Bolivia busca concretar elecciones para frenar la crisis

Según informó AFP, manifestantes afines a Morales bloquearon rutas y chocaron con la policía antimotines este lunes para exigir la salida de la mandataria interina Jeanine Añez

Un partidario del expresidente de Bolivia, Evo Morales, se arrodilla y hace gestos frente a miembros de las fuerzas de seguridad, durante una manifestación en Cochabamba, Bolivia, el lunes. VOA/REUTERS

Ante las trabas en el diálogo con legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales, surgen más pedidos para agilizar la convocatoria a nuevas elecciones en Bolivia.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, aseguró que en 2005 cuando quedó al mando del país por sucesión logró aprobar varias reformas constitucionales y legales para posibilitar elecciones.

En tanto, el candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa planteó una ley para convocar a comicios de manera inmediata.

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“Nuestra propuesta es que a través de una ley se haga una convocatoria inmediata al proceso electoral (…). Está en manos del Movimiento Al Socialismo, en la Asamblea Legislativa aprobar una ley, producto de un acuerdo nacional que convoque a esas elecciones”, señaló.

Violentas manifestaciones

Según informó AFP, manifestantes afines a Morales bloquearon rutas y chocaron con la policía antimotines este lunes para exigir la salida de la mandataria interina Jeanine Añez, en momentos en que la Iglesia católica encabeza un diálogo para convocar elecciones y pacificar Bolivia.

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La policía informó del fallecimiento de un agente luego de varios días de agonía, tras haber sido golpeado por una turba en la toma de un recinto policial la semana pasada en El Alto, lo que eleva a 24 el número de muertos en casi un mes de confrontaciones.

En medio de una creciente oleada de protestas contra el gobierno interino, el rector de universidad estatal de La Paz, Waldo Albarracín, líder del colectivo Conade que es contrario a Morales, convocó para el martes a una marcha en defensa de Añez y de la “pacificación nacional”.

La manifestación de este lunes fue repelida con gases lacrimógenos a la entrada de Cochabamba.

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En La Paz, miles de campesinos manifestaron también en el centro de la ciudad, que intentaba lentamente retomar la normalidad. Mientras la plaza Murillo, donde están las oficinas presidenciales, sigue resguardada por las fuerzas policiales.

El gobierno de Añez debe ponerse de acuerdo con el MAS, mayoritario en el Congreso, para elegir a seis de los siete titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y convocar la votación. Los anteriores miembros de esa institución están en prisión preventiva por irregularidades en las presidenciales de octubre.

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Pero si fracasaran las negociaciones con la oposición el gobierno estudia la posibilidad de convocar “de manera inmediata” a elecciones “a través de algún otro instrumento legal”, dijo el Ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.

Preocupación por violencia

En el marco de las investigaciones, un informe forense dio a conocer que los nueve cocaleros que murieron en un enfrentamiento con policías y militares el viernes en Cochabamba, tenían disparos de “armas largas”, aunque aún no se determinó el calibre de las armas.

El fiscal general del Estado Juan Lanchipa brindó este informe:​“El calibre de los proyectiles que había ocasionado el deceso está siendo analizado por balística”.

Aún en Cochabamba persisten las movilizaciones de grupos que respaldan a Morales y exigen la renuncia de Añez.

Mientras tanto, el gobierno de transición implementó un plan de emergencia para el departamento de La Paz debido a los bloqueos, que ocasionaron desabastecimiento de combustible y alimentos.

El ministro de Gobierno (interior), Arturo Murillo, inyectó más tensión a la situación general este lunes al denunciar, sin aportar pruebas, que “un grupo criminal quiere atentar contra la presidenta” Añez, quien, dijo, tuvo que abortar un viaje al interior del país.

“Está en peligro su vida”. “Hay gente, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana, metida en esto, está el narcotráfico por detrás”, señaló.

“En lugar de pacificación”, las nuevas autoridades “ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado”, escribió Morales en Twitter, desde México.

Amnistía Internacional por su lado pidió derogar un decreto del gobierno interino que exime de responsabilidad al personal militar que participa en el restablecimiento del orden interno y que había sido denunciado por Morales y la CIDH.

El gobierno de transición destinó también un presupuesto adicional de 4,8 millones de dólares para tales fines.

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