El Consejo Permanente de la OEA aprobó este miércoles 28 de agosto, la integración de la comisión especial que la 49 Asamblea General reunida en Medellín, Colombia, a fines de junio pasado, mandó a crear con el interés de facilitar una solución democrática de la crisis de Nicaragua.
El Consejo Permanente de la OEA ya había creado, el 9 de agosto de 2018, un “grupo de trabajo” integrado por representantes de 12 países de las Américas, con el mismo fin de contribuir a la búsqueda de una solución negociada de la crisis sociopolítica de Nicaragua. Pero la dictadura de Daniel Ortega vetó a aquella comisión de la OEA que estaba presidida por Canadá y ni siquiera permitió que sus miembros vinieran al país.
Ahora, un año después la OEA ha creado otra comisión para Nicaragua, esta vez por mandato de la Asamblea General, pero Ortega también la rechaza y seguramente correrá la misma suerte que la anterior, o sea que no podrá hacer nada.
No se trata de lamentar ni de criticar la lentitud o la ineficacia de la OEA en el caso de Nicaragua, a pesar de la dramática violación masiva de los derechos humanos que ha ocurrido en este país, de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión, del desmantelamiento de la democracia y el establecimiento de una feroz dictadura policiaca.
Se reconoce que los procedimientos y mecanismos operativos de la OEA son complicados y lentos, igual que la diplomacia en general, salvo excepciones entre las que obviamente no está la crisis actual de Nicaragua.
Sin embargo, aunque sea con la parsimonia diplomática lo importante es que la OEA actúe. El dicho de que son los mismos nicaragüenses los que tienen que resolver la crisis de Nicaragua, no es totalmente cierto si se considera que el pueblo de este país ha luchado heroicamente y sigue luchando a pesar de la cruda represión. Pero es evidente que a pesar de todos sus esfuerzos y valentía, el pueblo de Nicaragua no puede liberarse y restaurar la democracia sin apoyo del exterior.
La comunidad internacional, y en este caso la OEA, tiene la obligación de acudir en auxilio de los pueblos que a pesar de sus luchas y grandes sacrificios no pueden quitarse de encima a sus opresores y estos no quieren dejar el poder mediante elecciones libres y competitivas.
La libertad y la democracia no son solo valores abstractos, sino también compromisos políticos activos de obligatorio cumplimiento, establecidos en documentos fundacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.
Una vez constituida la comisión especial sobre Nicaragua, aunque Ortega no le permita ni siquiera venir al país a cumplir su misión, lo menos que puede hacer la OEA es aligerar la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana al régimen dictatorial orteguista, con las sanciones colectivas y unilaterales que se deriven de esa decisión.