Libertad para los presos políticos

En Nicaragua toda la gente democrática y de buena voluntad respalda la demanda de que los prisioneros políticos y de conciencia sean puestos en libertad. La dictadura niega tenerlos

Daniel Ortega, Europa, sanciones

En el marco de las Fiestas Patrias el régimen orteguista excarceló el jueves de la semana pasada a 1,201 presos comunes —1,066 hombres y 135 mujeres—, a quienes benefició con el régimen de convivencia familiar.

Ninguno de los alrededor de 130 presos políticos fue excarcelado, ni siquiera la joven estudiante María Ruiz Briceño, quien desde hace más de dos meses fue secuestrada por participar en una protesta pacífica en la Catedral de Managua y es la única mujer presa por participar en la lucha democrática, después de que todas las demás salieron de la cárcel en junio pasado.

En los recientes días de las Fiestas Patrias la demanda de libertad para todos los presos políticos se intensificó de diversas maneras, alentada significativamente por el informe sobre Nicaragua presentado el 10 de septiembre por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El informe denunció de manera contundente a la dictadura de Daniel Ortega y le exigió que deje en libertad a los reos políticos.

En Nicaragua toda la gente democrática y de buena voluntad respalda la demanda de que los prisioneros políticos y de conciencia sean puestos en libertad. La dictadura niega tenerlos. A todos los califica como presos comunes y los acusa de haber cometido diversos crímenes, como robo y asaltos a mano armada, tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas etc. Pero la verdad es que son presos políticos, según lo demuestran las evidencias aportadas por sus familiares y defensores legales, como fotografías y videos en las que se les ve participando en las manifestaciones contra la dictadura.

De acuerdo con los criterios jurídicos y humanitarios de la organización internacional defensora de derechos humanos, Human Right Watch, “un preso político es una persona privada de libertad por pertenecer a un grupo étnico, raza, ideología política… que no ha abogado por la violencia ni la ha utilizado”.

Otra definición de preso político universalmente aceptada es la del Consejo de Europa, que en el año 2012 determinó que el prisionero político es aquella persona cuya detención “se haya llevado a cabo por razones estrictamente políticas, sin conexión con ninguna ofensa” a otras personas y la sociedad.

Tal es precisamente el caso de los casi 130 prisioneros nicaragüenses por causa política, por mucho que el régimen dictatorial se empeñe en decir que son criminales comunes.

Los presos políticos son una llaga dolorosa en el cuerpo social de los países sojuzgados por dictaduras. En ninguna democracia hay ni puede haber presos políticos. Solo en las dictaduras como la que impera en Nicaragua, que se impone por la fuerza de las armas y del terror policial, las personas son detenidas por sus convicciones y actividades políticas, maltratadas, condenadas y enviadas a prisión en las peores condiciones que cabe imaginar.

La demanda de libertad de todos los presos políticos es un componente fundamental de la lucha contra la dictadura y por la restauración de la democracia.

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