. Una sanción directa al Banco Central que no requiere lesionar ningún tratado vigente, haría inoperable todo el sistema financiero. ¿Qué empresas irían a la quiebra? No serían acaso en su mayoría empresas sandinistas.
¿Cómo reaccionarían los círculos cercanos al presidente? ¿Cree usted, amigo lector, que llegaríamos al año 2021 para tener elecciones o lo vería negociando una salida?
El autor es abogado.