Mi niño, te extraño mucho. Pido a Dios fuerzas para llegar hasta al final, cuando castiguen a tus asesinos”. Francisca Machado le habla a su hijo, al que le mataron el 20 de abril de 2018. Lo visita seguido en el cementerio San Francisco de Asís de Estelí. Vuelve a hablarle: “Tenemos claro que no vamos a tener justicia hasta que cambie este gobierno”, le dice.
Las madres de abril saben que mientras Daniel Ortega esté en el poder no habrá justicia para sus hijos porque lejos de investigar los asesinatos, el régimen aprobó la Ley de Amnistía el pasado 8 de junio. Conocida también como Ley de autoamnistía que pretende dejar impune los delitos cometidos por el régimen durante la represión a las protestas.
Franco Valdivia era un universitario y lo mataron durante los primeros días de las protestas en contra del régimen orteguista. Su muerte es una de las 109 muertes investigadas por el Grupo Interdisciplinaria de Expertos Independientes (GIEI) durante su estadía en Nicaragua entre julio y diciembre de 2018.
El clamor de justicia sobre las tumbas de abril en Nicaragua
Su asesinato se hizo viral en redes sociales porque los agresores se ensañaron con su cadáver: lo arrastraron por más de una cuadra y un día después civiles lavaron la sangre de la escena del crimen en un intento por borrar las evidencias. “El 21 de abril de 2018, mediante un video se observó a gente de civil limpiando el lugar, lo que constituyó un accionar que alteró la escena del crimen y obstaculizó seriamente la posibilidad de identificar y recoger evidencias fundamentales para el esclarecimiento del caso”, dice el informe del GIEI.
El último escrito que interpuso Machado ante la Fiscalía fue el 11 de julio de 2018. “Nunca me dieron respuesta. Entonces no he vuelto a presentar. La Fiscalía es de este mismo gobierno y no harán nada”.
La ansiedad por obtener justicia, dice, no la deja superar el duelo y ni siquiera entrar al cuarto que era de su hijo. “Me hace falta llegar a la verdad y la justicia, que los responsables sean castigados. Creo que eso me da más impotencia saber que los asesinos de mi hijo andan libres y las autoridades no les interesa investigar”, confiesa.
Inaudita manipulación de Fiscalía y Policía en casos de asesinatos políticos en Nicaragua
Lo mismo siente, Paula Hernández Pérez, mamá de Maycol González, de 34 años, asesinado el 30 de mayo de 2018, mientras participaba en la Marcha del Día de las Madres. “Sabemos que fue la Policía, todas las madres culpamos al gobierno, fue el asesino de nuestros hijos porque dio la orden. No podemos esperar nada de la Policía y la Fiscalía, porque son los mismos. Me duele que no hay justicia”, asegura Hernández.
Se necesita Fiscalía Especial
El exfiscal departamental Boanerge Fornos asegura que el Ministerio Público ha omitido su función de investigar, perseguir delitos y ejercer la representación de las víctimas de la violencia estatal y paraestatal contrario a la severidad, abuso y exceso en el ejercicio de la acción penal contra las personas que fueron criminalizadas por ejercer su derecho constitucional a manifestarse.
Esta situación ha generado desconfianza y falta de credibilidad en la Policía, Fiscalía y Poder Judicial en Nicaragua, por lo que los abogados de Acción Penal, quienes han representado a presos políticos y a víctimas de represión estatal, proponen tres alternativas para buscar una solución legal a la falta de credibilidad en la justicia penal actual y es la asignación de fiscales especiales, crear una Fiscalía Especial o bien crear un órgano independiente internacional.
En el marco del contexto de la crisis sociopolítica ha habido una erosión en la credibilidad de estas instituciones y nadie les cree en la labor que hacen. Para superar esta situación se requiere la creación de unidades de investigación y persecución que sean independientes y que tengan credibilidad”, dice Fornos.
Según el coordinador de Acción Penal, existe un marco legal nacional e internacional que sustenta la creación de cualquiera de estos órganos, pero debe aplicarse en un período de transición o cambio de gobierno.
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Este nuevo órgano a crear sería el encargado de investigar, formular acusaciones y sostener las acusaciones en cada una de las etapas del proceso (Primera Instancia, Apelación y Recurso Extraordinario de Casación) cuando exista prueba y esté identificado el autor de los hechos acusados, respetando los derechos y garantías del debido proceso de las personas que sean investigadas y acusadas por los hechos delictivos ocurridos durante este período de crisis sociopolítica.
Límites de cada alternativa
Fornos explica que la limitantes de nombrar fiscales especiales es que deben ser nombrados por el fiscal general y en este contexto no servirían porque la actual fiscal general Ana Julia Guido está plegada al régimen orteguista y se quedaría en lo mismo.
Mientras la Fiscalía Especial necesita la aprobación de una Ley Especial para su aprobación y ahorita la Asamblea Nacional está controlada por el oficialismo. Mientras el Órgano Independiente internacional debe ser creado de común acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Cualquier alternativa elegida debe crearse en otro contexto con un nuevo gobierno democrático”, dice Fornos.
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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre Nicaragua también propone la creación de una Fiscalía Especial en su recomendación número 20 . “Con la finalidad de recuperar la confianza y la credibilidad del Ministerio Publico, y garantizar a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto una investigación pronta, independiente e imparcial de los hechos violentos ocurridos en el periodo comprendido entre el 18 de abril y 30 de mayo, así como los ocurridos con posterioridad, se recomienda con urgencia la creación de una Fiscalía Especial, integrada por miembros debidamente seleccionados por sus calidades personales y profesionales y por el reconocimiento de su autonomía e independencia…”, se lee en el informe.
Para la designación de Fiscales Especiales o Fiscalía Especial se debe tomar en cuenta las Directrices sobre la función de los fiscales establecidos en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, específicamente las relacionadas a su calificación, selección e ingreso, de tal forma que las personas designadas como fiscales especiales sean personas probas e idóneas, con formación y calificaciones adecuadas, sugiere Fornos.
Funcionarios tienen responsabilidades
Los funcionarios públicos que han contribuido a la impunidad de los crímenes ocurridos en el contexto de las protestas tienen responsabilidades penales y administrativas, explica Fornos. “Es una investigación la que debe determinar en qué grado, pero definitivamente aquí hay responsabilidades y deben investigarse y procesarse, según la responsabilidad”, dice.
Entre los delitos cometidos por funcionarios públicos están: incumplimiento de deberes, omisión del deber de perseguir delitos, entre otros.