Si la violencia fuera un producto de exportación, en Jinotega competiría con el café por el primer lugar. Entre las plantaciones de ese grano, la sangre ha corrido a granel. Solo en este año 2019, en todo el departamento han ocurrido 78 muertes violentas, cifra no oficial por el secretismo de las autoridades.
En palabras del cura Mauricio Pérez, párroco de uno de los municipios más golpeados por ese tipo de muertes, El Cuá, esa violencia siempre ha existido en esa zona cafetalera del país, pero los medios de comunicación poca atención han prestado a la situación.
Para las personas que han visto de cerca la situación de los derechos humanos en esa región, “lo que está sucediendo es similar pero mucho más grave que en épocas previas a abril de 2018”. “Hay varios casos pero no eran tan numerosos como ahora. Ahora es diferente porque tiene otras características. Es más grave”, explica un activista.
El padre Pérez también lo admite. “Después del 19 de abril (de 2018) se abrió una caja de pandora”, sentencia.
La violencia en Jinotega se agrava porque ocurre lo mismo que en todo el país: la gente tiene miedo y no denuncia en la Policía.
El miedo
En la zona montañosa de Jinotega hay una quietud inusual. Los torcidos caminos de macadán o de piedras, lucen desolados y las casas dispersas mayoritariamente están cerradas. La gente prefiere no salir y vive en zozobra, porque se han incrementado las muertes violetas. Decapitaciones o personas que mueren con 18 balazos adentro. Así como por el accionar de grupos armados en la zona norte de Nicaragua.
Una noche, un agricultor duerme y llega gente armada a matarlo. Otro hombre sale de mañana para hacer compras y termina muerto a tiros. Una tarde, un joven ríe mientras mira el celular y un desconocido, pensando que se burlaba de él, le propina un balazo en el pecho. Así, por distintos motivos, en los ocho meses y medio que van de este año han ocurrido al menos 78 crímenes en los 9,755 kilómetros que tiene de extensión territorial el departamento jinotegano.
La situación empeoró a partir del plan limpieza ordenado por el régimen de Daniel Ortega para desarticular las protestas ciudadanas a partir de abril de 2018, coinciden autoridades municipales, religiosas, líderes comunitarios, familiares de las víctimas, expertos en seguridad ciudadana y activistas derechos humanos.
En Jinotega, agrícola y el mayor productor de café del país, sus habitantes “hemos vivido una situación siempre de zozobra, principalmente aquellas personas que estuvieron vinculadas con la Resistencia Nicaragüense”, dice el alcalde liberal de Santa María de Pantasma, Óscar Gadea Tinoco, agregando que “esa cultura de muerte en nuestro departamento, desgraciadamente no ha terminado y en los últimos meses, principalmente en la zona de Wiwilí, El Cuá y (San José de) Bocay, hemos tenido muchos asesinatos”.
Los tres municipios que menciona Gadea —vecinos entre sí —fueron parte del llamado Corredor de la Contra, durante la guerra de los 80, y acumulan el 80 por ciento de los crímenes de este año.
El sacerdote Mauricio Pérez estima que el aumento de crímenes obedece a “la pérdida de valores cristianos” y señala que “no solo en el municipio El Cuá, sino que Nicaragua se ha vuelto el país más violento e inseguro que hay”.
“Insisto, no somos tolerantes, se habla de tolerancia, de respeto a los demás, se habla de derechos humanos, pero si estás de acuerdo conmigo, porque si estás en contra mío ¡pungún! estoy defendiendo mi derecho humano y vos no tenés por qué pisotearme y entonces yo recurro a la violencia”, dice.
“En el fondo ha sido algo que ha estado tapado durante años… Un cura brasileño decía que para que en Nicaragua sanen las heridas de la guerra tienen que pasar por lo menos cuatro o cinco generaciones y todavía estamos vivos los que vivimos las consecuencias del 79… hay un odio reprimido”, dice el padre Pérez.
La política
Un funcionario de la alcaldía de Wiwilí, a 240 kilómetros de Managua, José Andrés Mairena Picado, señala que los crímenes en ese municipio han aumentado desde lo que llamó “la asonada de abril” de 2018 y “Wiwilí ha sido muy golpeado en este particular”.
El funcionario estima “difícil” analizar el porqué del incremento, pero apunta que “puede ser lo mismo de las manifestaciones cívicas en contra del gobierno, (y) la aparición de militares no convencionales o gente armada (de tendencia orteguista)”.
Sin embargo, en El Cuá, el padre Pérez considera que “las consecuencias del 19 de abril destaparon la caja de pandora, se activó más la violencia y mucha gente se ha montado en el contexto sociopolítico para tomar su propia venganza, la justicia por sus propias manos, amparados en que, como este es de aquí (opción política) y después se le echa la culpa al otro… son los autoconvocados, son los paramilitares, son estos allí, pero, en el fondo, son rivalidades, a veces son problemas pasionales que siempre ha habido”.
El religioso menciona que en el territorio también ha habido femicidios y casos de “hijos que matan a sus progenitores. No es solamente decir porque sos sandinista o autoconvocado, es distinto, pero que en el fondo refleja la pérdida de valores cristianos… Ha sido histórico, lo que pasa es que hasta ahora los medios nacionales se están fijando… Hasta ahora que se arriesgan a salir se dan cuenta de la realidad en la que hemos vivido por años”.
Sin embargo, la lista documentada por LA PRENSA de 78 personas que, hasta el 8 de septiembre de este año han muerto de manera violenta en Jinotega, ya supera las cifras reportadas por la Policía en todo 2018, que fueron 76. Y el margen aumenta en comparación con años anteriores.
De las 78 víctimas de este año, al menos 23 tenían algún tipo de vinculación con partidos políticos —la mayoría opositores al régimen de Ortega y en dos casos simpatizantes de este—, movimientos sociales o religión evangélica. Sin embargo, familiares, autoridades locales y líderes comunitarios, presumen que 15 de esos crímenes pudieron tener una motivación propiamente política.
Los casos
De los casos con mayor repercusión este año están los asesinatos del productor Oliver Montenegro Centeno, el 23 de enero en El Cuá, y de Néstor Uriel Aráuz Moncada, funcionario de la alcaldía de Wiwilí, asesinado el 21 de febrero. Ambos participaron en las protestas del año pasado y ninguno de esos casos ha sido esclarecido.
Familiares de Montenegro, acribillado a balazos y machetazos, dijeron en aquella ocasión que policías “combinados” con paramilitares habrían participado en el crimen en la finca que el productor tenía en Caño La Cruz, 30 kilómetros al norte de El Cuá. Del caso de Aráuz, su esposa Jasmina García Rodríguez solo supo que lo emboscaron en El Jicote, a 5 kilómetros de Wiwilí con dirección a Maleconcito, aunque inicialmente le habían dicho que su marido se había accidentado poco después de terminar sus tareas como director de Servicios Municipales de la Alcaldía.
Francisco Blandón Herrera, cuñado de Montenegro, fue asesinado a balazos el 27 de agosto en la comunidad San José de Maleconcito del municipio de Wiwilí, presuntamente por un hombre que se movilizaba en moto “como sicario”, describió un hermano suyo a través de medios oficialistas, destacando la trayectoria de Blandón como “combatiente histórico del Frente Sandinista que inició en el Batallón 60-11”.
El también sandinista Pedro Enrique Meza, de 45 años, recibió un balazo que el 1 de septiembre le asestó su pareja Jeiling Anielka Moreno Romero, de 24, en la casa que habitaban en el barrio Santiago Morán del poblado de El Cuá. Él murió la tarde del 7 de septiembre.
Mientras tanto, sujetos con características de paramilitares —vestimentas oscuras, encapuchados, con armas de fuego cortas y de guerra, así como machetes— habrían actuado en al menos 14 de las muertes violentas de este año en el departamento de Jinotega; incluyendo los asesinatos a balazos del excontra Santos Juan Martínez Hernández, el 17 de marzo, y de su pariente por afinidad Freddy de Jesús Montes Quintanilla, el 18 de agosto, en El Cuá.
Montes y Martínez eran pequeños agricultores, opositores y profesaban la religión evangélica. En apariencia, sus muertes en la comunidad El Cedro, a 227 kilómetros de Managua, habrían sido motivadas por el robo; pero, la Policía no ha informado nada a los familiares que, por su parte, sospechan de un grupo al mando de un hombre al que identifican como paramilitar y que presuntamente reside en la comunidad Abisinia, donde dicen que “anda tranquilo, en libertad”, por lo que prefieren omitir sus identidades, temiendo represalias de él.
Saña en crímenes
Martín del Socorro Blandón Rivera, tenía 35 años, era evangélico, trabajaba como cobrador en un bus de transporte colectivo, en sus tiempos libres jugaba y era dirigente de béisbol. Pero también era activista del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) en Ayapal, 40 kilómetros al norte de la cabecera municipal de San José de Bocay.
Después de asistir a un culto evangélico, a las 10:00 p.m. del 14 de julio, Blandón abordó su moto y volvió a su casa en Peña La Cruz, cinco kilómetros al sur del poblado de Ayapal. Unos armados lo esperaban ocultos y atrás de la vivienda lo atacaron a balazos.
Alba Luz Blandón Rivera, hermana del beisbolista, dice que fueron 18 tiros, aunque el reporte preliminar policial señaló en esa ocasión que los desconocidos le asestaron tres balazos en la pierna derecha, uno en un costado, dos en el abdomen y uno en el hombro derecho. Martín fue llevado al centro de salud de San José de Bocay, donde murió a las 5:30 a.m. del 15 de julio.
“Estaba parqueando la moto cuando lo mataron”, señala Alba Luz, también activista de CxL, indicando que, a la fecha, “no se sabe nada de nada”, pues la Policía llegó a investigar y “no se volvió a asomar, no dijeron nada, nada”. Ella descarta el robo como móvil del crimen, porque asegura que “no le robaron nadita, nadita, si a él no le tocaron nada, pero ni lo que fue las botas siquiera”.
El fiscal nacional de CxL, Augusto Valle Castellón, menciona que otro activista de ese partido, José Ramón García Sánchez, de 47 años, fue asesinado por impactos de perdigones de escopeta en la comunidad Tuna Walan de la microrregión de Ayapal. Según reportes preliminares de la Policía, el cadáver estaba adentro de una camioneta con placa NS 7699 y fue encontrado la noche del 8 de septiembre.
Las armas de fuego
Como en estos casos, 43 de las víctimas tenían impactos de armas de fuego y de ellas, al menos 29 recibieron más de un balazo. Mientras que, en al menos 19 de los crímenes presuntamente fueron usadas armas de guerra.
Eso con todo y que la Policía ha emprendido operativos encaminados a quitar las armas, incluso legalizadas, a los productores. “La población está preocupada, porque se sabe que también la Policía anda quitando armas legales… lógicamente eso deja más vulnerables a los productores (y) si desarman a un productor con qué va a defender su finca, su ganado, el café para la temporada”, dice Mairena, el funcionario de la Alcaldía de Wiwilí.
Igual ha ocurrido desde el año pasado en El Cuá y hace dos semanas había operativos de ese tipo en Santa María de Pantasma.
“A raíz de los tranques, personas que estuvieron vinculadas con la represión y los crímenes en los años 80 se activan inmediatamente y ahorita ahí andan los baqueanos dirigiendo a los policías por (las comunidades) El Tamalaque, Bramadero, La Brellera, registrando casa por casa buscando armas, pero a la mayoría ya los habían desarmado… A los productores que estaban desarmados llegaron a decirles que tenían armas ilegales… y esa es la gente que produce para pagarle a esta gente que después los anda asediando”, dice el alcalde de Santa María de Pantasma, Óscar Gadea.
Mientras tanto, Mairena enfatiza en que “todo el mundo quiere paz, pero no al modo de otras voluntades, es una paz en la que dejen trabajar tranquilos, pero sin represión de ningún tipo”.
Policías víctimas y victimarios
Dos policías están entre los asesinados este año en Jinotega. El inspector policial Roberto Padilla Ardón murió el 9 de marzo por un balazo que le asestó un hombre que entre múltiples identidades era conocido como Elmer Casco Centeno.
Padilla y otros agentes llegaron a atender un llamado de emergencia por violencia intrafamiliar en El Galope, pero Casco le disparó y huyó entre cafetales. Días después, el 29 de marzo, el sospechoso apareció muerto a balazos en el mismo lugar. Pobladores de esa comunidad creen que hubo una venganza policial.
Mientras tanto, la noche del lunes primero de julio, varias personas estaban en el bar As de Oro. En una de las mesas, Norvin de Jesús Castro Zelaya y su cuñado Elvin Rodríguez Gutiérrez compartían cervezas con una mujer “pelo chele”, cuando comenzó un escándalo por el que llegó la Policía y, de inmediato, una balacera opacó la música que sonaba en el local y alteró a todos los habitantes de Abisinia, un caserío rural del municipio El Cuá.
El policía Maximiliano del Socorro Morales Urbina, de 34 años, así como Castro Zelaya y Rodríguez Gutiérrez murieron en el tiroteo. De estos últimos, la Policía dijo después que eran “delincuentes” con supuestos antecedentes por “asesinato, robo con intimidación (asalto) y amenazas de muerte”.
Dionisio Castro Palacios —padre de Castro Zelaya —asegura que la muerte de este fue “violenta y cobarde”, negando también los supuestos antecedentes que imputó la Policía a su hijo y a Elvin. El agricultor considera que los policías se excedieron asestándole cinco tiros en la región abdominal a Norvin, de quien dice “andaba desarmado y pudieron tirarle un pie” para reducirlo y apresarlo.
“Estuviera vivo mi hijito”, lamenta en su casa en la comunidad Malecón 4 del municipio jinotegano de Santa María de Pantasma.
En la nota de prensa que emitió el 2 de julio en Managua, la Policía señaló que, por el tiroteo de Abisinia, había capturado a Ronaldo Cruz García y al sobrino de este, José Ariel Cruz Castillo, “a quienes se les ocupó un revólver calibre 38, con número de serie borrada”, afirmando que continuaban con las indagaciones “a fin de remitir a los delincuentes ante las autoridades competentes para su enjuiciamiento”.
Sin embargo, tres días después del tiroteo, los Cruz habrían sido liberados sin cargos, confirmó Dionisio Castro Palacios, insistiendo en que su hijo muerto en esa balacera no era delincuente, como afirmó la Policía en la nota de prensa.
“Le ponen un listón enorme… esos ingratos dicen que mi hijo era aquí, que le venían dando persecución, pero si eso hubiera sido cierto, lo que ellos dicen, ¿por qué no fueron a traerlo (antes) allí donde estaba viviendo?”, se pregunta Castro Palacios, mientras su esposa María Cristina Zelaya Gutiérrez escucha cabizbaja en el corredor frente a la vivienda.
¿Opositores o delincuentes?
Para el alcalde de Santa María de Pantasma, Óscar Gadea, “todo muerto que está en contra del gobierno, para ellos es un delincuente… es doloroso lo que estamos viviendo” en el departamento de Jinotega.
Los antiguos comités de prevención social del delito que la Policía había creado en las comunidades “ya no existen”, dice Gadea, asegurando que “ahora andan creando las Comisiones de Paz y lo que hacen es andar vigilando y todo esto que vemos (policías decomisando armas) son estas comisiones de paz que andan denunciando y por eso estamos viendo estos asedios a los productores”.
El 4 de julio, un hombre identificado únicamente como Martín murió tras enfrentarse a balazos contra un grupo de “gente armada” en el sector llamado Los Laureles Dos, en la microrregión de Plan de Grama del municipio de Wiwilí. Un habitante de la zona señaló en esa ocasión que Martín presuntamente andaba con otro hombre no identificado y que habría logrado escapar de esas “gente armada” que presume eran policías.
El 7 de julio, cuatro policías, incluyendo a una mujer, llegaron a la propiedad de José Esteban Reyes, un kilómetro al norte de la iglesia evangélica de la comunidad El Triunfo del municipio de Wiwilí, donde tres hombres presuntamente cultivaban media manzana de marihuana en medio de una milpa.
Teodoro Ramón Flores Martínez y los hermanos Luis Alberto y Santos Harvin Morales Castro, quienes supuestamente cultivaban la marihuana, habrían querido huir cuando vieron a los policías, pero el último, con un rifle calibre 22 supuestamente disparó tres veces contra los uniformados, por lo que estos respondieron con sus armas.
Santos recibió un balazo en la nalga y a su hermano le asestaron un tiro en la tibia y otro en el muslo derecho. Este último murió. En tanto, Flores fue apresado ileso.
Los sobrevivientes están siendo procesados en Jinotega. A Santos lo acusan por homicidio en grado de frustración contra los policías, en concurso real de portación ilegal de armas de fuego y producción de estupefacientes. Este último delito es el único que la Fiscalía imputó a Flores y ambos debían enfrentar un juicio que inicialmente estaba programado para este 12 de septiembre.
“Alegre y trabajador”
Los padres y algunos vecinos recuerdan a Norvin como “alegre y trabajador”. Estudió en fines de semana y aprobó el segundo año de secundaria en Praderas, la cabecera municipal de Santa María de Pantasma; pero comenzó una relación con una joven de la comunidad El Dorado, con quien tuvo un niño que acaba de cumplir tres años. Apenas nació ese bebé, Norvin entabló una nueva relación con una hermana de Rodríguez.
Castro Palacios tiene unas cinco manzanas de tierra en Malecón donde su hijo le ayudaba a cultivar granos básicos; pero también sacó un crédito para comprar una manzana cultivada con café en Planes de Vilán, donde Norvin residía con su nueva pareja.
Rodríguez quería irse a Estados Unidos y había gestionado cartas de recomendación y constancias de buena conducta. El primero de julio le dijo a Norvin que lo llevara a la comunidad Santa Rosa en El Cuá, para ir a buscar 500 dólares que le prestarían para ajustar y emprender su viaje.
Castro Palacios relata que cuando volvían a casa, Rodríguez habría recibido una llamada, presuntamente de la mujer “pelo chele”, diciéndole que lo esperaría en el bar donde después ocurrió la tragedia.
De los 500 dólares que presuntamente le prestaron a Rodríguez, la Policía únicamente habría devuelto 500 córdobas, dice Castro Palacios, asegurando que, de su hijo, “como no andaba nada”, solo le devolvieron un reloj que ahora usa él, además de los zapatos que andaba Norvin. “Le dije a mi otro hijo que los zapatos mejor los enterrara”, dice.
A la fecha, según Castro Palacios, se niega a devolverle la moto de Norvin, de la que asegura tener “escrituras y todos los papeles en regla”, pero que un policía le dijo: “Esa moto está implicada en un delito grandísimo”, sin darle más explicaciones.
No impunidad
Para los especialistas en temas de seguridad, quienes prefieren el anonimato, “en las muertes de este año en Jinotega se están usando más armas de fuego que antes y sobre todo, armas de guerra que antes no se miraban mucho”.
Además, hay más casos que están relacionados con motivaciones políticas, ya que son protagonistas funcionarios de las alcaldías, exmiembros de la Resistencia y líderes sociales.
Sobre cómo han incidido en la violencia las protestas contra Ortega iniciadas en abril de 2018, un investigador afirma que “como tal no tienen incidencia. Lo que sí tiene influencia y muy fuerte es la represión gubernamental y la espiral de violencia que se ha generado desde entonces. Eso ha incrementado la inseguridad y la impunidad”.
Los especialistas concuerdan que en Jinotega “hay mucho temor entre las familias de las víctimas y muchos de estos casos están quedando en la impunidad porque no se atreven a denunciarlos, ya sea públicamente o ante las autoridades correspondientes. Eso significa que no hay investigaciones y menos judicializacion de estos casos”.
De acuerdo con los expertos, no hay nada extraordinario que recomendar a la Policía, sino que cumplan con su deber de “que la Policía y el sistema judicial investiguen y procesen los casos de oficio para que no queden en la impunidad y que desarme a los civiles armados (paramilitares)”.
“La Policía es parte de los crímenes”
El defensor de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Juan Carlos Arce, analiza la situación sobre las muertes violentas en Jinotega.
¿Lo que está ocurriendo ahorita es algo diferente o sigue los mismos patrones?
Desde mi experiencia como defensor de derechos humanos en la zona norte del país la zona se ha caracterizado por altos niveles de violencia estatal y de impunidad de los agentes perpetradores. En ese corredor (El Cua, El Cua Bocay, Wiwilli) han ocurrido asesinatos frente a los cuales los órganos judiciales asumieron una postura de NO investigación y la policía de descalificación, estigmatización y distorsión de los hechos ocurridos con el objetivo de justificar su acción o deslindar responsabilidad. A nivel de la población durante décadas hubo cierta indiferencia a esta grave situación que en abril de 2018 se traslada a las ciudades, en ese momento la violencia que por años venia sufriendo el campesinado a manos de agentes estales se hizo visible en las ciudades contra los estudiantes. Anteriormente la mayoría de estos asesinatos se daban como parte de operativos de la policía o fuerzas combinadas con el ejército. En la actualidad la mayoría se atribuyen a ejecuciones por parte de personas desconocidas que actúan como sicarios. En el caso de uno de los últimos ejecutados Francisco Blandón era esposo de Thelma Montenegro y cuñado de Oliver y Edgar Montenegro, este fue interceptado por una persona en una motocicleta y ejecutado. Esta acción es propia del sicariato en diferentes países. Además de la intensificación de estas acciones un aspecto diferente es el vinculo de una parte de los asesinados a la protesta social iniciada en 2018, lo que no se puede desvincular a la resistencia que desde hace años vienen desarrollando en el campo frente a la represión estatal.
¿El tipo de armas que se usa en la actualidad es igual a las de épocas pasadas?
Las armas usadas son de grueso calibre en general, sin embargo, en cada caso es difícil determinar con exactitud el arma usada debido a que los órganos de investigación en la actualidad deliberadamente omiten la realización de autopsias que permitirían determinar además del tipo de muerte algunos elementos que te permitirían determinar el armada usada. Estos órganos tales como Medicina Legal han perdido toda credibilidad debido a su subordinación al gobierno.
¿Qué papel juega el elemento político en la actualidad?
El elemento político cruza en todo los niveles esta grave situación, no se puede entender y explicar sino se tiene claro: el vínculo histórico de esta opositora con la guerra en los años ochenta, los fraudes electorales en los últimos años generadores de mucho malestar en la población, la represión histórica que han vivido como una forma de castigo e incluso venganza por parte del gobierno sandinista. Una de las frases que en varias ocasiones me han dicho y que grafica este malestar y conflicto entre el gobierno sandinista y la población campesina es: “los sandinistas nunca han querido a los campesinos porque siempre hemos luchado contra sus abusos”
¿Tiene algún efecto las protestas iniciadas el 19 de abril de 2018?
Las protestas sociales de 2018 y el involucramiento de las víctimas de forma activa en estas intensificaron la represión en el campo la cual se manifiesta en este inaceptable numero de asesinados. Es el caso de la familia Montengro cuya participación en las acciones de resistencia ciudadana en 2018 sin duda han sido el detonante para que cuatro miembros de su familia hayan sido asesinados (2 en Honduras y 1 en El Cua y el ultimo en Wiwilli Jinotega) crimenes ocurridos desde el 23 de enero hasta finales de agosto.
¿Qué está pasando con la incidencia que deberían tener las autoridades policiales?
No hay incidencia, hay subordinación total al ejecutivo, la policía no solo no investiga, sino que es parte de los crímenes, se alejó desde hace tiempo de su función de prevenir y perseguir el delito, es ahora un órgano criminal.
Las víctimas tienen miedo y prefieren no denunciar.
Antes del 18 de abril había mucho miedo de denunciar, sino recordemos el Caso de Andrés Cerrato que denunció y luego fue ejecutado, torturado e incluso le cortaron la lengua. Hoy en día además ese sentimiento se mezcla con la falta de absoluta de credibilidad de la policía. La gente considera que es más bien un riesgo ir a denunciar. La policía se convirtió no solo en un factor de impunidad sino de peligro.
¿Se conoce si estas muertes han sido judicializadas?
No, están en la impunidad total.
¿Qué se recomendaría al Estado?
El Estado es quien ha generado esta situación, es el principal responsable. Tampoco existe voluntad de hacer justicia y de resolver el conflicto, en ese contexto lo que nos corresponde es continuar resistiendo y exigiendo el cese de la matanza contra el pueblo.