Los diputados del FSLN miembros de la comisión económica de la Asamblea Nacional, le han pedido al presidente del cuerpo legislativo orteguista que saque de ese comité parlamentario a la diputada liberal Azucena Castillo.
La señora Castillo fue esposa de un secretario privado del dictador Anastasio Somoza Debayle y después de la derrota electoral de los sandinistas, en 1990, en los gobiernos liberales de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños desempeño altos cargos gubernamentales en el sector económico, con reconocida responsabilidad y eficiencia. Ahora la señora Castillo ha demostrado ser una diputada muy preparada y competente para trabajar en la comisión económica legislativa.
Los diputados orteguistas acusan a Castillo de boicotear el trabajo de la comisión y faltar al respeto a algunos invitados oficiales. La parlamentaria liberal rechaza tales acusaciones y ha dicho a la prensa que si los diputados orteguistas piden su cabeza es porque les molesta que les refute con argumentos técnicos sus malas políticas económicas; que ellos solo quieren obediencia y que hasta percibe “una actitud misógina”.
En realidad, en estricto sentido esta conducta de los diputados orteguistas no se puede calificar como misoginia, que es definida como “la actitud cultural de odio hacia las mujeres, por el hecho de que son mujeres”. De la misma manera tampoco se podría llamar misandria (que es lo contrario de la misoginia, o sea el odio a los hombres solo por ser hombres), a los ataques orteguistas a los parlamentarios varones de la bancada liberal.
La actitud de los legisladores oficialistas es intolerancia política hacia todos aquellos, sean hombres o mujeres, que piensan y opinan de manera distinta y opuesta a la dictadura.
El derecho de disentir, de opinar y votar conforme a lo que dicta la propia conciencia es una condición propia e indispensable de los diputados. Por eso son revestidos de inmunidad parlamentaria, para protegerlos de represalias por la expresión de sus opiniones y sus votos en el ejercicio de sus cargos. Inclusive, en su función legislativa los diputados no deben obedecer las consignas de sus partidos y líderes políticos, Su obligación política y moral es responder a los intereses de los ciudadanos que los votaron.
Desde el siglo XVIII se estableció claramente la diferencia entre delegación y representación legislativa. El doctrinario constitucionalista irlandés Edmund Burke indicó que si al diputado se lo considera como un delegado, en su función debe obedecer a quienes le asignaron el cargo; pero si se lo considera como un representante, lo que en realidad es, entonces su obligación es actuar de acuerdo con su propia conciencia.
Pero en Nicaragua no hay un sistema de representación política, sino uno de delegación y orientaciones u órdenes de arriba. La Asamblea Nacional bajo la dictadura es una aberración del sistema político representativo. Los diputados no son escogidos por los ciudadanos en elecciones libres y transparentes, sino salidos de fraudes electorales y previamente designados por las cúpulas y los caudillos de los partidos que forman parte del sistema político de la dictadura.
Sin embargo, afortunadamente aún allí hay diputados que desafían al poder dictatorial y piensan y votan de manera independiente, como es el caso de la diputada liberal Azucena Castillo.