139 presos políticos y tres manifestantes desaparecidos es el informe actualizado de la Alianza Cívica

"Con esta información buscamos evidenciar que en Nicaragua continúa un ambiente de inseguridad y de persecución política de la que la ciudadanía es víctima", refirió la Alianza en su comunicado

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La protesta en Nicaragua se encuentran restringidas por la dictadura. LAPRENSA/ Deutsche Welle.

En las mazmorras de los sistemas penitenciarios del régimen orteguista permanecen 139 ciudadanos detenidos y condenados por haber participado en las manifestaciones pacíficas contra la represión del régimen de Daniel Ortega, y demandar el adelanto de las elecciones. Esa cifra es la presos políticos del informe actualizado al 23 de septiembre del 2019, publicado por la Alianza Cívica en base a datos corroborados con los familiares de los detenidos y los abogados y organismos de derechos humanos que les defienden.

El informe también evidencia que tres manifestantes están reportados como desaparecidos por sus familiares, dos de ellos desde hace más de un año y otra desde hace nueve meses luego de haber participado en protestas antigubernamentales.

La Alianza Cívica ha publicado además un listado de 109 personas cuyos familiares les reportaron como víctimas de detenciones ilegales y arbitrarias, «pero cuya información o ubicación está pendiente de ser confirmada o verificada».

«Con esta información buscamos evidenciar que en Nicaragua continúa un ambiente de inseguridad y de persecución política de la que la ciudadanía es víctima», refirió la Alianza en su comunicado a través de las redes sociales.

Tras el estallido de las protestas ciudadanas en abril del 2018 la dictadura de Daniel Ortega intentó sofocarlas con la Policía Orteguista (PO) que dirigiendo grupos de choque y paramilitares reprimieron las manifestaciones dejando al menos 326 asesinatos, unos dos mil heridos, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y forzando al exilio a más de ochenta mil nicaragüenses.

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La crisis sociopolítica que ha desembocado en una recesión económica no la reconoce el dictador Ortega como consecuencia de su represión, sino que su versión es que enfrentó un intento de golpe de Estado. Ortega ha criminalizado las manifestaciones opositores y ha negado la justicia a las víctimas porque para proteger a la PO y parapolicías aprobó una Ley de Amnistía o de autoamistía, que usó para excarcelar a unos setecientos presos políticos, de más de mil ciudadanos que ilegalmente fueron detenidos por participar en las protestas.

Las excarcelaciones fueron en base a listas preliminares presentadas por la Alianza Cívica (en conjunto con el Comité pro liberación de presos políticos), durante el fallido segundo diálogo nacional. Sin embargo la dictadura se ha negado a excarcelar al resto de protestantes y la PO continúa secuestrando a opositores, así como el asedio, hostigamiento contra excarcelados políticos.

En su último reporte la AC indicó que de los 139 presos políticos que reportan, nueve son manifestantes que habían sido excarcelados pero que nuevamente los detuvo la PO y la Fiscalía del régimen les inventó nuevas acusaciones para procesarlos.

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«Resaltamos el alarmante aumento de personas reencarceladas como consecuencia de la persecución política a excarcelados. En el mes de julio 2019 reportamos dos casos. A la fecha, esta cifra ha incrementó a nueve casos, de los cuales seis enfrentan un nuevo proceso judicial», se detalla en el informe.

Bryan Cruz Calderón, José Jaffet Gómez Vanegas, Róger Antonio Hernández Morales, Kevin Orland López Aróstegui, Jorge Luis López Mendoza, Jaime Enrique Navarrete Blandón, Fernando José Ortega Alonso, Richard Alexander Saavedra Cedeño son los excarcelados políticos que han sido recapturados ilegalmente y están siendo procesados en los juzgados orteguistas.  El manifestante Jaime Navarrete Blandón fue declarado culpable de supuesta tenencia ilegal de droga y arma de fuego, cargos que la Fiscalía no logró demostrar.

«Condenamos la persecución política, así como estas nuevas detenciones arbitrarias e ilegales de la que siguen siendo víctima los y las presas políticas y sus familiares», denunció la opositora AC.

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¿Dónde están Ervin Gallo Salgado, Deybin Antonio Mairena Centeno y Josué Rivera?

El informe desgloza cuatro listados «con el propósito de mostrar las condiciones diferenciadas de la represión y criminalización», y son de personas excarceladas que han sido capturadas nuevamente como parte de la persecución política y acusado de nuevos delitos; presos políticos que permanecen en prisión; lista de personas reportadas como desaparecidas y un registro de casos de personas pendientes de confirmar su ubicación o verificado la información que permita corroborar si están detenidos ilegalmente, como han denunciado sus familiares.

La AC presenta como personas reportadas como desaparecidas a Erwin Gallo Salgado, originario de León;  Deybin Antonio Mairena Centeno de Matagalpa y Josué Rivera del municipio de Masatepe, Masaya. ¿Dónde están? ¿Qué sucedió con ellos? Es lo que sus familiares quieren saber.

Erwin Gallo Salgado desapareció desde el 6 de julio del 2018; en el caso de Josué Rivera desde el 4 de julio del año pasado y  Deybin Mairena Centeno desde el 12 de enero del 2019. Las familias de ellos han denunciado que desaparecieron cuando participaban en protestas contra el régimen, y señalan a la PO como los responsables.

A pesar de las búsqueda incansable por localizar a Deybin Mariena Centeno sus hermanos no han logrado saber qué pasó con él. Lo han buscado en las estaciones policiales de Managua donde les  niegan tenerlo. Incluso sus hermanos han viajado a Costa Rica a buscarlo pensando que huyó a ese país por ser perseguido por los orteguistas, pero fue otro intento fallido.

«No hemos logrado hacer nada de él. Hemos investigado con los amigos, llamamos a su teléfono, viajamos a Costa Rica a buscarlo, nos han ayudado organismos defensores de los derechos humanos, estamos desesperados porque mi hermano Deybin no está en ningún lado», cuenta Azucena Mairena al otro lado de la línea telefónica.

Deybin Mairena Centeno desapareció hace nueve meses y medio. La última vez que la familia tuvo comunicación con él fue la noche del 11 de enero de este año, cuando el joven confirmó que regresaba a su casa luego de exiliarse en julio de 2018 en Costa Rica por amenazas de cárcel de parte de los Consejo del Poder Ciudadano (CPC) de su barrio en Sébaco, Matagalpa.

De acuerdo a Azucena Mariena su hermano Deybin se encontraba refugiado desde diciembre pasado en una finca ubicada en El Almendro, Río San Juan, pero el 12 de enero el joven decidió regresar a su casa y su familia. En el lugar se encontraban otros autoconvocados.

Deybin Mairena Centeno nunca regresó junto a su familia. La información que recibieron los hermanos es que el Ejército y la PO emboscó a los autoconvocados en Río San Juan el 12 enero como a las 5:30 de la mañana.  Seis de los protestantes habrían muerto, pero hasta ahora se no hay información que confirme el hecho ni que Deybin Mairena era parte de ellos.

«No sabemos qué pensar la familia. Todos los reportes que nos han mandado es que está muerto, pero siempre mantenemos la fe que está vivo», dice Azucena Mairena.

La publicación del listado preliminar sobre los presos políticos y manifestantes desaparecidos fue elaborado por un equipo interdisciplinario que sistematiza la información proporcionada por organizaciones de derechos humanos, de sociedad civil, redes territoriales, activistas en redes sociales, organizaciones de familiares de personas presas políticas, personas excarceladas, abogados/as defensores y denuncias ciudadanas. Así mismo, se basa en los reportes brindados por el equipo de Monitoreo Azul y Blanco, que diariamente informa a la AC y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organizaciones nacionales e internacional de derechos humanos sobre secuestros, asesinatos, heridos y perseguidos políticos por parte del régimen orteguista.

La AC y la UNAB instaron a la población a revisar los listados publicados en sus redes sociales para que brinde información sobre presos políticos que no están incluidos o proporcione datos sobre los casos pendientes de verificar. Para ello disponer las líneas telefónicas  8879-3343  y  8687-3298.

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