Ejército de Nicaragua se desvincula de asesinatos de campesinos cometidos entre 2008 y 2019

La institución castrense, mediante un documento oficial, aseguró que los casos expuestos por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+no prueban la veracidad de los hechos y se “manipula falsa información”

Elea Valle reclama la devolución de los cuerpos de sus dos hijos que fueron ejecutados en 2017. LA PRENSA/M.ESQUIVEL

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ denunció que 55 campesinos han sido asesinados de 2008 a 2019; treinta en el contexto de la crisis sociopolítica y 25 en los años anteriores, en los que vinculan el accionar de fuerzas policiales y del Ejército de Nicaragua.

Sin embargo, la institución castrense, mediante un documento oficial, aseguró que los casos expuestos no prueban la veracidad de los hechos y se “manipula falsa información”.

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“En el documento se manipula falsa información asegurando la existencia de 55 supuestos casos de asesinatos, sin embargo únicamente describen 26 acontecimientos pretendiendo situar al Ejército con implicación inexistente en 18 de ellos”, expuso el Ejército en el texto.

Informe presentado ante la CIDH

El informe titulado “Situación de Derechos Humanos de la Población Campesina” fue presentado el miércoles 25 de septiembre en Washington, Estados Unidos, en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También fue entregado a la comisión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), que visitó El Salvador del 1 al 3 de octubre de 2019, para reunirse con diversos sectores nicaragüenses, debido a que el régimen prohibió su ingreso al país. Esta comisión de alto nivel tiene como mandato buscar una salida negociada a la crisis nicaragüense.

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En el capítulo seis del documento el Colectivo citó un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en el que registran “al menos 25 asesinatos de líderes campesinos opositores o alzados en armas, 12 de los cuales perpetrados en territorio hondureño”.

Reportados como“enfrentamientos” contra delincuentes

De acuerdo con el informe del Colectivo, cerca de 14 asesinatos fueron reportados como “enfrentamientos” u operaciones contra supuestos grupos de delincuentes, acusados por abigeato o narcotráfico, para no reconocer que “fueron asesinatos selectivos que ponen en evidencia una letalidad desmedida de la represión gubernamental que es propia de tiempos de guerra”.

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Para el Ejército, el informe que denuncia el clima de violencia que se vive en el campo, pretende “retrotraer” situaciones de vieja data no vinculantes con la situación actual (de crisis sociopolítica).

Ejército dice que no tiene “nada que ver”

“Se trata de implicar al Ejército de Nicaragua en situaciones en las que no ha tenido nada que ver” y además, señalan que “se incluyen nombres de personas con vinculación al narcotráfico, ahora presentados como víctimas de hechos políticos”.

La institución castrense mediante su informe responde de manera escueta y citando notas periodísticas de diversos medios de comunicación. Señalan que algunas personas tenían un historial delictivo, en otros casos que el Ejército no tuvo presencia cuando se dieron los hechos, o bien, que los implicados se relacionaban con tráfico de drogas, robo, entre otros delitos.

Algunos de los casos que refuta el Ejército

En el documento del Colectivo se incluye el testimonio de Juan Gabriel Cordero, cuenta que él “resultó herido por arma de fuego en sus rodillas cuando escapaba del Ejército, quienes habían llegado a buscarlo a su casa, días después de la operación limpieza”.

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La posición de la entidad castrense es que en el relato no se exponen datos como la fecha, el lugar y nombres de los afectados; concluyen que “es de suponer que se trata de una recreación de quien hace este documento”.

Otro de los casos mencionados en el informe es el de José Gabriel Garmendia —excontra—, conocido como Yajob, quien fue asesinado en 2011 por un francotirador cuando estaba en una finca de la zona de Santa Teresa del Kilambé, en el municipio de El Cuá.

“Tanto el Ejército como la Policía vincularon a Yajob con una banda dedicada a los secuestros, extorsiones y asaltos; justificando el acto y sin hacer absolutamente nada por esclarecer su muerte”, se lee en el informe del Colectivo.
Menores de edad tratados como delincuentes

El Ejército replicó dicha aseveración con recortes de una nota informativa de este Diario en la que se señala que el responsable del asesinato fue capturado en el 2011. A su vez, el Colectivo también denuncia la ejecución de seis personas en el 2017 en la comunidad San Pablo 22, de la Cruz del Río Grande, Caribe Sur, entre estos dos menores de edad. “El Ejército afirmó que se trató de un enfrentamiento entre delincuentes y militares” relata el informe de derechos humanos.

Elea Valle, madre de los menores asesinados junto a su padre, aseguró que este último había sido perseguido por el Ejército por ser hermano de Colocho —excontra de nombre Rafael Pérez—, pero la versión sostenida por el Ejército es que eran delincuentes y se les ocuparon armas. Por su parte, Valle demandó que le entregaran los cuerpos de sus familiares, ya que estos fueron enterrado en una fosa común.

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Los defensores de derechos humanos exponen en el informe que el Ejército y la Policía justificaron las ejecuciones extrajudiciales en el Libro Blanco presentado al Cuerpo Diplomático en enero de 2018, en el que se destacó la incidencia de elementos delincuenciales en el país.

Treinta crímenes en nueve meses

En el documento de los derechos humanos denuncian el incremento de los asesinatos en el campo como una situación preocupante. Del 1 de enero al 22 de septiembre de 2019 contabilizan treinta campesinos asesinados.

Parte de las características comunes que se desprenden de los hechos expuestos por el grupo de defensores de derechos humanos es que las víctimas estaban vinculadas a grupos armados con fines políticos o a partidos políticos opositores, y ejercían una influencia relevante en los territorios donde se desplazaban. Además, que “los asesinatos fueron ejecutados por la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, y en al menos, la mitad de los casos por fuerzas combinadas”.

“No hay evidencia de participación del Ejército”

El Ejército, por su parte, rechaza los contenidos del documento, a la vez que critica que “ha sido elaborado por personas que adolecen de credibilidad”. Agrega que no hay evidencias de la participación de la fuerza castrense en los hechos denunciados.

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“No existe ninguna evidencia de participación del Ejército de Nicaragua como se ha pretendido en el documento analizado en que sí hay evidencias de manipulación de información totalmente falsa”, se expone en el documento oficial de la institución armada.

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