Pese a que el régimen de Daniel Ortega no se ha pronunciado ante las invasiones de terceros en áreas protegidas ni tampoco sobre la deforestación, que han denunciado organizaciones ambientales, asegura que invertirán 110 millones de dólares para la conservación, principalmente, de la Reserva Biológica Indio Maíz y la Reserva de Biosfera Bosawas, gracias a un proyecto que aun está en fase de aprobación.
El vicetitular del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), Javier Gutiérrez, dijo a un medio afín al régimen que la aprobación del proyecto Bioclima (Acción Climática Integral para reducir la deforestación y aumentar la resiliencia en las Reservas de Biósfera Bosawas y Río San Juan) se estudiaría este mes. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Banco Mundial.
Gutiérrez detalló que en los 110 millones de dólares se incluye una donación del Fondo Verde del Clima y una partida del gobierno. Asimismo, tildó de “histórico que un gobierno diga yo voy a poner recursos para cuidar Bosawas y mejorar el medio ambiente y reducir la deforestación”, pero en realidad, en la Constitución Política de Nicaragua se indica que la preservación del ambiente es una responsabilidad del Estado.
El científico y exministro del Marena, Jaime Incer Barquero, señaló que es necesario que el financiamiento se emplee, seriamente para restablecer la capacidad y el interés del Estado en una verdadera y real conservación de las reservas de Biosfera. “Son los últimos oasis que nos quedan en Nicaragua ante tanta destrucción, ante la falta de aplicación de las leyes, ante la inercia de las agencias del Estado, que deberían velar y no promover la explotación irracional como actualmente están haciendo”, expresó.
El proyecto, según declaraciones de Iván Felipe Ayala, representante de la FAO en Nicaragua a Marena, promoverá modelos silvopastoriles, agroforestales, de cacao y café amigables con el ambiente, que aporten a la captura de carbono y el fortalecimiento de capacidades locales e institucionales, y que se establezca el sistema de monitoreo y reporte para cuantificar el carbono que Nicaragua absorbe.
Además de este proyecto, Nicaragua también busca financiamiento mediante el Programa de Reducción de Emisiones, que podría desembolsar 55 millones de dólares por parte del Fondo de Carbono del Banco Mundial, hecho ante el que ambientalistas independientes han protestado, tomando en consideración la violación a los derechos humanos que ha cometido el gobierno Ortega-Murillo.
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El experto en negociaciones climáticas, Alejandro Alemán, explicó que Nicaragua venía posicionándose desde hace algunos años en espacios importantes en las finanzas climáticas. En el 2018 el ministro-secretario privado de políticas nacionales, Paul Oquist, desempeñó por un año la vicepresidencia del Fondo Verde Climático.
Alemán considera que el gobierno venía ganando espacios porque preveían el agotamiento de las fuentes convencionales de financiamiento, a través de organismos multilaterales. “En este momento aceleraron el paso porque se vio ese agotamiento de manera más rápida de lo previsto y están tratando de acceder a esos recursos para propiciar el balance macroeconómico nacional”, expresó.