Opositores y críticos nicaragüenses presagiaron la inevitable suspensión de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de que la dictadura de Daniel Ortega impidió el ingreso al país de la comisión especial de ese organismo.
Esta comisión de la OEA tiene el mandato de buscar una solución negociada a la crisis que vive Nicaragua desde abril del año pasado.
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Dicho mandato se enmarca en los procedimientos establecidos en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, entre estos: hacer “gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática” de un Estado miembro.
Pasar al artículo 21
Según los críticos, el rechazo de Ortega a la comisión especial implica pasar a la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática, que establece la convocatoria a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, para que “constate que se ha producido la ruptura del orden democrático”, en este caso en el Estado de Nicaragua y que “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”, entonces, “conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros”, es decir 24 votos de un total de 35 Estados Miembros.
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Conseguir los 24 votos
El político opositor Eliseo Núñez Morales opinó que Ortega agotó las oportunidades que le había dado la OEA, entre estas recibir a la comisión especial. “Creo que con esto que hizo Ortega es bastante más probable que se consigan los votos”, dijo Núñez.
Hasta ahora 21 ha sido el número máximo de votos a favor de la aprobación de resoluciones que demandan una salida negociada a la crisis de Nicaragua y condena de la represión del Estado de Nicaragua contra protestas civiles, en el Consejo Permanente de la OEA. Particularmente la orden de crear la comisión especial fue aprobada con 20 votos a favor en la Asamblea General de la OEA, el pasado 28 de junio, en Medellín, Colombia.
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Reducir plazo de 75 días
El miembro de la opositora Alianza Cívica y participante de la mesa de negociaciones, José Pallais Arana, insistió en que se debe reducir el plazo de 75 días que tiene la comisión especial para entregar un informe sobre la situación de Nicaragua.
Debido a que la comisión no podrá entrar al país, los miembros de la Alianza Cívica viajarán para reunirse con los integrantes de ese grupo de trabajo, con el objetivo de exponerles las sistemáticas violaciones de derechos humanos que se viven en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión policial y parapolicial contra las protestas civiles que demandan la salida de Ortega del poder.
Comisión OEA sigue su trabajo
El exdiplomático José Dávila manifestó que la comisión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) seguirá preparando su informe con las versiones y documentos de los sectores del país que sí están dispuestos a colaborar para buscar una salida pacífica a la crisis.
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“La comisión deberá hacer su informe luego de hablar con los distintos sectores del país, de alguna forma, quizás fuera del país o con base a comunicaciones bilaterales, destacando la imposibilidad de hablar con el gobierno que no les permitió ingresar. Ese informe lo analizaría el Consejo Permanente de la OEA para luego eventualmente convocar a una reunión de cancilleres en la Asamblea General de la OEA, que podría aplicar la Carta Democrática Interamericana, y quedaría expuesta Nicaragua a diversidad de sanciones, incluyendo su suspensión de la OEA”, expresó Dávila.