El preso político José Rafael Sánchez Navarrete cumplirá mañana 13 meses detenido por el régimen de Daniel Ortega y pese a que este lunes 23 de septiembre recibió la orden de libertad, hasta este miércoles el Ministerio de Gobernación no ha puesto en práctica dicho mandato, denunció la abogada Yonarqui Martínez en su cuenta de Twitter.
Sánchez Navarrete, de 18 años y originario de Masatepe, Masaya, fue secuestrado desde el pasado 26 de agosto de 2018 y luego condenado a dos años por supuestas amenazas con arma de fuego en contra de dos personas. Actualmente se encuentra en el Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa.
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De acuerdo a Martínez, el 23 de septiembre estaba programada una audiencia y fue ese mismo día que el juez giró la respectiva orden de libertad. “Hasta ahora no lo han liberado. Exijo al sistema lo libere”, agregó la abogada.
El caso del joven autoconvocado de Masaya se une al del exiliado Diomedes Reyes, quien fue detenido el 27 de mayo por parapoliciales en Quilalí, Nueva Segovia, y luego acusado de tenencia ilegal de armas. A inicios de julio, el juez Hernaldo Briones Zamora dio orden de libertad con beneficio de suspensión de pena, aunque nunca leyeron sentencia, pero dos meses después, el joven de 22 años aún sigue preso y fue trasladado de Nueva Segovia al Sistema Penitenciario de Estelí.
Sara Reyes, tía de Diomedes, expresó que su sobrino les manifestó que los custodios le afirmaron que seguirá preso por tres meses más. “Nos dijeron que supuestamente (no es liberado) porque como no sale como Diomedes sino que le cambiaron el nombre… en la orden de libertad sale diferente el nombre, sale como Diogenes y no como Diomedes, eso fue lo que dijeron (las autoridades)”, declaró Reyes.
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La familiar agregó que su sobrino se la pasa mal dentro de la cárcel y exige a las autoridades del Sistema Penitenciario que liberen a Diomedes lo más pronto posible. “Lo vimos mal (en la visita de hace 15 días) porque ha estado llorando mucho, dice que no se siente tranquilo ahí en el lugar… es su primera vez detenido”, manifestó.
De acuerdo a los abogados Julio Montenegro, Maynor Curtis, Roberto Fúnez y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quienes llevan casos de presos políticos, ellos no registran este tipo de situaciones, pero denunciaron las nuevas acusaciones en contra de los excarcelados.