Albio Sires, presidente del subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.), envió una carta al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en la que solicita investigar de cara a posibles sanciones a siete personajes afines al régimen orteguista, incluidos un alcalde y jueces.
María Amelia Coronel, Ministra de Gobernación; Ana Julia Guido, Fiscal general; Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Adolfo Marenco, subdirector de la Policía Orteguista; el juez Julio César Arias; el juez Henry Morales Olivares y el alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón son las personas que el congresista solicita que sean investigadas por el Departamento del Tesoro.
Sires recordó en su carta el saldo de muertes (328), provocada por la brutal represión orteguista, además de las 800 detenciones arbitrarias. A la vez, destacó las conclusiones realizadas en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señala que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad.
“Los matones del presidente Ortega asesinaron a cientos de nicaragüenses el año pasado y cometieron crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, casi todos los funcionarios que llevaron a cabo esos actos no han enfrentado la justicia, y muchos de ellos continúan encerrando arbitrariamente y torturando a disidentes políticos. Al mismo tiempo, Ortega se alejó de las negociaciones con la oposición. Es hora de que Estados Unidos demuestre que seguimos apoyando al pueblo de Nicaragua y que responsabilizaremos a estos crueles violadores de los derechos humanos”, expone el congresista en una nota de prensa.
El congresista señala en su carta que es importante que tanto los jueces, que han impuesto sentencias arbitrarias contra la oposición, y los funcionarios de gobiernos locales que ayudaron a implemetar el sistema de represión del gobierno, se hagan responsables de sus actos.
Las personas propuestas por el congresista para que sean investigadas han sido señaladas de aportar, desde sus espacios de poder, a la persecución sistemática del régimen orteguista contra los disidentes políticos, incluidos, los encarcelamientos.
Magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia
Cumplió 31 años en el poder Judicial. Fue integrada en 1988. Ha pasado por distintos cargos entre estos Registradora Pública Nacional y juez. Asumió la presidencia de la Corte en el 2010, cuando hubo un impás entre magistrados liberales y magistrados sandinistas, por vencimiento de período, sucediendo al magistrado liberal Manuel Martínez.
El 13 de diciembre de 2018, la magistrada Ramos condenó públicamente y sin previo juicio a las personas acusadas por protestar contra el régimen de Daniel Ortega, violándoles la garantía constitucional de inocencia. También afirmó que estas personas cometieron asesinatos, incendios y otros delitos, durante los primeros cuatro meses de protesta social y afirmó que “no son presos políticos”.
“Cometieron incendios, asesinatos con armas industriales y hechizas, utilizaron explosivos en contra de personas, bienes públicos y medios de transporte; vimos como quemaron y secuestraron personas”, aseguró la doctora Alba Luz Ramos Vanegas a la agencia internacional de noticias multimedia Sputnik, según nota de prensa del poder judicial.
También ha comparecido en actos públicos del gobierno de Daniel Ortega, durante la crisis social, y este la llama “compañera” aduciendo a su militancia en el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
Durante su mandato ordenó la censura a medios independientes como el diario LA PRENSA, a quien prohibió el ingreso de los periodistas de este diario al recinto judicial desde 2017.
Lea Además: Los siete jueces que el orteguismo usa para reprimir a los manifestantes en Nicaragua
Fiscal General de la República Ana Julia Guido
Ana Julia Guido Ochoa, de reconocida trayectoria sandinista, fue Subdirectora General de la Policía Nacional, hasta el 2006, antes ejerció otros cargos jerárquicos en esta misma institución. Luego fue enviada por el partido Frente Sandinista, donde es militante, hacia el Ministerio Público, a cuidar los intereses de este partido, donde ejerció funciones como Fiscal General Adjunta del 2007 al 2014, mientras Julio Centeno era Fiscal General. En el 2015 fue nombrada Fiscal General de la República hasta la actualidad.
Durante su mandato más del 50 por ciento de los fiscales departamentales y auxiliares han renunciado a la institución por la forma en que está ha ejercido su mandato. “Control político y abuso laboral”, resumen exfiscales.
La actuación de esta institución durante la crisis socio-política en Nicaragua ha dejado mucho que desear, al punto que su credibilidad se ha erosionado, por la falta de cumplimiento en sus funciones de investigar, acusar y representar a las víctimas de asesinatos políticos, contrario a la forma represiva e inquisidora que ha tratado a los procesados políticos, violando todo procedimiento legal
Incluso el 4 de mayo de 2018 se comprometió públicamente a investigar los asesinatos de abril y a la fecha familiares siguen esperando respuesta.
Juez Julio César Arias Roque, titular del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua
Militante del Frente Sandinista. Fue miembro del Ejército de Nicaragua. Trabajó en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Gobernación. Ingresó al sistema de justicia en septiembre de 2006, fue juez suplente, luego nombrado titular, tiene 12 años de ser juez de distrito.
Desde el 2012 fue delegado por la magistrada Ligia Molina (q.e.p.d), secretaria política del Frente en Managua, para ese entonces, como enlace político del área penal, cargo político que ostenta hasta la fecha. Es decir, atiende políticamente a los Comité de Liderazgos Sandinista (CLS) de los juzgados de Managua.
Juez Henry Morales Olivares, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua
Actualmente es militante del Frente Sandinista, pero sus orígenes son liberales. En abril de 2018 sorprendió a muchos militantes verlo activo en las reuniones partidarias del Frente. Ingresó al Poder Judicial en 1999, fue fundador y director de notificaciones. En el 2006 pasó a ser titular del Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, en reposición del juez Tomás Eduardo Cortez, quien fue promovido a juez de juicio. En el 2013 repone a la juez Gertrudis Arias, quien fue destituida por la CSJ.