El próximo martes 15 de octubre, conforme lo establece la norma, el Ejecutivo presentará el proyecto del Presupuesto General de la República (PGR) del año 2020, y se prevé que las metas económicas sean expuestas a la Asamblea Nacional por el ministro orteguista de Hacienda, Iván Acosta.
El jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Jimmy Blandón, explicó que en la reunión de la Junta Directiva parlamentaria, sostenida este jueves 10 de octubre, los orteguistas informaron que el régimen les notificó que “éstán listos” para presentar la propuesta del PGR del 2020.
La próxima semana es de sesiones plenarias por lo que, de acuerdo a Blandón, es viable que el mismo 15 de octubre el ministro Acosta exponga los números del Presupuesto, una vez que lo introduzcan en la Primer Secretaría, como establece la ley.
El proyecto del PGR también permitiría conocer la serie de estadísticas e informes que el Banco Central de Nicaragua (BCN) deliberadamente oculta sobre el desastre económico.
El Presupuesto General de Ingresos aprobados para 2019 fue de 69,751 millones de córdobas y el de Egresos por 80,014.5 millones de córdobas.
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Las aspiraciones del régimen de Ortega es que el próximo año la economía crezca entre 1 y 2 por ciento, luego de que caiga entre 3.5 y 4.5 por ciento en 2019.
La economía nicaragüense enfrenta una profunda recesión como consecuencia de la crisis social y política debido a la represión de las fuerzas parapoliciales, turbas y Policía Orteguista (PO) contra las protestas ciudadanas que estallaron en abril del 2018.
“Será interesante conocer cuánto ha rendido la brutal reforma fiscal que nos aplicaron al pueblo o si les fracasó”, dijo Blandón al añadir que ese es un dato que debe incorporar la propuesta del PGR 2020.
En febrero pasado el régimen aprobó una reforma tributaria para obtener 10,100 millones de córdobas (317 millones de dólares) para cubrir el déficit del Presupuesto Público 2019, una meta que el sector privado ha sostenido que no la cumplirá porque se llevaría a la quiebra a muchas empresas, aumentará el desempleo y acelerará los niveles de pobreza en el país.
En julio pasado, el ministro orteguista Acosta informó que sus primeros cuatro meses ha generado en ingresos adicionales 4,442 millones de córdobas, por lo que esperan que el déficit presupuestario comience a retornar por la tendencia del equilibrio.
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En 2018 la economía cayó 3.8 por ciento, según cifras oficiales. Sin embargo el régimen es optimista en que el próximo año haya una recuperación entre 1 y 2 por ciento en 2019, y el país vuelva a tener tasas de crecimiento entre 4 y 5 a partir del 2020.
Pero las estimaciones de organismos multilaterales son más pesimistas. El Banco Mundial proyecta que Nicaragua tendrá una caída económica del 5 por ciento en 2019 y para el próximo año volverá a caer 0.5 por ciento, según las actualizaciones para América Latina y el Caribe divulgadas este jueves.
Según las previsiones, será hasta el 2021 cuando Nicaragua podría retornar al crecimiento, con un despegue del Producto Interno Bruto de 0.6 por ciento, un nivel de recuperación que quedará lejos del 5 por ciento promedio anual de los últimos tres años antes del estallido de la crisis política en abril del 2018.
La Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario (550) en su artículo 35 obliga a la Presidencia a presentar al Legislativo el proyecto de Ley Anual de PGR “a más tardar, el 15 de octubre del año anterior al ejercicio para el cual regirá la ley”.
Posteriormente debe ser explicado ante el plenario y discutido en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto donde debería realizarse una amplia consulta con ministros y organismos de la sociedad civil para determinar si las asignaciones a cada cartera son acordes a las necesidades de proyectos y programas demandados en el país.
Aunque en los 12 años del régimen de Daniel Ortega en la Comisión Económica lo que se acostumbra es invitar solo a los funcionarios públicos quienes no discuten lo dispuesto por la dictadura, mientras se excluye a organizaciones sociales y centros independientes que cuestionan las políticas económicas gubernamentales.
La Ley Anual del PGR debe ser aprobada a más tardar el 15 de diciembre por los diputados, debido a que esa es la fecha en la que se cierra el trabajo legislativo cada año.