Un año sin Matt Romero: el adolescente asesinado en la última marcha

Los ojos de Tania están a punto de explotar en llanto otra vez, un año después. “No había salido en la televisión que era él, pero lo primero que se me vino a la mente es que era él, y cuando vi las imágenes fue algo impactante, sentí que me habían arrancado un trozo de mi alma. No lo podía creer”, dice.

Un disparo directo al pecho acabó con la vida de Matt Andrés Romero, de 16 años. “Así como el día en que das a luz se convierte en el mejor día de tu vida, así de inolvidable se vuelve el día que te matan a un hijo”, exclama Tania Mercedes Romero, madre del adolescente asesinado en la marcha opositora del 23 de septiembre del 2018, la última realizada desde abril de ese año porque cinco días después la Policía Nacional prohibió que los ciudadanos salieran a las calles a protestar.

Matt fue uno de los 29 menores de edad que murieron entre el 19 de abril y el 30 de septiembre del 2018, víctimas de la represión a las protestas antigubernamentales, según las estadísticas de la Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni). En general, sería la víctima mortal número 325 en la rebelión cívica, el saldo documentado hasta ese mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Tania estaba pendiente de la televisión, de cómo iba la marcha denominada “Somos la voz de los presos políticos”, y cerca de las 11:00 de la mañana de ese 23 de septiembre escuchó la alarma de que armados encapuchados, a bordo de motos, disparaban contra los manifestantes.
En la casa contigua a la de Tania, el hermano de esta, Ismael Romero, se levantó de la silla asustado cuando un periodista dijo en la tele que había personas heridas de bala porque los encapuchados emboscaron a los protestantes.

Matt había salido de su casa a las 9:30 de la mañana, con su primo de 14 años. Llevaba una mochila, una bandera azul y blanco y una botella de dos litros con agua. En los últimos meses había participado en varias manifestaciones.

“Nosotros siempre íbamos a las marchas con él”, relata su tío Ismael. “Pero ese día me tocó ir a la iglesia. Matt me preguntó si iba a ir, y yo le dije que no. Si vos querés ir, le dije, decile a tu tía, pero mi hermana tampoco fue”.

Matt le pidió dinero a la tía para el pasaje y ella le dio 10 córdobas. “Ese día él me dijo que iba a regresar”, recuerda Tania, de 37 años, también madre de un niño de cuatro años y hoy en estado de embarazo, esperando a una niña.

Al ver las imágenes de los heridos en la televisión, Ismael identificó la mochila de Matt y corrió a la casa donde viven su mamá y Tania. “Les dije que habían matado a Andresito”, recuerda aún con expresión de dolor. Ismael, de 50 años, era el tío mayor de Matt y también una suerte de papá para el adolescente, quien fue abandonado por su padre biológico desde que estaba en gestación y después nunca lo conoció.

“Ha sido un año muy difícil, devastador. Andresito no tenía papá, pero nosotros éramos como sus padres. Uno se detiene y trata de analizar las cosas, pero es bien difícil aunque tratemos de seguir adelante”, comenta el tío.

El Comité pro Liberación de Presos Políticos fue el que convocó a la marcha del 23 de septiembre del 2018. Doce meses después, Brenda Gutiérrez, portavoz del Comité, recuerda la reacción de la gente al ver cómo matan a Matt Romero: “Muchos nos llenamos de indignación, de impotencia, de dolor, tristeza porque a alguien que estaba exigiendo la libertad en ese momento, le fue arrebatada la vida”.

Ella recuerda haber visto a Matt en distintas manifestaciones y cómo en esa última marcha el adolescente gritaba con energía que liberaran a todos los presos políticos, para entonces más de 500.
Tania Romero relata que su hijo Matt deseaba ser arquitecto y acariciaba mucho esa idea estando a menos de año y medio para bachillerarse. “Le arrebataron todos sus sueños, quería hacer tantas cosas, quería ser un profesional. Decía que cuando él trabajara, yo ya no iba a trabajar; era un chavalo muy atento y comunicativo”, lo describe.

La madre admite que pasó por muchas dificultades para impulsar a su hijo y darle amor, y después de su muerte, ella también ha sufrido en su trabajo las consecuencias de que el joven haya sido un protestante antigubernamental.
Durante más de cinco años Tania ha trabajado para una institución estatal. Sus hermanos también eran empleados estatales en septiembre del 2018 y perdieron sus puestos tras el asesinato de Matt. Solo ella conserva el empleo, pero fue removida y la mayoría de compañeros de labores la evitan.

“Ha sido una situación bien difícil, a mis hermanos los despidieron, a mí me trasladaron de área, todas las personas que antes me hablaban en el trabajo se han alejado y yo los entiendo; puede ser que lo hayan hecho por temor a perder sus trabajos”.
Ismael afirma que “a Tania y a mi otra hermana las han seguido, pero nosotros no les tenemos miedo, incluso los hemos encarado muchas veces”.

Se refiere a gente afín al gobierno que les hostiga. En noviembre del 2018, cuando Matt habría cumplido 17 años de edad, la familia hizo un culto religioso en la casa y “vinieron personas que ni siquiera conocimos, a ofendernos y a faltarle a la memoria de Matt, pero bueno, hemos sabido llevar y enfrentar las cosas”, recuerda.

“Cuando se le ha hecho algún homenaje a Matt, vienen motorizados a estar asediando y la gente que se presta y les continúa el juego”, lamenta Ismael.

Martha Meneses, del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, tomó un taxi aquella mañana para sumarse a la manifestación, y vio que a los lados de la calle entre los semáforos de La Subasta y los semáforos del Mayoreo había decenas de policías, en especial fuerzas antimotines, además de fuerzas civiles de choque del gobierno, conocidas como turbas por sus actuaciones violentas contra los opositores.

“Al final la marcha sale y yo no pude llegar, el taxi me dejó como a dos cuadras porque la Policía no dejaba llegar hasta allá. Como no puedo llegar, me meto con un grupo de gente por el barrio Dos de Agosto y caminamos hasta que la alcanzamos”, relata Martha.

La convocatoria de los opositores precisaba que la marcha “Somos la voz de los presos políticos” partiría de los semáforos del mercado de Mayoreo y culminaría en Rubenia, lo que no sucedió con esa exactitud por el asedio de la Policía y civiles armados (parapolicías).
Cuando los manifestantes iban por el sector de las Américas Tres se dieron cuenta que las turbas les esperaban cerca del mercado Iván Montenegro.

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“Nos emboscaron, atrás teníamos gente y adelante también. De los manifestantes, nadie estaba armado, realmente las marchas siempre han sido por la vía pacífica porque estamos claros que guerra no queríamos ni queremos”, rememora Martha.
Primero, la Policía lanzó bombas lacrimógenas e hizo disparos al aire con la intención de dispersar la marcha. Luego aparecieron los civiles armados en motos y empezaron a disparar contra los marchistas, quienes corrieron por los callejones de los barrios aledaños y se metían en las casas para protegerse, asegura Brenda Gutiérrez.

Los manifestantes recogieron piedras y las lanzaron a los motorizados armados, para defenderse. “Entendemos la rabia de los jóvenes, porque por lo general la mayoría de los asesinados son jóvenes. Se nos orientó que nos protegiéramos y no cayéramos en provocaciones, por lo que más bien buscamos refugio”, cuenta Martha.

La parroquia Nuestra Señora de las Américas sirvió como refugio. Había feligreses en la misa dominical de antes del mediodía. Cuando empezaba la agresión, sonaron las campanas y centenares de personas entraron al templo y se protegieron de los disparos.
En la memoria de Martha están muy marcados esos momentos de angustia. “Un grupo se metió a la iglesia y otros nos quedamos en la calle, pero los balazos nos obligaron a meternos a un local donde vendían ropa; éramos como 15 personas y la dueña de la casa empieza a corrernos porque al parecer era sandinista, pero no nos salimos hasta que dejamos de escuchar las balas”.

Brenda afirma que “en ese momento, en esa corredera y tensión es cuando le disparan a Matt y él cae”.

El adolescente, manando sangre del pecho, fue auxiliado por algunos manifestantes y un joven, solo conocido como el Colochos lo trasladó en una moto hacia la delegación de bomberos del mercado Iván Montenegro, de donde luego fue llevado al Hospital Alemán Nicaragüense.

El abogado Pablo Cuevas se dirigía ese domingo al culto de una iglesia ubicada en el kilómetro 7 de la Carretera Norte, y cuando pasaba por el restaurante El Madroño se topó con una caravana de simpatizantes del gobierno y su automóvil quedó atrapado entre la multitud. Giró hacia el mercado Iván Montenegro, buscando otra vía y allí escuchó disparos de arma de fuego.

“Dentro de la caravana del Frente (Sandinista) vi gente armada; luego veo al montón de gente corriendo y a los pocos minutos supe de la muerte de Matt y de la oficina me llamaron, me orientaron que me hiciera cargo del caso y me fui al Hospital Alemán”, recuerda Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y quien ese domingo estaba libre después de seis meses consecutivos trabajando en casos de violaciones a derechos humanos durante la crisis sociopolítica del país iniciada el 18 de abril del 2018.

Los familiares de Matt fueron primero a la estación de bomberos del Iván Montenegro, donde ya no estaba. “Nos fuimos al hospital, yo no pude entrar porque me sentía devastado. Una doctora nos recibió y nos dijo que solo podía entrar una persona, así que entró mi otro hermano menor y a los minutos vimos que salió llorando”, relata Ismael.

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La bala que perforó el tórax de Matt quedó adentro. “Fue una muerte horrible, no había medio de salvarlo, se ahogó en su propia sangre”, revela el tío.

Cuando Cuevas llegó al hospital, los familiares de Matt estaban retirando el cuerpo: “Le estaba orientando a la familia trasladar el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y no lo permitieron porque no querían que la Policía tocara el cadáver”.
“Tuvimos que sacar el cuerpo por un portón alterno, porque el hospital estaba lleno de paramilitares y policías”, confirma Ismael.

El epicrisis entregado a la familia en el Hospital Alemán Nicaragüense precisa que Matt falleció al recibir un disparo de arma de fuego desde una distancia corta.

El reportero gráfico Oscar Sánchez, quien iba en la marcha, logró fotografiar a un civil de las fuerzas de choque del gobierno que bajó de una moto, sacó una pistola y disparó contra los manifestantes. La moto en que se movilizaba tenía la placa M142264.

“Nicaragua no necesita más represión ni muerte. Urge la democracia, elecciones anticipadas y justicia”, declaró el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la noche del 23 de septiembre de 2018, al condenar la muerte del adolescente Matt Romero.
La CIDH demandó al Estado de Nicaragua que investigara la muerte de Matt “de forma diligente e imparcial”.

El ataque a esta marcha causó heridas de bala a otras siete personas, entre estas tres periodistas: Winston Potosme, productor del programa televisivo Café con Voz; Inti Ocón, de la agencia francesa de prensa (AFP) y Oswaldo Rivas, de la agencia de noticias Reuters.

Cinco días después de la marcha en que asesinaron a Matt, la Policía Nacional declaró ilegales las manifestaciones y amenazó a las personas que convocaran a protestar contra el gobierno.

“La Policía Nacional responsabiliza a quienes han convocado y convocan a estas concentraciones y movilizaciones públicas ilegales, de las alteraciones al orden público, de las acciones ofensivas y delictivas y de las agresiones que irrespetan el derecho al trabajo, a la seguridad y a la vida de las familias nicaragüenses”, expresa el comunicado emitido el 28 de septiembre del 2018.

Las organizaciones opositoras señalan que esa declaración policial contradice el artículo 54 de la Constitución Política, que “reconoce el derecho de concentración, de manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”.

El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, comenta que ese comunicado de la Policía “es una flagrante violación a la Constitución y los derechos humanos elementales, que están contemplados en los primeros cinco derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos” porque “la Policía prohíbe expresarse cívicamente”.

La Policía también dijo que la muerte de Matt se produjo “en un fuego cruzado entre manifestantes”, sin presentar ninguna prueba.

Brenda Gutiérrez opina que esa declaración policial “era una justificación para ellos, el decir que por causa de los manifestantes se había dado un muerto más”.

Martha Meneses asegura que nunca hubo fuego cruzado en la marcha “Somos la voz de los presos políticos”, ni en ninguna otra manifestación. “Toda la vida hemos sabido quiénes tienen las armas, si no, no estuviéramos arrinconados sin poder salir a las calles”, dice al recordar que desde hace un año los opositores nicaragüenses han sido impedidos de marchar por la fuerza policial.

“Desde que prohibieron manifestarnos… La realidad es que nos han detenido a punta de balas”, enfatiza Martha.

Los familiares de Matt Romero optaron por no presentar ninguna queja en el poder judicial y la Policía por el asesinato del adolescente. Sí presentaron una denuncia ante la CPDH y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la CIDH.

“Lo que dijo la Policía fue que murió en un fuego cruzado entre delincuentes. Eso es lo que más uno detesta, cómo ellos (la Policía) se lavaron las manos, sabiendo que ellos lo ejecutaron”, comenta Ismael Romero.

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Argumenta que en los medios de comunicación y las redes sociales hay evidencias suficientes de que la Policía y grupos de simpatizantes afines al gobierno fueron quienes dispararon a los manifestantes ese 23 de septiembre.

“La justicia se la vamos a dejar a Dios y les va a llegar realmente su día”, afirma Ismael.

En la CPDH, el expediente de Matt sigue en investigación. “Tenemos una unidad especial que se encarga de investigar los casos de asesinatos y torturas; también, interpusimos nuestra denuncia ante el Ministerio Público y, como en todos los casos, no hemos obtenido respuestas”, dice Cuevas.

También el Meseni tiene este caso documentado. “Hemos suministrado información a organismos internacionales, seguiremos empujando a que haya justicia y no impunidad”, agrega Cuevas.

“Cuando todo esto termine, interpondremos la denuncia como debe ser, para que se castigue al responsable”, advierte Ismael.

Para Cuevas, hay evidencias de que el asesino de Matt pertenece a la línea oficial del gobierno y este lo ha protegido y lo seguirá protegiendo.

“Mientras estén los verdugos en el poder, ellos no se van a juzgar; al contrario, ya se autoamnistiaron. Para ellos es borrón y cuenta nueva, o sea, el muerto bien muerto. Entonces, la gente tiene razón cuando dicen que mientras estén ellos, no habrá justicia”, comenta el asesor legal de la CPDH.

Ismael Romero recuerda que al velorio de su sobrino llegó una cantidad impresionante de gente para acompañar a la familia. También, patrullas de policías se apostaron esa noche frente a la casa, en el barrio Larreynaga.

Se supo entonces que la directora del Colegio Rubén Darío, donde estudiaba Matt, había prohibido a los estudiantes asistir a la vela y al entierro. “Pero usted sabe cómo son los chavalos”, dice Ismael. “Todos sus compañeros vinieron, hasta los maestros que me pidieron que no dijera nada y no dilataron, por temor a que alguien los viera”.

“La gloria y la honra es para Dios, nosotros recibimos tanta gente que nunca en la vida habíamos visto; el día de la vela estuvo militarizado todo el sector, el asedio terminó hasta que lo enterramos”, revela Ismael.

Pablo Cuevas estuvo en la vela de Matt y afirma que había entre 15 y 20 camionetas repletas de agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP).

“Al día siguiente, me tocó ir en la caravana enorme de ciudadanos que acompañaron el sepelio hasta el cementerio Puertas del Cielo, del barrio Milagro de Dios, y continuaba el asedio de la Policía”, añade el abogado.

Lener Fonseca, quien iba en la marcha de ese 23 de septiembre en representación del sector campesino, cuenta que Matt repetía: “No muere quien se entierra, sino quien se olvida”.

“Esta frase la dijo este niño y todos estos piquetes y plantones que hoy estamos realizando llevan ese lema, en memoria de él”, comenta Fonseca, quien estuvo encarcelado algunos meses y fue liberado en junio del 2019.

“Lamentablemente, falleció ese jovencito y eso es lo que más duele, chavalos inocentes que se unen a la causa, que lucharon por una patria libre, que se les haya arrebatado la vida así. A uno le duele, te marca la vida y por ellos vamos a seguir exigiendo justicia”, expresa.

Hermanita

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