“Esta situación tiene que terminar y tiene que terminar ahora”.
Con esas palabras el presidente de Chile, Sebastián Piñera, llamó este martes a las fuerzas políticas y a los ciudadanos a unirse para poner fin a los actos de violencia que han ocurrido en ese país desde que hace casi cuatro semanas se inició una ola de protestas callejeras para exigir mayor justicia social.
“Hoy hemos vivido una nueva jornada de violencia, de destrucción que estoy seguro ha causado un grave daño y un grave dolor a nuestro país y a millones de familias”, dijo el mandatario al iniciar una breve alocución televisada en la que propuso la adopción de tres acuerdos nacionales para intentar superar la actual crisis que vive Chile.
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Piñera hablaba al final de un día que había comenzado con una huelga general impulsada por trabajadores del sector público, estudiantes y otros gremios.
Las enormes manifestaciones pacíficas de decenas de miles de personas concluyeron con graves actos de destrucción y saqueo en Santiago, en Viña del Mar y en otras ciudades.
El mandatario dijo que el orden público y la seguridad ciudadana habían sido vulnerados por lo que anunció que el gobierno decidió abrir la puerta para la reintegración al cuerpo de Carabineros (Policía militar) y a la Policía de Investigaciones de exagentes que hayan tenido un retiro reciente y que hayan tenido un servicio destacado.
Piñera aseguró que el objetivo de esta medida es fortalecer la capacidad y la eficacia de las fuerzas del orden ante la coyuntura que vive el país.
Paz, justicia y Constitución
El presidente chileno reconoció que este tipo de medidas no son suficientes, por lo que llamó a las fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad a agruparse en torno a tres acuerdos nacionales “urgentes y necesarios”.
En primer lugar, se refirió a un acuerdo por la paz, “que nos permita condenar en forma categórica y sin ninguna duda, una violencia que nos ha causado tanto daño”.
El segundo sería un acuerdo por la justicia y su objetivo sería impulsar “una robusta agenda social que nos permita avanzar rápidamente hacia un Chile más justo, con más equidad y con menos abusos, con mayor igualdad de oportunidades y con menos privilegios”.
En tercer lugar, Piñera mencionó un acuerdo por una nueva Constitución, la cual -según explicó- sería tramitada “dentro del marco de la institucionalidad democrática, con una clara y efectiva participación ciudadana; y con un plebiscito ratificatorio”.
De esta forma, según aseguró, se buscaría que los ciudadanos no solamente participen en la elaboración de la nueva Carta Magna sino que además “tengan la última palabra en su aprobación”.
Incendios y saqueos
Los episodios violentos de este martes se concentraron en algunas esquinas del centro de la capital chilena, donde se volvió a saquear y quemó un hotel y un restaurante y se atacó de nuevo la embajada de Argentina.
Los violentos también generaron un incendio en una iglesia en el céntrico barrio de Lastarria, y construyeron y prendieron en llamas varias barricadas callejeras.
En otras ciudades como Antofagasta (norte), Viña del Mar (centro) y Concepción (sur) también fueron atacados edificios públicos y comerciales.
Piñera señaló que la gravedad de la situación que vive Chile exige actuar con urgencia, dejando de lado las pequeñeces y destacó la necesidad de empezar por concretar el acuerdo de paz.
“Sin paz y con un país que sufre la violencia que hemos sufrido las últimas semanas, el acuerdo por la justicia y el acuerdo por la nueva Constitución no van a poder avanzar ni llegar a buen puerto”, advirtió.
La ola de protestas que vive Chile se inició el pasado 18 de octubre, a raíz de un aumento del precio de los billetes del Metro de Santiago. Sin embargo, pronto se convirtió en un fenómeno de alcance nacional para exigir una mayor equidad social.
Aunque la mayor parte de las manifestaciones han sido pacíficas, la violencia se ha desbordado en muchos casos, derivando en la muerte de al menos 20 personas, miles de detenidos y centenares de millones de dólares en pérdidas materiales.
Este martes, Piñera anunció que había ordenado al ministerio de Interior para que presente querellas en contra de quienes “han incitado, promovido, fomentado o que han participado en la comisión de los graves delitos que hemos conocido durante estas jornadas”.
“Igual como no toleramos ninguna violación a los derechos humanos, tampoco toleramos ninguna impunidad”, afirmó.