Informe de la Comisión especial de la OEA concluye que hay «una alteración del orden constitucional» en Nicaragua

La Comisión en su informe recomienda que se convoque inmediatamente a una sesión especial de la Asamblea General de la OEA para analizar la situación

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La comisión de alto nivel de la OEA conversó ampliamente con la delegación de los opositores de la Alianza Cívica y la UNAB. LA PRENSA/ TOMADO DE REDES SOCIALES

La Comisión de Alto nivel diplomático de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha concluido en su informe que en Nicaragua hay «una alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático» debido a la serie de violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ante esta grave situación, recomienda que se convoque  forma «inmediata» a una sesión especial de la Asamblea General de la OEA para que revise el informe y se adopten decisiones.

«La Comisión opina que las acciones que el Gobierno de Nicaragua ha emprendido o permitido desde abril de 2018 muestran discrepancia con los derechos y garantías protegidos por la Constitución de 1987 y que ello da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se establece en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana», resalta el informe.

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En las trece páginas del documento en su versión en español, la Comisión detalla los testimonios recibidos por parte de las víctimas de la represión y se enfatiza en que los funcionarios del régimen Ortega y Murillo se negaron a dialogar con los delegados de la OEA.

Ha logrado constatar la Comisión diplomática el control de todos los poderes estatales a los intereses de los dictadores que se han mantenido en el poder desde el 2007, una situación que aleja al país de ser un estado de democrático.

«Los mecanismos de control y subordinación que el Gobierno de Nicaragua ha venido desarrollando hacia los demás poderes del Estado, incluidos los poderes Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral, entre otros, hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho», resalta entre sus conclusiones el informe del órgano especial de la OEA.

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Se señala que para el restablecimiento del sistema democrático en el país «resultan imprescindibles y urgentes las necesarias reformas institucionales, comenzando por una reforma integral del sistema electoral que permita la celebración de elecciones justas, libres y transparentes en el país, con ajuste a los estándares interamericanos».

Dictadura de Daniel Ortega
Rosario Murillo y Daniel Ortega, dictadores de Nicaragua, amenazaron con muerte y violencia al pueblo nicaragüense. LA PRENSA/TOMADO DE PRESIDENCIA

Ortega lleva más de doce años consecutivos en el poder al imponer su reelección en 2011 y 2016 en proceso que la oposición y organismos internacionales han denunciado de fraudulento. En 2011 el dictador Ortega fue candidato a la Presidencia a pesar de que la Constitución prohibía la reelección, lo que fue allanado por la Corte Suprema de Justicia en un fallo en el que declaró inconstitucional el artículo que prohibía la reelección presidencial. En 2014 los diputados orteguistas que controlan la Asamblea Nacional reformaron la Constitución y eliminaron la prohibición de la reelección dejando el camino a Ortega para ser candidato nuevamente en 2016 donde un Consejo Supremo Electoral (CSE) que responde al régimen lo designó ganador otra vez.

«La Comisión observa que tales elementos esenciales de la democracia representativa como el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, así como la separación e independencia de los poderes se encuentran ausentes en la actualidad en Nicaragua, vulnerando con ello el derecho a la democracia que tiene el pueblo nicaragüense y violando la obligación de promoverla y defenderla que tiene el Gobierno de Nicaragua» y que se recoge en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, refiere en parte de sus conclusiones la Comisión.

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Patrón para coartar derechos

La Comisión de Alto nivel en su informe sobre la situación de Nicaragua hace una radiografía de todos los abusos cometidos por el régimen orteguista concluyendo que las autoridades no están dispuestos a pacificar el país al mantener la represión de la Policía, parapolicías y turbas orteguistas contra los sectores de la sociedad civil, empresarios, campesinos, estudiantes, políticos opositores así como contra la Iglesia católica y los medios de comunicación independientes.

«El Gobierno de ese país ha mostrado un patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de sus ciudadanos, por ejemplo: hostigamiento e intimidación constantes, restricciones a los derechos políticos, a libertad de prensa, a libertad de expresión, al derecho a la libertad personal y el trato humano», expone el informe sobre la situación en Nicaragua que está disponible en el sitio web de la OEA.

En base a los testimonios obtenidos por las víctimas de la represión, organismos defensores de derechos humanos y representantes de diversos sectores y de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «queda en claro que Nicaragua vive una crítica situación en materia de derechos humanos que requiere la urgente atención de la comunidad interamericana e internacional en su conjunto«.

«La falta de libertades en el país es grave, pues genera una situación crítica en lo que respecta a las libertades civiles y políticas, que deben ser restablecidas a fin de restablecer el Estado de derecho. El restablecimiento de las libertades en el país, como las cercenadas libertades civiles y políticas, resulta urgente», recoge el documento.

Una vez más se ha instado al régimen ha respetar la libertad de expresión, de reunión, de manifestación y el derecho a protestar.

«Sin justicia no hay paz»

La CIDH ha documentado el asesinato de 328 personas producto de la represión de las fuerzas gubernamentales contra las protestas iniciadas en abril del 2018. Se han denunciado las detenciones ilegales de manifestantes, torturas, violaciones y otra serie de vejámenes cometidos en cárceles clandestinas y en los sistemas carcelarios del régimen.

Esos crímenes siguen en la impunidad ya que la dictadura Ortega y Murillo aprobó, a través de sus diputados en la Asamblea Nacional, una Ley de Amnistía o de autoamnistía para proteger a los parapolicías, la Policía y los simpatizantes orteguistas.  Con esa Ley fueron excarcelados más de 700 presos políticos hasta julio pasado, pero la mayoría sigue sufriendo el asedio y hostigamiento de los grupos de choque y la Policía Orteguista (PO).

En las cárceles aún permanecen más de 150 presos políticos por participar en las protestas, según registros de la opositora Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UBAN).

La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas han denunciado en sus respectivos informes que los crímenes cometidos en Nicaragua son de delitos de lesa humanidad demandando que sean investigados por órganos independientes y de credibilidad, esto por la demostrada partidarización del Ministerio Público, los jueces y todo el sistema judicial de victimizar a los policías y a las turbas orteguistas mientras han criminalizado a los protestantes al someterlos a procesos y condenas ilegales.

Para la Comisión de Alto  nivel de la OEA «resulta imperativo» que en Nicaragua se generen las condiciones «que garanticen el cese de las violaciones a los derechos humanos, cerciorándose de que no se repitan y brindando justicia y reparación a las víctimas». «Sin ello resultará imposible devolver la paz y la estabilidad que el país y los nicaragüenses merecen», se afirma.

Las constantes violaciones a los derechos humanos al pueblo por parte de las fuerzas orteguistas socavan la democracia, sostiene el informe de la OEA sobre el que la Asamblea General de cancilleres de los estados  miembros del foro hemisférico, una vez se celebre, deberán decidir qué acciones adoptarán para elevar la presión contra el régimen Ortega y Murillo.

«Las acciones que ha tomado o permitido el Gobierno de Nicaragua, lo que incluye las numerosas y graves violaciones de derechos humanos —documentadas por la CIDH, otras partes y que constan en los testimonios presentados a la Comisión— contravienen claramente la Constitución de ese país promulgada en 1987 y los principios fundamentales de democracia que afirma proteger», es parte de lo que recoge el informe de la Comisión diplomática.

Recomendaciones

La Comisión reitera en su informe «la urgente necesidad del regreso» a Nicaragua del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH y del equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), ambos expulsados por la dictadura en diciembre pasado por sus demoledores reportes que documentan los crímenes contra los ciudadanos.

Entre las recomendaciones de la Comisión diplomática están que el Consejo Permanente «declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua», sugiriendo que «convoque inmediatamente un período extraordinario de sesiones de la Asamblea general para examinar esta cuestión».

Así mismo se plantea la importancia de que debe priorizarse la aplicación del acuerdo firmado por el régimen de Ortega con la OEA en 2017 para realizar cambios en el sistema político y electoral del país con el fin de que los procesos electorales nicaragüenses sean libres y transparentes.

«La Comisión opina que debe darse prioridad a la aplicación de este acuerdo y que deben hacerse esfuerzos para explorar medidas que garanticen la independencia de las autoridades electorales, que permitan la observación electoral internacional y que garanticen el registro libre y transparente de partidos políticos», es parte de la recomendación en ese punto.

Almagro respalda informe

El secretario general del organismo, Luis Almagro, se ha pronunciado en sus redes sociales diciendo que «apoyamos las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión de alto nivel» sobre Nicaragua.

El mandato de la comisión de la OEA era entregar un informe sobre la situación de Nicaragua en un plazo máximo de 75 días, los cuales se comenzaron a contar a partir de la creación de dicha comisión el pasado 28 de agosto. El plazo venció el 11 de noviembre pasado, sin embargo se ha retrasado  debido a que el organismo hemisférico ha tenido que atender las crisis sociales que han estallado en Ecuador, Chile y Bolivia en las últimas semanas.

La dictadura de Ortega y Murillo está enfrentada con la OEA acusándola de «injerencismo en los asuntos internos» del país como excusa para prohibir el ingreso a Nicaragua de la Comisión especial conformada cuya misión era ayudar a encontrar una salida pacífica a la grave crisis sociopolítica desde abril del 2018.

Los miembro de la comisión son Elisa Ruiz Díaz Bareiro, representante permanente de Paraguay en la OEA; Leopoldo Francisco Sahores, subsecretario de Asuntos de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina; Sebastien Sigouin, director de Asuntos Globales de Canadá para Centroamérica, Cuba y República Dominicana; Carlos Trujillo, representante permanente de los Estados Unidos ante la OEA, y Audrey Marks, representante permanente de Jamaica ante el organismo.

A esos cinco delegados junto al jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Gonzalo Koncke, y al oficial de prensa de la organización, Pablo Sandino Martínez el régimen no les permitiría ingresar al país en septiembre pasado, cuando tenían previsto reunirse con diversos sectores de la sociedad así como del Ejecutivo.

En el informe se denuncia la negativa del régimen de reunirse con los miembros de esa Comisión, «que fue creada debidamente por la Asamblea General como un brazo diplomático». Además de prohibir a través de la Dirección de Migración y Extranjería el ingreso a Nicaragua a los diplomáticos, los funcionarios del régimen rechazaron incluso conversar sobre la crisis y en la forma en la que la OEA pueda ayudar a superarla.

«Varios miembros de la Comisión procuraron conversar sobre la situación con los representantes de Nicaragua ante la OEA, pero los diplomáticos nicaragüenses rechazaron cualquier tipo de diálogo sobre el tema», sostiene la Comisión en su reporte.

A pesar de impedírseles entrar al país, los delegados se reunieron con distintos sectores nicaragüenses en Washington, DC, en Estados Unidos y en El Salvador donde pidieron «escuchar los testimonios de varias víctimas y partes interesadas, quienes validaron la información que ya habían proporcionado entidades internacionales independientes» sobre la crisis.

Consejo Permanente lo conocerá la próxima semana

El informe final sobre la situación en Nicaragua sería presentado al consejo permanente de la OEA el próximo lunes 25 de noviembre, según se les ha informado a la Alianza Cívica, dijo José Pallais uno de los miembros de la agrupación opositora.

La expectativa, según Pallais, es que este informe de la Comisión de la OEA sirva de «prueba contundente» de que los dictadores Ortega y Murillo no están dispuestos a que la crisis se solucione de forma dialogada y pacífica, sino que se incrementará la represión como forma de atornillarse en el poder.

Ortega ha elevado la represión contra los sectores de la sociedad civil, empresarios, campesinos, estudiantes y hasta religiosos que le demandan restablezca el diálogo, libere a los presos políticos y acepte reformas electorales que permitan elecciones libres, transparentes y observadas.

«La reunión (para que se presente el informe) sería el lunes 25 de noviembre, así se nos ha informado y esperamos así sea, si no pasa algo que haga cambiar a la OEA», dijo Pallais a LA PRENSA.

Para Pallais que finalmente se publicara el informe de la Comisión «es un avance importante en el proceso de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana» al régimen de Ortega y Murillo, que supondría la suspensión de Nicaragua como estado miembro del foro continental.

«El informe tiene dos puntos altamente positivos que son definitorios para concluir con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana» al régimen de Ortega, ya que se «se argumenta y defiende la procedencia de la aplicación» de la misma ante la ruptura del orden constitucional, afirmó Pallais.

De concretarse esa medida, el país no tendría acceso a la cooperación de los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se arriesga a que los demás gobiernos corten relaciones diplomáticas o suspendan su ayuda económica bilateral.

El siguiente paso de la Alianza Cívica «es potenciar el lobby (en la OEA) para tratar de asegurar que se promueva alguna resolución» con decisiones claras por parte de la Asamblea General, la que debería reunirse en días posteriores a que sea expuesto el informe.

Para que se aplique en el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana se necesitan 24 votos de los 34 Estados miembros. Lo máximo que se han logrado para apoyar las resoluciones adoptadas en la OEA por la crisis nicaragüenses en donde se han condenado el actuar represivo del régimen han sido el voto de veinte gobiernos.

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